1936 Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular: Algunas críticas del libro en la prensa – Parte decimotercera. Por Carlos Andrés

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Para empezar acabando con la serie de artículos-extractos del libro, que se puede seguir aquí, haremos un repaso de varios artículos sobre el libro vistos en la prensa y revistas académicas.

Primero aquí hay un excelente resumen del argumento del libro en un sitio llamado Archivos de la Historia, que acaba recomendando la lectura del libro. Es un buen resumen del argumento del libro, muy a propósito para consolidar su mensaje tras los generosos extractos que hemos copiado aquí.

Para comprobar la reacción en la prensa es imprescindible mirar los dos periódicos más leídos de España, El Mundo, el periódico de referencia de la derecha progresista y El País, de la izquierda aún más progresista.

La reseña de El Mundo (El ‘pucherazo’ del 36 | Cronica Home) es explícita desde el título, y positiva para el libro. Se refiere al enjuague de la República que se hace habitualmente desde la izquierda, aunque sin justificar el Alzamiento, por supuesto (y tampoco es el lugar, pues tampoco lo hacen los autores del libro).

La reseña de El País, la firma el finado Santos Juliá, que trata de ningunear las tesis del libro con males artes y ciertos pujos de superioridad moral (Las cuentas galanas de 1936). Sorprendente que la entradilla añadida por el medio le contradiga: “Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García certifican el fraude electoral que permitió la victoria del Frente Popular tras años de trabajo sobre las actas”.

Santos Juliá empieza con la socorrida estrategia de crear una caricatura para después criticarla. Así arranca:

Con gran fanfarria ha saludado la más rancia derecha la supuesta demolición de un tabú que estaría oculto, como aseguran los autores de tan estupenda hazaña, “por montañas de sombras y mentiras”, a saber, que el Frente Popular ganó por mayoría absoluta las elecciones de febrero de 1936 solo gracias a un “fraude decisivo”.

La reacción de la derecha -rancia o aseada- es irrelevante al caso. La palabra tabú no se menciona en el libro; tampoco las expresiones “montañas de sombras y mentiras” ni “fraude decisivo”, al menos en la edición digital que he leído. Mal empieza. Sigue:

Álvarez Tardío y Villa se presentan como debeladores de un fraude cometido en un clima de violencia por el Frente Popular. Su supuesta victoria en las urnas habría servido para otorgar legitimidad a un cambio de Gobierno sostenido exclusivamente en la decisión personal del jefe del Estado: tal es el nudo del argumento desarrollado en este libro.

No se presentan como debeladores, sino que realizan una nueva investigación, mucho más exhaustiva que las anteriores. La segunda parte del argumento -que el cambio de gobierno fue exclusivamente una decisión personal de Alcalá-Zamora- no está en el libro. Lo que los autores indican es que Alcalá Zamora nunca quiso dejar que la CEDA gobernara, que el momento de las elecciones era muy inoportuno y que el cambio de gobierno se hizo de forma precipitada, forzado por la violencia de la calle y sin ninguna formalidad. Azaña lo confirma: le entregaron el gobierno «como si me entregase las llaves de un piso desalquilado». Lo dice en sus Diarios prologados por Santos Juliá.

De manipulación de actas electorales en varios distritos se habló desde los mismos días del proceso electoral, y de fraude ya decidió una comisión de eximios juristas del antiguo régimen, montada por Ramón Serrano Suñer en diciembre de 1938, en su dictamen sobre “la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936”. Y al fraude dedicó Javier Tusell un capítulo de su estudio sobre estas elecciones, pionero en el género; o sea, que de tabú nada, sino más bien lugar común; como tampoco era tabú el recuento y análisis de actos de violencia política y policial que acompañó todo el proceso y continuó en las semanas siguientes, objeto de recientes y excelentes estudios de Rafael Cruz o Eduardo González Calleja.

Ya dijimos que el libro nunca dice que el tema fuera tabú, ni que no hubiera estudios anteriores, porque cita los dos que menciona Santos Juliá, precisamente. Pero, como vemos, el tema es bastante incómodo para la izquierda, a la que no le gusta nada que se le recuerde, como vemos. En todo caso, aquí está la crítica principal de Santos Juliá, empañada por la mala disposición:

… tras su original indagación en las actas, han optado por la más engañosa vía posible: agregar los resultados de todas las candidaturas en las que figuraba la CEDA como si se tratara de un frente o coalición, un bloque, una concentración de partidos, términos reiterados una y otra vez para identificar la inexistente candidatura de lo que llaman coalición antirrevolucionaria.

