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El transcurso inexorable de las décadas altera profundamente la naturaleza de los grandes procesos judiciales. En causas de la dimensión, complejidad y trascendencia social que han rodeado al grupo Nueva Rumasa, el paso de los años no aporta un sosiego pacífico, sino una presión acuciante sobre la vida de los afectados. La controversia estrictamente técnica cede paso a una realidad imperiosa: la urgencia humana de alcanzar una resolución definitiva antes de que el propio tiempo agote toda posibilidad de una respuesta justa.
Actualmente, con la mirada puesta en la decisión sobre los recursos de casación planteados ante el Tribunal Supremo, la sociedad y las familias directamente vinculadas a este dilatado devenir observan el horizonte con la legítima ansiedad de quien aguarda un fallo pacificador. La administración de justicia, en su aspiración más noble, no puede abstraerse de esa angustia acumulada desde 2009; constituye el instrumento supremo para restaurar el equilibrio moral y dar respuesta a la imperativa necesidad de certidumbre que reclaman las partes.
La dilación temporal en causas de enorme calado comporta un desgaste físico y emocional que no admite más esperas. Reconocer esta urgencia no entraña sombra alguna sobre la función de nuestros tribunales, cuyo desempeño riguroso merece el más absoluto respeto institucional, sino la constatación de una verdad acuciante: una justicia que se alarga indefinidamente corre el riesgo de llegar cuando el impacto personal sea ya irreparable.
Sostener la esperanza a lo largo de un procedimiento que se prolonga desde hace más de tres lustros exige una fortaleza de ánimo desmesurada. La constante expectativa de un cierre que no termina de cristalizar genera un erosivo desgaste interior, donde el calendario deja de medirse en términos jurídicos para convertirse en una prueba de resistencia vital. Esta dilatada espera impone un tributo excesivo sobre la salud, la tranquilidad y el proyecto de vida de quienes, confiando en el Derecho, ven transcurrir los años en una penosa provisionalidad que amenaza con minar toda confianza en el propio sistema.
Frente a esa prolongada erosión del ánimo, la respuesta de la alta magistratura debe elevarse desde la fría ponderación técnica hacia la piedad procesal. La piedad, lejos de oponerse a la justicia, constituye su dimensión más elevada y madura: la capacidad del juzgador de contemplar el sufrimiento implícito en la demora y de actuar con la sensibilidad moral que requiere un caso humanamente extenuante. La rectitud de la ley no se debilita al ser atemperada por la compasión, sino que se dignifica cuando los magistrados comprenden que poner fin al tormento de la incertidumbre es, en sí mismo, un acto de estricta justicia.
Es precisamente ante la decisión de admisión o inadmisión de los recursos donde el Tribunal Supremo asume una responsabilidad de trascendencia humana fundamental. La inadmisión de nuevos recursos se presenta como la vía idónea y legítima para impedir que la causa siga dilatándose en el tiempo. Evitar perpetuar un bucle procedimental interminable no es una omisión de tutela, sino la aplicación más firme de la justicia material: cerrar el paso a demoras artificiosas que solo prolongan la agonía procesal de los afectados.
Asimismo, la perspectiva de los años transcurridos desde 2009 exige decantar lo accesorio de lo esencial. En ese análisis, la buena fe y la conducta mantenida por las partes a lo largo del procedimiento deben ser ponderadas con la gravedad que el momento requiere. La paz jurídica no puede posponerse indefinidamente; nuestro ordenamiento debe demostrar su capacidad para clausurar las causas complejas mediante decisiones valientes que devuelvan, sin más demoras, la tranquilidad a los espíritus.
Poner un límite infranqueable a la prolongación de esta travesía mediante la desestimación o inadmisión de recursos dilatorios responderá a una exigencia de conciencia que no puede esperar más. La firmeza para no reabrir ni estirar lo que ya exige conclusión es la forma más alta de respeto al tiempo de las personas y a la dignidad del procedimiento.
Alcanzar ese final es hoy una prioridad humana e institucional. Una sociedad madura entiende que la resolución de estos prolongados periplos judiciales debe ser un acto de reparación moral frente a un tiempo acuciante. En el tramo final de este camino, la eficacia del Derecho, el cierre definitivo de las vías de dilación y el respeto a la dignidad deben converger para ofrecer, de manera inmediata, el sosiego y la certidumbre que tantas vidas llevan aguardando desde hace diecisiete años. Demasiado tiempo para una sola vida multiplicada por la de los afectados. Tiempo ya para parar el tiempo de espera de una singular e histórica tortura y pronunciarse una victoria de la más digna Justicia.
Ignacio Fernández Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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