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La Plataforma de Afectados por la Potencia Pesquera ha decidido llevar un paso más allá su lucha contra el incumplimiento de la potencia motriz de los buques de pesca, denunciando a la Comisión Europea por su inacción ante la ilegalidad presente. De acuerdo con el Reglamento UE 1224/2009, en su artículo 99 “cuando existan razones para creer que se han producido irregularidades en las normas de aplicación de la Política Pesquera Común (PPC), la Comisión podrá realizar inspecciones autónomas por iniciativa propia y sin la presencia de los agentes de los Estados miembros de que se trate.”
Desde la publicación, hace dos años, del estudio por parte de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pequeros, en el que se reconocía que un total de 15 estados miembros incumple la potencia motriz, la Comisión Europea no ha ejercido las funciones que la propia normativa le otorga: intervenir y ejecutar una solución.
Pese a conocer de primera mano el exceso de la potencia autorizada por más del 50% de los barcos de los estados miembros, la inacción continúa. Por otro lado, ya en 2019 la Comisión declaró que no había sido negligente con los controles de potencia de la flota. Sin embargo, la Plataforma, basada en el estudio mencionado anteriormente, destaca que no se ha desarrollado ese control sobre la potencia de las embarcaciones.
Por ello, desde la Plataforma anuncian que han presentado una nueva queja ante la Comisión Europea en la que suman a la gravedad de la situación, la vulneración de los principios de: seguridad jurídica, cooperación leal horizontal y vertical, así como el principio de primacía del derecho europeo, entre otros.
Esta situación de ilegalidad supone graves consecuencias para aquellos buques que sí faenan en base a la ley. Solo en la inversión inicial de sus bajas para la nueva construcción, se estima una diferencia de trescientos mil euros, sumado al daño que supone la competencia desleal en la actividad del día a día. Asimismo, la sobreexplotación de los caladeros por parte de unos pocos actores para la misma cantidad de pescado ha llevado a que, por ejemplo, en las flotas que operan legalmente en el caladero gallego, se dejen de ingresar 24 millones de euros debido a la escasez de merluza.
En palabras de Francisco Pérez, portavoz de la Plataforma de afectados, “cuánto tiempo más se va a dar la Comisión para permitir que barcos que incumplen la normativa comunitaria compitan ilegalmente con los barcos que sí respetan las normas y que ven como cada día que pasa los recortes en sus cuotas de pesca afectan por igual a los legales y a los ilegales. Dónde queda el principio de seguridad jurídica que debe regir cualquiera de las actividades económicas y sociales si una administración permite la actividad de aquellos que no cumplen con el ordenamiento jurídico”.
En lucha desde hace más de cinco años
En 2002, la Comisión Europea dictó un reglamento (2371/2002), por el cual se fijan las reglas de la política pesquera común, entre ellas, la reducción de capacidad de la flota pesquera europea. Desde entonces, no solo no se ha puesto remedio a la situación, sino que además se ha ido incrementando la potencia de los barcos. En 2009, España empieza a tener el imperativo legal de revisar la potencia nominal de los barcos en aplicación del Reglamento 1224/2009, pero no ha estado llevando a cabo su labor.
Desde la Plataforma de afectados por el incumplimiento de la Potencia Pesquera llevan desde 2015 denunciando la situación. Primero, ante las autoridades españolas dos años consecutivos. Posteriormente, en 2017, llevaron la queja hasta la Comisión Europea, que hizo caso omiso, por lo que decidieron llevar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En junio del año siguiente, la Comisión Europea archivó la denuncia.
En enero de 2019, presentaron la denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Esta vez, se admitió la queja, la Comisión Europea la respaldó y publicó un informe en el que se incluían las denuncias presentadas desde la Plataforma entre 2015 y 2017, además mostrar claras evidencias del incumplimiento del reglamento por parte de 15 estados miembros, entre ellos España.
El informe subrayaba que el 51% de los buques revisados no cumplían la norma y que el 67% de los mismos o no cumplían o había indicios de que la nave había sido manipulada. En definitiva, apenas un 30% de los barcos examinados cumplían con las obligaciones de esa regulación.
“La Política Pesquera Común ha fracasado”
Ese mismo año, el Comité de Pesca del Parlamento Europeo debatió las conclusiones del estudio promovido por La Comisión Europea. En su discurso, Chris Davies, expresidente del Comité de Pesca, aseguraba durante la sesión en la que se estudiaba el informe que “una parte fundamental de nuestra política pesquera es falsa, corrupta y fraudulenta en este sentido”.
A pesar del informe que respalda las denuncias pasadas, desde la Plataforma de afectados por el incumplimiento de la Potencia Pesquera decidieron elevar su queja ante el Defensor del Pueblo Europeo para exigir que se encuentre una solución. La denuncia ante el Defensor del Pueblo, desestimada al considerar que la respuesta de la Comisión admitiendo las irregularidades denunciadas es un acto político, y han decidido dar un paso más en la disputa de esta agrupación.
En la actualidad, el camino legal hacia el cumplimiento de la Potencia Pesquera continúa de la mano de la Plataforma, desde donde aseguran que no pararán hasta tener unas condiciones de pesca justas.
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