No fue así y, especialistas como son en el estudio de elecciones, lo saben de sobra. Cierto, en la izquierda no quedó nadie, desde comunistas hasta republicanos de centro, sin integrarse en el Frente Popular. Pero los candidatos aquí identificados como constituyendo un bloque, un frente, una coalición o una concentración antirrevolucionaria estaban muy lejos de haber alcanzado un acuerdo, ni firmado un programa o un manifiesto, que les permitiera presentarse como formando parte de una candidatura única de la que habría de salir un Gobierno.

…

Al haber agregado datos electorales —al haber mezclado churras con merinas, por decirlo coloquialmente— dando por existente un bloque de derechas enfrentado a un frente de izquierdas, distanciados solo por unos miles de votos, los autores argumentan que, al producirse tachaduras y correcciones de actas en media docena de distritos, la mayoría absoluta que debía haber ido al bloque de derechas fue para el de izquierdas. Pero esto no pasa de ser una elucubración que dice poco en favor de su pretendida neutralidad valorativa, porque no ya 300 diputados, como gritaban los jóvenes católicos fascistizados, ni siquiera 200 habría alcanzado ninguna de las coaliciones lideradas por la CEDA. A no ser, claro está, que se sumen centristas, radicales, conservadores, liberaldemócratas, agrarios, alfonsinos, tradicionalistas y tutti quanti como formando parte de una sola candidatura con tal de que en ella hubiera además alguien de la CEDA: una forma muy galana de sacar cuentas.

No puedo opinar de forma definitiva, pero en el libro se presentan separados los datos de las candidaturas de la CEDA y monárquicos y centristas. Es además falso que no hubiera una coalición de derechas, aunque no estuvieran en ella los alfonsinos ni los centristas. Formaron una coalición electoral, aunque no una de gobierno, como la del Frente Popular, por cierto.

En todo caso, y ese es mi principal comentario a la discusión que el libro ha generado: el recuento fraudulento y el robo perpetrado por las Cortes por los frentepopulistas es solo uno de los aspectos del libro, aunque muy importante, especialmente el robo en la Cortes. La descripción del ambiente electoral y la exposición de toda la violencia desatada por las izquierdas es suficiente para invalidar esos resultados. El ex-cura Juliá calla sobre ese asunto como si fuera secreto de confesión. Y sin embargo es lo más relevante del libro. Cuando al división social llega a esos extremos, es improcedente dirimir el gobierno metiendo papelitos en una urna. Se dirá que eso no es muy democrático -y no lo es, ni puede serlo- pero se esperaría que esos demócratas que insisten en que el destino de un país se juegue metiendo papelitos en una urna, al menos exigieran que se haga sin violencias de ninguna clase y con una instancia neutral para dirimir las diferencias, porque si el proceso se realiza en un ambiente de intimidación generalizada, con decenas de muertos e incendios, están desautorizándose a ellos mismos.

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El artículo de Santos Juliá fue respondido por los propios autores, aunque sin citarle (El pucherazo de la discordia). Es curioso que los autores insistan en rehuir el bulto de sacar la conclusión obvia: que el pucherazo fue la primera losa del camino hacia la Guerra Civil. Así tratan de distanciarse

NOSOTROS no hemos escrito este libro para propiciar debates estériles o promover consignas que enturbien el conocimiento histórico. Por eso rechazamos toda apropiación abusiva de lo que historiamos, pero también todo enfoque crítico basado en embestidas ideológicas o descalificaciones simplonas que distorsionen u oculten los resultados de nuestra investigación. Creemos que hay un camino provechoso entre quienes se entretienen proyectando la Guerra Civil hacia atrás, o plantean debates tramposos sobre legitimidades, y quienes pontifican manipulando y menospreciando las pruebas irrefutables sobre el fraude y la violencia para proteger interpretaciones tan interesadas como infundadas. Es el camino del rigor que implica, en la línea sostenida por Judt, historiar lo que sucedió por más que no sea atractivo a las memorias partidistas.

Sacar las conclusiones obvias no es abandonar el camino del rigor. Ni buscar los hechos antecedentes que motivaron la actuación de los agentes históricos es proyectar la Guerra Civil hacia atrás. Desde luego, de nada les vale a estos historiadores sus protestas de rigor, neutralidad ideológica, etc; los “memorialistas” no perdonan. Dos ejemplos, en este caso son un artículo largo y un ensayo más académico.

El primer ejemplo, es EL CANON DEL REVISIONISMO Y LA HISTORIA LOCAL. A propósito de «1936.Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular» | Diego Caro Cancela – Academia.edu. El título ya nos avisa de que es una denuncia del “revisionismo”, como si la historiografía -y la ciencia- no fuera una continua revisión de tesis alternativas.

Al frente hay una cita de Marc Bloch denunciado la mezcla de pasiones con prejuicios en la historia. Un alarde improcedente de superioridad moral del autor del artículo. Por el mismo precio, se podría poner otra cita muy de moda en su día que afirma que no hay historia objetiva sino narrativas alternativas.

