19/09/2024 21:42
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La ley de protección de la infancia, aprobada por el parlamento húngaro el 15 de junio, ha desatado una de las mayores ofensivas contra el gobierno de Viktor Orbán. La nueva ley causó una ola de histerismo entre los burócratas de Bruselas y una reacción inmediata de la Comisaría Vera Jourova, que lleva mucho tiempo afilando los cuchillos contra Hungría y Polonia, que avanzó el día 22 que estaban preparando un expediente sancionador contra Hungría. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que calificó de “vergüenza” la nueva ley por prohibir charlas sobre homosexualidad en las escuelas húngaras, afirmó que usaría “todo el poder de la Comisión” para proteger los derechos fundamentales de los europeos en este país. Al parecer, las charlas LGBT para niños son un derecho fundamental. Pero la reacción más exagerada fue la del primer ministro de los Países Bajos y buen amigo de la familia Soros, Mark Rutte, que declaró que había que poner a los húngaros de rodillas. Por parte húngara, la ministra de Justicia Judit Varga respondió en una entrevista en Radio Kossuth que “la Comisión Europea, con el apoyo del Parlamento Europeo, quiere que Hungría permita a los activistas y organizaciones LGBTQ entrar en las guarderías y escuelas, pero Hungría no quiere eso”, y recalcó que la ley no viola ninguna norma europea. Sin embargo, da igual lo que dijeran los húngaros o lo escrito en la ley, porque la caza de brujas ya había comenzado.

Mark Rutte y Alexander Soros

Por supuesto, la campaña recibió el apoyo entusiasta de los grandes medios de comunicación que tardaron muy poco en denominar a la ley húngara de protección de la infancia como “ley homófoba”. En esto hay que destacar el papel de una de las organizaciones de Soros, la Unión por las Libertades Civiles de Europa (Civil Liberties Union for Europe), una ONG que promueve las libertades civiles en la Unión Europea. En su página web, Liberties, Israel Butler y Valentin Toth publicaron un artículo el 15 de junio en la sección de “Capacitación” en el que señalaban que era un error hablar de ley contra la pedofilia. Los autores aconsejan que “los periodistas y activistas se detengan un momento y piensen en las palabras que usan en sus cuentas y campañas”, es decir, aleccionan a los periodistas sobre qué frases utilizar para informar sobre la ley húngara y para no llamar a la ley por su nombre. Tres días después el canal de noticias hvg.hu comenzó a denominar la ley como una “ley homófoba”, mencionando este término en nueve artículos en el espacio de 26 horas, posteriormente otros periódicos liberales comenzaron a hacer lo mismo. 

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Por su parte, Reporteros sin Fronteras (RSF) añadió al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a su lista de jefes de gobierno “depredadores” de la libertad de prensa, un pequeño grupo del que forman parte Jair Bolsonaro, el bielorruso Alexander Lukashenko, Nicolás Maduró y Vladimir Putin. Respecto al ranking de libertad de prensa de 2021, RSF sitúa a Hungría en el puesto 92, por debajo de Haiti o Lesotho, aunque mejor que Mauritania o Guinea Bissau. Ante esta nueva campaña de desprestigio, Judit Varga señaló que la “Soros ‘ex machina’ ha vuelto a entrar en acción” y recordó las enormes donaciones de las fundaciones de Soros a RSF.

Una mentira repetida mil veces no es una verdad, y la verdad es que en Hungría hay muchos medios de comunicación hostiles al gobierno y que no existe ninguna censura, algo de lo que no pueden presumir en la Unión Europea. En junio el gobierno húngaro decidió pagar un anuncio en distintos periódicos y medios digitales europeos de siete puntos clave para el futuro de la Unión Europea. Algunos, como el ABC, no tuvieron ningún problema con la campaña publicitaria, pero 20 empresas de medios se negaron a publicarlo. Cinco ni siquiera justificaron su decisión y el resto aludieron a “decisiones editoriales”. Otro ejemplo es la de la página POLITICO Europe, que se negó a publicar un artículo de opinión de Judit Varga sobre la ley de protección de la infancia.  

En el interior, las organizaciones LGBT húngaras como la Asociación de Lesbianas Labrisz (Labrisz Leszbikus Egyesület), Háttér Társaság, Budapest Pride, la Asociación Transgénero Transvanilla o la Asociación LGBTQ húngara, están financiadas por la red de Soros. El portal húngaro Origo ha recopilado el dinero, que ha ido en aumento durante los últimos años, que la Open Society Foundation (OSF) ha inyectado en estas asociaciones: Labrisz recibió 11 millones de florines en 2019, 25 millones de florines fueron entregados a Háttér Társaság y 6 millones de florines para Budapest Pride. Además de pagar sus sueldos, este dinero se utiliza para promover la ideología de género. Un buen ejemplo es el libro de cuentos para niños “La tierra de cuento de hadas es para todos” publicado en septiembre de 2020 por la Asociación de Lesbianas Labrisz. Un libro de cuentos homosexuales para niños que, de acuerdo con el “Informe anual 2020” de la propia asociación, fue editado, corregido y promocionado con alrededor de 4,1 millones de florines pagados por la OSF. El libro, que con la nueva ley aprobada en Hungría no podría haber visto la luz, estaba pensado según el subtítulo original para “planes de actividades para maestros de preescolar y de escuela primaria”. Esto se cambió posteriormente por “planes de actividades para maestros”, omitiendo el grupo de edad preescolar ante la enorme polémica que suscitó. Además de manifestaciones de protesta, toda clase de grupos y publicaciones, como Élet és Irodalom (Vida y Literatura) calificaron el libro de “vergonzoso”. 

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Donaciones de Soros al movimiento LGBT húngaro

Este libro ha sido la base de uno de los dos procedimientos de infracción presentados por Bruselas contra Hungría el pasado jueves. El primero, que también incluye a Polonia, se refiere a la supuesta violación de derechos al “colectivo LGBT”, pero el segundo se centra en que el libro está obligado a indicar que “presenta comportamientos que se desvían de los roles de género tradicionales” y que esto viola la libertad de expresión e incluso la directiva sobre prácticas comerciales desleales. Estos procedimientos tendrán que resolverse en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en un proceso que podría llevar años, pero lo cierto es que, como bien señalan desde Hungría, esta medida es competencia de los Estados miembros y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE establece que sólo los padres tienen derecho a determinar la educación de sus hijos. Entretanto, se seguirá desarrollando esta campaña, una ofensiva más contra Hungría, y en menor medida contra Polonia, dentro de la particular guerra de Bruselas contra los países que se niegan a entregar su soberanía y a aceptar el rodillo ideológico globalista. Una guerra en la que la red de Soros es fundamental: influyendo o dirigiendo los medios, utilizando los grupos de la “sociedad civil” para denunciar y presentar pruebas acusatorias, y por su enorme influencia dentro de la Comisión y la Justicia Europea. El Parlamento Europeo ya ha pedido congelar los fondos prometidos desde la UE hasta que los húngaros den su brazo a torcer, pero la Comisión aún no tiene los medios para poder llevar a cabo esta amenaza. Por tanto, la ofensiva seguirá en los medios y en las declaraciones políticas, e irá en aumento conforme se aproximen las elecciones húngaras que tendrán lugar en menos de un año. Sólo cabe esperar que esta vez, como en todas las ocasiones anteriores, húngaros y polacos se sigan manteniendo firmes.

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Álvaro Peñas