03/05/2024 20:28
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Suele señalarse la publicación en 1532 de “El Príncipe”, obra del político y escritor italiano Nicolás Maquiavelo, como el punto de partida de la política moderna. Tal reflexión conlleva no ya una cierta desazón sino un franco repudio, ya que en dicho libro el afamado escritor florentino vierte una catarata de recomendaciones que debe seguir todo dirigente político cuyo principal objetivo sea mantenerse en el poder a toda costa, independientemente del grado de inmoralidad y crueldad que su conducta acarree. Así, señala Maquiavelo que “es necesario (…) tener habilidad para fingir y disimular. Los hombres son tan simples, y se sujetan en tanto grado a la necesidad, que el engaño con arte halla siempre gentes que se dejan engañar”. A la vista de tal aserto cabe presumir que Pedro Sánchez, habiendo leído algún resumen de la obra, realizado por alguno de sus mamporreros habituales, haya decidido seguir al pie de la letra los maquiavélicos consejos, ya que si de algo puede blasonar nuestro ínclito presidente es haber convertido la mentira en indeleble seña de identidad. Sin embargo, P. Sánchez ha resultado a la postre ser un deficiente epígono de Maquiavelo, ya que parece ignorar que “Los actos de severidad mal usados son aquellos que (…) van siempre aumentando y se multiplican de día en día, en vez de disminuirse y de mirar a su fin”. Así, rememorando lo que ya hizo en la anterior campaña electoral, el psicópata monclovita se ha lanzado de lleno a ensartar una mentira detrás de otra, con la esperanza, confiemos que vana, de dar un vuelco a las encuestas.

De esta forma, demostrando que sitúa sus intereses electorales por encima de la verdad, P. Sánchez ha prometido que 50.000 viviendas de la Sareb se ofertarán a la población en régimen de alquiler social. Sin embargo, todo parece indicar que es ésta una nueva promesa que acabará siendo incumplida por P. Sánchez, ya que 14.000 viviendas de las ofertadas ya están ocupadas, otras 12.000 necesitan ser rehabilitadas y, finalmente, 15.000 son meros proyectos sobre suelo edificable, de tal forma que solo quedarían realmente disponibles 9.000 inmuebles, tal y como ha reconocido la propia vicepresidenta 1ª del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño. En consecuencia, estamos ante una nueva muestra de la tendencia innata de P. Sánchez a recurrir, sin escrúpulo alguno, a la tergiversación de la realidad, siempre que ello le proporcione algún tipo de beneficio personal. No satisfecho con tamaña falsedad, P. Sánchez, definitivamente devenido en consumado mercachifle, ha anunciado a bombo y platillo que financiará 43.000 viviendas más destinadas al alquiler en condiciones asequibles, empleando para ello, a través del ICO, 4.000 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos. Evidentemente, cabe dudar de la realización de dichas viviendas, dado que las promesas de P. Sánchez son tan solo palabras que vuelan con el viento, pero, incluso en el caso de hacerse efectiva su construcción, estamos hablando de un proyecto a 3 o 4 años vista, con lo que a corto plazo todo ello no viene a ser otra cosa que una ensoñación de una noche de verano. Sea como fuere, lo que sí es una realidad incontestable es que P. Sánchez durante sus 5 años al frente del Gobierno de España no ha impulsado la construcción de una sola vivienda social, lo cual viene a demostrar fehacientemente que sus actuales promesas no responden a la intención de solucionar el problema de la vivienda que padecen miles de españoles, sino que están exclusivamente orientadas a la captación de votos para las próximas elecciones autonómicas y municipales.