El primer párrafo insiste en denunciar el “revisionismo”:

Desde hace menos de una década ha emergido en la historiografía contemporaneísta española un grupo de historiadores que se han propuesto revisar lo que hasta ahora se había venido escribiendo sobre la Segunda República y la Guerra Civil. De esta manera, no han dudado en presentar a la primera como un régimen excluyente de profundas carencias democráticas y marcada permanentemente por la violencia de los izquierdistas, particularmente de los socialistas. Una situación que, según ellos, se acentuó con el más que discutible triunfo del Frente Popular y después en la primavera de 1936, cuando el radicalismo de las organizaciones políticas y obreras de estas izquierdas hizo inviable la convivencia democrática, lo que terminó por facilitar la conspiración militar que estalló en forma de Guerra Civil a mediados de julio de 1936.

El autor quiere negar tanto que fuera un régimen excluyente como la violencia de las izquierdas, por encima de la evidencia de un anticlericalismo militante (con incendios de iglesias desde el mes 1 de la república) y de la revolución de octubre (y las continuas violencias anarquistas). Creo que no hace falta seguir después de esta. El artículo no tiene conclusiones, pero al hacia el final leemos:

Dicen Álvarez y Villa en el epílogo del libro que no pretenden animar ningún debate sobre la legitimidad del Gobierno del Frente Popular o de la República como régimen. No lo parece cuando uno termina la lectura del mismo y lee en este epílogo, como resumen, que hubo “una impresionante oleada de violencia entre la tarde del 19 y la mañana del 22” o que “las alteraciones de la Comisión de Actas hicieron engordar la mayoría del Frente Popular con 23 nuevos escaños” o, por último, que habían demostrado que “algo más del 10 por ciento del total de los escaños en las nuevas Cortes (…) no fueron fruto de una competencia electoral en libertad”.

Aquí hay que darle la razón. No se puede negar que el debate sobre la legitimidad frentepopulista es la continuación lógica de las conclusiones. Y si Álvarez y Villa no entran en el y lo dejan para otros, lo que nunca deben hacer es lamentar que esos otros recojan sus conclusiones y saque las consecuencias procedentes. Es una indicación de pusilanimidad que, como vemos, no les sirve para que no les califiquen de “revisionistas”.

El último párrafo del artículo provoca una sonrisa:

No tengo ninguna duda de las convicciones democráticas de Manuel Álvarez Tardío y de Roberto Villa, a los que personalmente no conozco, ni creo que deseen para su libro este tipo de apologetas, pero son los riesgos intelectuales que se corren cuando se defienden algunos planteamientos que ya hace tiempo que están más que superados por la historiografía contemporaneísta española, especialmente desde la que se ha escrito en los ámbitos local, provincial y regional, que es la que yo he querido reivindicar en esta reseña.

Les perdonan porque son “demócratas” pero les reprochan que estén dando munición a la Fundación Nacional Francisco Franco a pesar de que ellos desautoricen el uso de sus conclusiones.

Foto: Iglesia del Salvador, en Elche, antes y después de su quema en febrero de 1936. Foto: Archivo Miguel Ors, en «La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana».

El otro artículo es Revisando el revisionismo. A propósito del libro «1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular» (ehu.es) y está más trabajado y tiene una apariencia más académica. Empieza también con la acusación de revisionismo. En el resumen, declaran su propósito:

El propósito de este ensayo es discutir con datos contrastados las dos principales afirmaciones que, a juicio de los autores, articulan la obra en cuestión, esto es, el pretendido fraude que favoreció decisivamente la victoria electoral del Frente Popular y la consecución de su mayoría absoluta, y el empleo sistemático de la violencia colectiva para alcanzar ese objetivo, facilitado por la dimisión de Portela Valladares. Por último, también se discute el peso de la amenaza de golpe de estado en las decisiones de Portela, factor prácticamente ausente de esta obra.

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Resulta curioso que el autor nos muestre desde el principio su sesgo ideológico al denunciar el sesgo ideológico del libro:

El hecho de maridar las elecciones del Frente Popular con los términos polémicos de «fraude» y «violencia» es todo un programa de intenciones.

No es un programa de intenciones; es el título del libro, que resume las conclusiones evidentes: hubo una violencia y un fraude innegables, mal que les pese a las plumas de la cuadra historiográfica republicanista. Más:

Se insufla, desde el principio, un tono combativo a un trabajo que pretende atacar la línea de flotación del discurso legitimador de la democracia republicana.

No hay tono combativo ninguno. Los autores lo rehuyen, precisamente. Al contrario, estamos ante la típica tibieza derechista, que se esconde a la hora de sacar las conclusiones obvias. De nuevo, vemos que de nada les sirve a los autores.

