22/11/2024 00:34
Getting your Trinity Audio player ready...

Hace pocos días que se ha producido el asesinato de un niño de nueve años llamado Alex en Lardero.

El presunto asesino es Francisco Javier Almeida López de Castro de 54 años de edad.

Dicho sujeto cumplía condena por violación y asesinato de una mujer en 1998 y estaba en libertad provisional pendiente de completar su condena.

Anteriormente fue condenado a siete años de prisión por otra violación cometida en 1993.

Pensemos por un momento y apliquemos el sentido común.

¿Podría haberse evitado el asesinato de Alex?

La puesta en libertad condicional de este depredador sexual se produjo con la oposición la Junta de Tratamiento Penitenciario de la cárcel donde cumplía condena, que es el órgano a quien corresponde clasificar a los internos en los distintos grados e informar sobre sus avances o retrocesos.

El asesino, ya había solicitado la libertad condicional en 2017. Entonces, también con el informe desfavorable de la Junta de Tratamiento Penitenciario, no se le concedió.

Porqué en 2020 sí y en 2017 no ¿Qué cambió cuando el informe de la Junta de Tratamiento Penitenciario  seguía siendo negativo a la libertad provisional?

La respuesta es sencilla, el nombramiento de Ángel Luis Ortiz González como Secretario General de Instituciones Penitenciarias dependiente de Marlaska con un salario anual de 137.542,66 € según el portal Transparentia Newtral.

Este salvaje crimen quizás, se hubiera podido evitar si los responsables de decidir la puesta en libertad condicional de individuos como este depredador sexual, asumieran las consecuencias de sus decisiones y más con el informe en contra de la Junta de Tratamiento Penitenciario correspondiente.

LEER MÁS:  España concede pensiones vitalicias a los presidentes que arruinan el país. Por Ramiro Grau Morancho

Si sus decisiones tuvieran grandes consecuencias económicas o incluso penales probablemente no tomarían las decisiones que toman tan a la ligera.

¿Verdad Sr. Don Ángel Luis Ortiz González?

¿Porqué a los médicos se les puede demandar por negligencia, y a las personas nombradas por los políticos no?

Se lo diré, son casta privilegiada. Qué vergüenza, jugar con la vida de seres inocentes tan a la ligera.

Autor

REDACCIÓN