Injusticia por Ley. Por Filípides

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No hace mucho, un viejo amigo fue convocado a una comisaría de Policía de Leganés, a la que acudió raudo y alarmado, como es natural en quien no tiene por costumbre que le llamen la atención. Presentándose sin abogado, se le comunicó que había sido denunciado por un presunto delito de “Violencia doméstica y de género. Lesiones y maltrato familiar”, se le condujo a un cuarto y allí fue interrogado por cinco miembros de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y la Mujer). Sin más testigos, fue violentamente increpado a gritos: “¡Hijo de puta!” “¡eres un hijo de puta!”, impidiendo que el hombre pudiese hacer siquiera el amago de defenderse; ni atendiendo, como reclamaba, que no se le tutease, ya que él se dirigía de usted a los agentes. “¡Calláte!” “¡Que te calles!” fue la “amable” respuesta que obtuvo por parte de unos representantes de la Autoridad que insistían en intimidarle para que firmase la denuncia contra él presentada. Abrumado, pero resistiéndose a firmar nada, el sujeto fue cacheado, esposado y conducido al calabozo.

Por supuesto, esta situación es, de por sí, muy grave. Pero ¿Cómo se puede entender que se admita una denuncia por maltrato y lesiones, ¡sin parte de lesiones!? ¿Pero qué es eso de que una mujer separada vaya a una comisaría, acuse ¡sin prueba alguna! a su ex marido, se le dé crédito sin más, y se curse una orden de arresto?

Pues eso es la La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, conocida más brevemente como la “Ley de Violencia de Género”, que no sólo destruye la presunción de inocencia del varón, sino que viola descaradamente la Constitución de 1978. Concretamente el artículo 14 establece: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Cierto es que en un país donde se pisotea el artículo segundo respecto al uso de la lengua –“Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”–, con la complicidad del mismo Gobierno de la Nación, tampoco puede extrañar que se incumpla el 14. ¿Acaso no se sueltan asesinos y violadores –como el reincidente asesino de Lardero– sin haber cumplido sus penas? Pero que un Gobierno de delincuentes corrompa las instituciones, viole las leyes por sistema y permita y aliente a transgredir la Carta Magna, no significa que debamos “normalizar” el delito.

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Volvamos ahora al punto por el que empezábamos:

En la propia página web de la Policía, se define las UFAM como unidades policiales especializadas en la lucha contra la violencia de género, violencia doméstica y violencia sexual. De reciente creación –y aunque esto no lo pone en la web– estas unidades están conformadas por auténticos comisarios políticos que actúan con total impunidad.

Lo que conviene aclarar es que su especialización en “violencias”, en realidad se refiere a las que ejercen por sistema y sin control contra cualquier hombre acusado por una mujer de acoso, maltrato o lesiones, sin pruebas, y en contra también de los estatutos de la Policía Nacional en relación al trato de los ciudadanos establecido en los artículos 9 y 10 del Capítulo I del Título III, que establece sus Deberes y Código de Conducta. Para empezar, el primer punto del citado artículo 9 en relación a los deberes obliga a “Jurar o prometer fidelidad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, “velando por su cumplimiento y respeto”. ¿Pero qué sujetos sino trepas sin escrúpulos pueden conformar unas unidades cuya génesis y razón de ser está en una ley que pisotea la Constitución?

Y en lo relativo al Código de Conducta, en los artículos 2 y 5 se dice claramente que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana”, y que “ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar el trato degradante”.

Aunque lo cierto es que, secundando una ley criminal que suprime la presunción de inocencia para los varones ante la denuncia de una mujer, resulta que, por lo visto, los integrantes de estas unidades también se sienten liberados de mantener las formas con aquéllos que son motivo de su atención; es decir, objeto de sus vejaciones.

Recordemos aquí otra noticia del 24 de septiembre de 2021 que informaba de que el Ministerio de Igualdad, liderado por la comunista Irene Montero, había organizado unas “Jornadas Integrales de Buenas Prácticas de las Fuerzas de Seguridad ante la Violencia Machista”. Una formación dirigida por Sonia Vivas ex concejal de Podemos en Palma de Mallorca y responsable de Justicia Social, Feminismo y LGTBI. que “pretende mejorar las carencias detectadas en los protocolos policiales en materia de violencia de género”. Y que, aparte de “instruir” convenientemente a los agentes, servirá sin duda para ir conformado listas de afectos y desafectos en el seno de la Policía.

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Volviendo al caso, la resolución del juez, tramitada por vía de urgencia, finalmente dispuso: “denegar las medidas de protección interesadas por la mujer respecto al denunciado”; que “procede decretar su libertad provisional sin fianza”, y dictando un oficio en el que se resolvía el “Auto de libertad del detenido”.

Tras cinco horas en un calabozo, este hombre pudo irse a su casa. Ahora todavía sopesa si poner una denuncia por falsa denuncia contra su expareja. Como persona que vive sin holguras, dado que sigue pagando la hipoteca de una casa que disfruta su mujer, es seguro que preferiría evitar prolongar este infierno en más litigios, optando por olvidar y proseguir su vida. Desgraciadamente, haga lo que haga, nunca estará a salvo porque en España hay una ley que promueve el delito y ampara al delincuente.

Esta pesadilla fue posible porque tanto la acusadora como los energúmenos macarras que tan “buen” trato dispensaron a su exmarido en comisaría gozaban de una clara sensación de impunidad. Certeza, más que sensación, alimentada por los partidos responsables de una ley criminal que anula la presunción de inocencia atentando contra los derechos de los varones por el mero hecho de serlo.