La simplificación de una coyuntura tan compleja y fluida como fueron las elecciones de febrero-marzo de 1936 en esos dos morfemas de acusado tono beligerante recorta las posibilidades de abordar un análisis en profundidad de los comicios… más preocupada en dictar sentencia que en hacer comprender las causas profundas de tan singular cambio político… los juicios valorativos y la descripción de tipo cronístico prevalecen sobre la comprensión y el análisis sociohistórico de largo alcance.

Puestos a ser pedantes, fraude y violencia son lexemas más que morfemas. En todo caso, la acusación no se sostiene. No hay tono beligerante ni juicios valorativos en ningún caso. Las causas profundas y el análisis sociohistórico son otra historia, precisamente. Los autores tratan de mostrar los hechos, las causas de los hechos puede ser objeto de otro estudio. Evidentemente, después de la revolución de octubre y de la reiteradas declaraciones de los dirigente del PSOE de continuar aquella intentona por unos medios u otros, la primera hipótesis explicativa del fraude y la violencia no puede ser otra que los planes de la izquierda obrerista de superar aquella “república burguesa”.

Este es el propósito declarado del ensayo:

El propósito de este breve ensayo no es, naturalmente, cubrir estas carencias, sino, más modestamente, debatir dato en mano las dos principales afirmaciones que, a nuestro juicio, articulan la obra en cuestión, esto es, el pretendido fraude que allanó la victoria electoral para la coalición frentepopulista y el empleo sistemático de la violencia colectiva para alcanzar ese objetivo.

Yendo a las conclusiones.

Las conclusiones tienen un tono notablemente más radical que el cuerpo del ensayo. Sorprende el alarde de inconsecuencia que exhiben los autores cuando aseguran no cuestionar la legitimidad del gobierno del Frente Popular, pero acto seguido se manifiestan equidistantes de la publicística del Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de Julio de 1936, la republicana y la antifascista (sic, p. 518).

Como hemos dicho antes, hay que darles la razón. Álvarez y Villa tiran la piedra y esconden la mano. Muestran el fraude y la violencia de las elecciones, pero no ponen en cuestión la legitimidad del gobierno resultante. Entonces, ¿por qué emprenden este laborioso estudio? ¿A beneficio de inventario?

Atención a esto:

Pero dos páginas antes se asevera que «la violencia no fue tan generalizada como para obstaculizar decisivamente el proceso electoral».

En efecto, esta frase hace un efecto extraño al leerlo. Por el contexto, es obvio que los autores se refieren a las votaciones en sí, no al recuento (ya lo hemos dicho: no cuentan los votos, sino quién cuenta los votos). En todo caso, los críticos del libro se agarran a esta expresión como a clavo ardiendo.

Ya hemos argumentado en contra de esta opinión, como también hemos tratado de rebatir la afirmación, que se remacha en la coda final del libro, de que «hubo razones más que fundadas para reclamar medidas extraordinarias, perfectamente constitucionales y amparadas por la ley de orden público de 1933. Con ellas se habría podido abordar lo que era un claro desafío al Estado de derecho, garantizar un escrutinio ordenado y celebrar elecciones allá donde hubieran de repetirse» (p. 522). Nada más lejos del ánimo de los golpistas, tanto civiles como militares,

Parece mentira que no se den cuenta quienes razonan así que están desmintiendo el golpismo. Si los militares hubieran sido golpistas no hubieran pedido al gobierno la declaración del estado de guerra, hubieran dado el golpe de Estado sin más. Y les hubiera sido mucho más sencillo que el desesperado alzamiento de cinco meses después, porque tenían todas las bazas en la mano. No hay mejor refutación del “golpismo esencial de los militares africanistas”.

Y así acaba:

Un auténtico parto de los montes. Para tal viaje de ida y vuelta a los argumentos deslegitimadores de hace ochenta años, que minusvalora las aportaciones historiográficas de los últimos cincuenta, no hacían falta semejantes alforjas.

En fin, el ensayo es incapaz de refutar la violencia de la campaña y del recuento. La de las votaciones se evitó con un despliegue policial sin precedentes en España. En cuanto al robo de escaños en el recuento y lo que es peor, en el propio parlamento, fue tan evidente y tan descarado que se maravilla uno que estos rabiosos demócratas quieran pasarlo por alto con la peregrina insistencia en que de todos modos hubiera ganado el Frente Popular. ¿Si hubiera ganado, por qué el robo? Ah, porque había peligro de que los militares dieran un golpe de estado. ¿Y por qué no lo dieron teniendo todas las cartas en la mano?

No sigo, que me estoy empezando a encalabrinar.