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En casos excepcionales la historia demuestra que los márgenes eficaces de actuación contra la tiranía se satisfacen rompiendo los límites que permiten el abuso de un gobierno, en cuyo caso existe la legítima expectativa de enfrentarse al mal incluso rompiendo las reglas que previamente los que perjudican han quebrado. Ello explicaría la Revolución de los Claveles en Portugal, verbigracia. La otra vía es la paciencia de la legalidad y ceñirse escrupulosamente a los presupuestos fijados por la ley. Hoy nos ocupamos de ello.
La desatención institucional ante las llamadas de auxilio de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta y las advertencias de los servicios de inteligencia exige un análisis riguroso en el marco de la legalidad vigente. La protección de las fronteras nacionales no es una cuestión circunstancial, sino un deber imperativo de los poderes públicos para garantizar la seguridad nacional y la integridad territorial.
Cuando el Ejecutivo obvia las alertas de la inteligencia estatal y omite los cauces ordinarios de respuesta defensiva, el debate sobre la responsabilidad política y penal debe encauzarse estrictamente a través de las instituciones del Estado de Derecho. El artículo 102 de la Constitución Española articula el procedimiento para exigir la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno, encomendando su enjuiciamiento en exclusiva a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Asimismo, el texto constitucional delimita con absoluta precisión el papel de las Fuerzas Armadas (artículo 8) y de la Corona (artículo 62), señalando que la dirección de la defensa del Estado corresponde al Gobierno civil (artículo 97) bajo el posterior control parlamentario y judicial.
La constante contradicción entre el relato oficial y los informes operativos del CNI, el CIFAS, la Guardia Civil y la Policía Nacional, sumada a las llamadas de alerta del gobierno autonómico de Juan Vivas, dibuja un horizonte de quiebra en la seguridad nacional. Cuando las fuerzas de custodia de la frontera y los organismos de inteligencia desmienten en la práctica la pasividad institucional, la sospecha de una dilación intencionada adquiere una gravedad jurídica ineludible. La vulneración de los límites fronterizos y la prolongación calculada de esta crisis sitúan la actuación del desgobierno sanchista bajo el escrutinio de los mecanismos constitucionales diseñados para la protección de la integridad territorial.
Ante la expectativa fundada de un menoscabo a la soberanía, la depuración de responsabilidades no puede quedar relegada a la mera confrontación política, sino que debe conducirse por la vía procesal correspondiente. Corresponde al Poder Judicial, a través de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y previa articulación de los consensos parlamentarios requeridos por la Constitución, examinar si la omisión deliberada de los informes de inteligencia y el desacato a la alerta territorial constituyen un delito contra la seguridad del Estado. Frente a cualquier quiebra o inacción en la custodia de nuestras fronteras, la respuesta legítima exige activar todas las garantías legales y la aplicación estricta de la norma fundamental para impedir que intereses de parte comprometan la continuidad e indivisibilidad de la Nación.
Por su parte, Su Majestad el Rey ostenta, según el artículo 56.1 de la Constitución, la jefatura del Estado como símbolo de su unidad y permanencia, arbitrando y moderando el funcionamiento regular de las instituciones. Ante una crisis institucional donde existan indicios de un quebrantamiento del deber de custodia del territorio por parte del Ejecutivo, la función arbitral de la Corona se ejerce a través de los cauces formales que la propia Constitución le atribuye.
De igual modo, aunque el artículo 30.1 reconoce el derecho y el deber de los españoles de defender a España, la efectividad de este mandato exige su canalización a través de las instituciones legítimas y los cuerpos reglamentarios. Cualquier vía de respuesta frente a una hipotética quiebra institucional debe conducirse, en consecuencia, mediante la depuración penal y parlamentaria prevista por la norma suprema, preservando la supremacía del Derecho y el monopolio estatal de la defensa nacional.
Los males de un gobierno traidor, perjudicial al pueblo que subyuga, pueden dirimirse de muchas maneras. La desobediencia civil es un extremo que se puede evitar si funcionan los mecanismos de defensa cuando la criminalidad ejecutiva está al frente de un país. La extrema gravedad de lo que sucede en España obliga a una reflexión sobre tantos mecanismos de defensa que pueden contemplarse en aras de la normalización de la convivencia sociopolítica.
RES NON VERBA.
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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