Ante la aprobación de la nueva "Ley de Secretos Oficiales" del Gobierno Comunista el "ABC" no debe olvidar lo de 1931. Por Julio Merino

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Ante la aprobación de la nueva «Ley de Secretos Oficiales» del Gobierno Comunista el «ABC» NO DEBE OLVIDAR lo que le sucedió en cuanto se aprobó por Decreto la «Ley de Defensa de la República» en 1931 y el Ministerio de la Gobernación incautó el edificio y los talleres de la calle Serrano y suspendió la edición del periódico más una multa de 830.000 pesetas en 1931 y 2.400.000 en 1932

Pero, como la Historia quedó muy reflejada en las propias páginas de “ABC” nos complace reproducir hoy la buena defensa que hizo del “crimen de papel” que se cometió simplemente por defender la Monarquía y al Rey don Alfonso XIII

La primera respuesta de ABC la escribe Federico Ayala Sörenssen que recojo del Digital

El 15 de abril de 1931, tras la proclamación de la Segunda República, ABC publicó el que posiblemente sea su editorial más conocido, que con el título de « Nuestra actitud» decía: «Nuestra fe y nuestros principios no se los lleva el huracán de pasiones que ha turbado tantas conciencias y ha extraviado a una gran parte del pueblo, sumándolo –creemos que pasajeramente- a esa otra porción que en toda sociedad propende a la rebeldía con los peores instintos, y sobre la que no se ha elaborado jamás una política honrada. Seguimos y permanecemos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, con el orden, con el derecho, respetuosos de la voluntad nacional, pero sin sacrificarle nuestras convicciones.

La Monarquía es el signo de todo lo que entendemos; es la Historia de España. Los hombres y los azares pueden interrumpir, pero no borrar, la tradición y la historia, ni extirpar las raíces espirituales de un pueblo, ni cambiar su destino».

ABC comenzó pronto a tener problemas con el nuevo gobierno republicano. El 10 de mayo de 1931 se reunió el Círculo Monárquico Independiente en su sede (Alcalá número, 67 de Madrid) con el fin de elegir una Junta Directiva que tendría como fin coordinar a todas las organizaciones monárquicas del país. Se produjeron altercados que llevaron a un nutrido grupo de republicanos hasta la sede de ABC en la calle Serrano. En el tumulto, presente ya la Guardia Civil enviada por el ministro de Gobernación para proteger el periódico, se escucharon algunos disparos y varias personas resultaron muertas. Se dijo que los disparos provenían del edificio de ABC en el que, al ser domingo –día de descanso en aquel entonces- sólo había cuatro trabajadores de guardia: un portero, un telefonista en la segunda planta y dos obreros en talleres, todos ellos desarmados. Pero el Gobierno de la República se incautó del edificio de Prensa Española y suspendió por tiempo indefinido la publicación de «Blanco y Negro» y de ABC. También encarceló a Juan Ignacio Luca de Tena, que permaneció como «preso gubernativo» durante cuatro meses. A menos de un mes de instaurada la República, ya estaban ardiendo iglesias y conventos de toda España mientras se extendía el descontento social, la incautación de periódicos y la inestabilidad en las calles.

Durante 25 días ABC no pudo publicarse, por lo que al reaparecer el 5 de junio expuso su postura ante los hechos, en su editorial titulado « Decíamos ayer…»: «El rigor desplegado contra nosotros con protesta de la opinión universal excede a las fórmulas pacificadoras en uso. No es ya dudoso que el Gobierno se ha complacido en la persecución de ABC como el que más de los que quisieran aniquilarnos. Consiente, al fin, la reaparición de ABC, pero sin garantías; reservándose las “facultades extraordinarias” de que se ha investido. Conste que no hacemos ninguna concesión a la violencia; que, aunque hubiéramos de sucumbir, no claudicaríamos; y que tampoco sucumbiremos. Nuestra dignidad, nuestra razón y nuestro derecho, la fuerza que con esto significamos y el concurso de opinión que nos asiste es lo que prevalece».