A su vez, en otro orden de cosas, tras la aprobación en el Parlamento andaluz, con el apoyo del PP y Vox, de la “Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva” (PL), la izquierda andaluza ha reaccionado de manera furibunda sacando a la palestra la bandera del ecologismo, eso sí, después de alterar burdamente lo contemplado en dicha PL. Pero, antes de entrar en materia específica, vayamos por partes. Así, cabe señalar que, como consecuencia de la nefasta gestión llevada a cabo en Andalucía, durante más de 40 años, por parte del corrupto Gobierno socialista, el Parque Natural de Doñana se encuentra en la actualidad en una situación crítica, ya que el 19% de sus humedales han desaparecido, lo cual constituye un desastre ecológico sin paliativos. A su vez, el Gobierno socialista andaluz estableció en 2014 el “Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana”, en virtud del cual, en base a una fotografía realizada en el verano de 2004, se determinó cual era el suelo agrícola de la zona, sin tener en cuenta que en ese momento muchos agricultores habían levantado sus plásticos ya que la época de cultivo había finalizado, razón por la cual sus tierras pasaron a ser consideradas como no aptas para uso agrario. Asimismo, en la actualidad hay más de 2.500 pozos que extraen ilegalmente agua de los acuíferos de Doñana ante la pasividad del Gobierno sanchista, el cual, en el colmo de la desfachatez, no ha hecho otra cosa que dedicar el 90% del Fondo Europeo de Desarrollo General para la conservación de Doñana en rehabilitar el Palacio de las Marismillas, esto es, una de las habituales residencias vacacionales de P. Sánchez y su familia. Por último, el Gobierno socialcomunista aprobó, en 2018, un plan que contemplaba la transferencia de recursos hídricos desde las cuencas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la cuenca del Guadalquivir, para así proporcionar al entorno de Doñana aguas superficiales que pudieran ser utilizadas para el regadío, evitándose de esta forma la explotación de los acuíferos del Parque Natural; pues bien, después de 5 años ni tan siquiera se han iniciado las obras que permitan dicho trasvase de agua, en una clara demostración de la negligente actuación de este Gobierno en materia ecológica.

Con la sana intención de dar respuesta a toda esta problemática la PL planteada por el PP y Vox supone la reordenación de las zonas agrícolas en el entorno de Doñana, reparando la injusta situación en la que se encuentra buena parte de los agricultores de la zona, si bien ello no conllevará en ningún caso ni bajo ningún pretexto la utilización de nuevas fuentes de agua subterránea de los acuíferos de Doñana. De hecho, la PL señala explícitamente que “el que el suelo sea calificado de apto para regadío no conlleva el derecho al uso del agua, solo se califica el suelo como agrícola. (…) Es por eso que la naturaleza de este plan es necesariamente de ordenación de territorio”. Además, la PL establece que “Solo llegando agua superficial se podrá proteger el parque y su acuífero”, añadiendo a continuación que “La supervivencia y conservación global del espacio natural pasa por la sustitución progresiva de derechos ya concedidos de agua subterránea por derechos de agua superficial”, lo cual es del todo factible si se realiza el mencionado trasvase. En definitiva, esta PL, además de la reordenación territorial, lo que pretende es evitar la extracción de agua de los acuíferos de Doñana, para garantizar así la conservación del Parque Natural. En consonancia con todo lo expuesto, parece evidente que P. Sánchez, a lomos de su portentosa capacidad para hacer el mal, ha iniciado una nueva y, como siempre, insidiosa campaña de promoción personal, que una vez más atenta contra la verdad mediante la manipulación de los hechos, esta vez con la excusa de la ecología.

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En cualquier caso y más allá de Doñana, lo que España necesita, dado que gran parte de su territorio está amenazado por la sequía, es el desarrollo de un Plan Hidrológico Nacional que permita trasvasar el agua desde aquellas regiones donde hay un excedente hídrico anual hasta aquellas otras donde existe un enorme déficit de dicho elemento, con la finalidad de preservar los distintos ecosistemas existentes a lo largo y ancho de nuestra geografía. Ser ecologista no significa de ninguna manera adherirse de forma inquebrantable a unas siglas políticas, sino que, muy por el contrario, requiere ser capaz de afrontar con independencia de criterio y solvencia científica el enorme desafío que supone la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

Autor

Rafael García Alonso
Rafael García Alonso
Rafael García Alonso.

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en Medicina Preventiva, Máster en Salud Pública y Máster en Psicología Médica.
Ha trabajado como Técnico de Salud Pública responsable de Programas y Cartera de Servicios en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria, llegando a desarrollar funciones de Asesor Técnico de la Subdirección General de Atención Primaria del Insalud. Actualmente desempeña labores asistenciales como Médico de Urgencias en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Ha impartido cursos de postgrado en relación con técnicas de investigación en la Escuela Nacional de Sanidad.
Autor del libro “Las Huellas de la evolución. Una historia en el límite del caos” y coautor del libro “Evaluación de Programas Sociales”, también ha publicado numerosos artículos de investigación clínica y planificación sanitaria en revistas de ámbito nacional e internacional.
Comenzó su andadura en El Correo de España y sigue haciéndolo en ÑTV España para defender la unidad de España y el Estado de Derecho ante la amenaza socialcomunista e independentista.
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