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Hubo un tiempo en que los obispos catalanes abominaban de la democracia liberal y la «libertad religiosa», porque entendían que la libertad religiosa siempre había sido entendida por la Iglesia como libertad solamente para la única religión verdadera que es la católica.
En las elecciones generales de 1876 en España, las primeras del periodo histórico de la Restauración de la monarquía borbónica liberal uno de los principales debates fue la libertad de cultos, que el nuevo gobierno del presidente del Gobierno, el liberal conservador Antonio Cánovas del Castillo, había introducido en la nueva Constitución española, promulgada en ese mismo año.
Los obispos españoles, todavía muy próximos al Carlismo, recordaron que la libertad de cultos, a la que llaman «libertad de perdición», estaba totalmente prohibida por la Doctrina de la Iglesia , por el Concilio Vaticano I y por el famoso documentos del «Syllabus» promulgado poco antes por el Papa Pío IX .
Singularmente los obispos catalanes recordaron todo ello en una carta pública a eclesiásticos y fieles, que recoge el historiador liberal de la época, Antonio Pirala en el tomo IV de su obra «Historia Contemporánea de España. Anales desde 1843 hasta la muerte de don Alfonso XII».
Por cierto, se trata de un documento redactado en castellano donde no se hace referencia a Cataluña sino en todo momento a los católicos españoles y a España, definida cómo «nuestra querida patria». La firmaban entre otros, el obispo de Barcelona, Joaquín Lluch, nacido en Manresa, quien posteriormente sería obispo de Sevilla y está enterrado en la capilla de San Laureano de la Catedral de Sevilla, el obispo de Gerona, Isidre Valls y el Arzobispo de Tarragona, Constantino Bonet.
Las elecciones registraron una amplia victoria del partido Liberal Conservador de Cánovas, gracias a los procedimientos de control desde el Gobierno, típicos de aquella época. Una época, en la que la gran mayoría de los españoles con derecho a voto, quizá más sabios que los españoles actuales, boicoteaban las elecciones y no votaban, incluso cuando se aprobó el sufragio universal.
La Iglesia aprobó la libertad religiosa un siglo más tarde, en el Concilio Vaticano II, que en este punto, como en lo referido a la retirada de las condenas al liberalismo y a la democracia, entre otros aspectos, entró en contradicción flagrante con la Doctrina Tradicional de la Iglesia.
Curiosamente desde que la libertad religiosa se aprobó en España, en 1967, cuando el Gobierno de Franco lo hizo, obligado por los Decretos del Concilio Vaticano II, el derrumbe de la religión católica en España, y de su influencia social que tradicionalmente había sido tan importante en nuestro país, fue rapidísimo, llegando a la situación actual, con las aberraciones que son de sobra conocidas.
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