Redactores de ABC venden en la calle la edición incautada por el Gobierno

Tras esta primera sanción se produjeron muchas más: 1931 (21 de noviembre), 1932, el año más aciago (5 de abril, 28 de mayo, 28 de junio, 10 de agosto a 30 de noviembre); 1933 (28 de febrero); 1934 (13 de febrero). A partir de 1934 se aprobó la censura previa, por lo que no había lugar a suspensiones. Directamente se prohibía publicar aquello que no gustase. Las tensiones eran constantes, con continuos pulsos. El más conocido fue el que se produjo con motivo de la boda de Don Juan de Borbón con Doña María de las Mercedes, los padres del Rey Juan Carlos. El gobierno prohibió informar sobre el enlace que se había producido en Roma, por lo que el 16 de octubre de 1935 se publicó una portada celebre, sin foto y con las letras del lema que era obligatorio publicar en todos los periódicos de la época: «este número está visado por la censura». Al día siguiente se permitió publicar la fotografía del enlace, aunque refiriéndose en todo momento a los novios como Juan de Borbón y María de las Mercedes, sin más.

Antes y durante la república ABC fue el diario de alcance nacional más difundido de España, con unos 200.000 ejemplares vendidos, a los que habría de añadirse los aproximadamente 30.000 de la edición sevillana y Blanco y Negro llegó a los 50.000 en 1935. Y era el único con implantación en toda España. Por eso era tan peligroso y por eso hubo que intentar acabar con él. Pero no se consiguió y ABC consiguió seguir defendiendo su postura, peleándose con la implacable censura previa, como tendría que hacer durante tantos años. La Segunda República española, este régimen inmaculado para muchos, mantuvo la censura durante todo el régimen, aunque muchos lo ignoren o no quieran que se sepa. ABC es testigo de ello pues sufrió sus zarpazos, como tantas otras publicaciones.

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La segunda se publicó ya el 5 de junio de 1931 y esta fue la respuesta de ABC tras un cierre de 25 días:

La entrada en vigor de la Ley de la Defensa de la República , el 22 de octubre de 1931, indignó tanto a los españoles como hoy se sorprenden de los intentos de Pedro Sánchez por utilizar la crisis del coronavirus para extralimitarse en la suspensión de derechos, el recorte de la libertad de información, la filtración de las preguntas de los periodistas y el control de los medios de comunicación. El Gobierno de Manuel Azaña fue, sin embargo, menos sutil. Nada más llegar al poder, no dudó ni un instante en establecer la censura y el control de la prensa con esta medida tan impropia de un régimen democrático como se suponía que era aquel.

ABC fue, desde el primer momento, una de sus principales víctimas, tal y como lo reflejaba el contundente editorial del 30 de noviembre de 1932: «La suspensión gubernativa de este diario ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera… Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal». Esta era la respuesta a uno de los golpes más duros que ha recibido la libertad de prensa en el siglo XX: la suspensión e incautación de más de 100 publicaciones, de un solo golpe y en un solo día, por parte del presidente tras la sublevación del general Sanjurjo. Pero no fue, ni mucho menos, la primera ni la última.

La Segunda República publicó la mencionada ley en las páginas de la Gaceta de Madrid , que hacía las veces del actual Boletín Oficial del Estado, con un mensaje muy claro contra los periódicos que alzaran su voz contra el nuevo régimen, instaurado el 14 de abril. Su artículo primero decía: «Son actos de agresión a la República y queda sometido a la presente ley la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público». Mientras que el artículo dos advertía de que «podrán ser confinados o entrañados, por un período no superior al de vigencia de esta ley, o multados hasta la cuantía máxima de 10.000 pesetas, ocupándose o suspendiéndose según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización, los autores materiales o los inductores de hechos comprendidos en los puntos del uno al diez del artículo anterior».

«Apología de la monarquía»

Esta norma, por lo tanto, daba potestad al Gobierno de Azaña para perseguir a los directores de los periódicos y a sus periodistas, así como a cerrar las publicaciones que la incumplan… siempre, claro, según la interpretación del ministro de Gobernación, Santiago Casares Quiroga, de lo que significara «agresión a la República» o «perturbación de la paz. Por algo firmaba la ley junto al presidente y hacía las veces de ministro del Interior. Y, lo que es peor, podía hacerlo sin necesidad de un juicio, algo que escandalizó a muchos de los diputados presentes en el Congreso cuando el Ramón María Aldasoro y Galarza, de Izquierda Republicana, leyó los cinco puntos del nuevo proyecto.

«Esta manera de gobernar en relación con la prensa no se acomoda a mi propio juicio ni al de ningún demócrata», dijo el diputado zamorano Santiago Alba, según recoge el diario de sesiones, que protestó ante el hecho de que el ministro de Gobernación pudiera «suspender libremente el periódico que quisiera». «Exacto, eso es», replicó otro diputado cercano a Azaña. «No puede menos de dolerme ver a esta República bajo la tutela de la Guardia civil y de una ley de excepción”», añadió Eduardo Barriobero, diputado del partido Federal, según contaba «Voz Populi» .

Todos estos castigos implementados por la recién instaurada Segunda República se aplicaban, además, a todos los periódicos que hicieran «apología del régimen monárquico», como podía ser el caso de ABC, o que protagonizaran una «acción o expresión que redunde en el menosprecio a las Instituciones del Estado». Puntos que dieron pie no solo a la censura previa, sino también a numerosas amenazas a periodistas, multas económicas a los órganos de prensa no afines, cierre de cabeceras importantes durante semanas, secuestro de ejemplares y encarcelamiento de directores. Lo más sorprendente es que España acababa de salir de la dictadura de Primo de Rivera .

Las sanciones

El 10 de mayo de 1931 se suspendióla publicación de nuestro periódico y se incautó del edificio de Prensa Española en la calle Serrano, hasta el 5 de junio ABC

La ley dio pie a situaciones absurdas, como la sanción que recibió un diario de Ávila por reclamar que la entrada a los museos fuese gratuita los domingos. Aquello fue considerado por Casares Quiroga como una «campaña contra la República». ABC también fue censurado y multado en varias ocasiones por defender sus ideas: «Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, el orden y el derecho», había advertido ya en su editorial del 15 de abril de 1931, el mismo día en que se instauró el nuevo régimen y Alfonso XIII se vio obligado a salir de España.

Otro muchos diarios siguieron a ABC y comenzaron a alzarse contra este flagrante ataque a la libertad de expresión, pero la respuesta del Gobierno de Azaña fue siempre la misma, independientemente de las líneas editoriales. Fueron censurados, multados o cerrados periódicos nacionalistas como «Euzkadi» y «Bizkaitarra», católicos como «La Gaceta del Norte», «Adelante» y «La Tarde», semanarios como «Blanco y Negro» y cabeceras como «La Ribera Deportiva», «El Fusil» o «El Siglo Futuro». Todos eran susceptibles de atentar contra el orden establecido y todos sufrieron la mano censora del régimen y de esta ambigua ley.

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«¿Vamos a llamar prensa a esos reptiles que circulan por la sombra, que van de mano en mano, corriendo por los rincones de la península y sembrando el descrédito, la burla o las malas pasiones? Eso no es prensa y contra eso vamos», amenazó Azaña en el Congreso durante la tramitación de la ley. ¿Era propio de un presidente como él, también periodista, definir categóricamente qué es prensa y qué no lo es? ¿Podía señalar con el dedo a los periódicos que deben ser respetados y a los que deben ser castigados? Podía, y lo hizo. Lo cierto es que su antecesor, Niceto Alcalá-Zamora, ya había arremetido contra los medios de comunicación, cuando en mayo de ese año, el Gobierno advirtió a todos los directores que no informaran sobre la represión de una manifestación anarquista en Guipúzcoa por parte de la Guardia Civil. Murieron ocho personas. Si lo hacías, les informó, serían clausurados, tal y como le ocurrió a este diario: se incauta la redacción en la calle Serrano y prohibieron la publicación de la cabecera durante 25 días, hasta el 5 de junio.

Falsas promesas

Casares Quiroga trató de tranquilizar a los periodistas y llegó a reunirse con ellos para prometerles que el Gobierno respetaría la libertad de crítica en los medios de comunicación, pero un mes más tarde ABC era multado de nuevo con 1.000 pesetas y sufría una nueva suspensión de tres días. «Yo no hubiera querido sancionar a la prensa –aseguró el ministro–, pero ante los ataques a las Cortes Constituyentes, que tienen que merecer el máximo respecto, he tenido que obrar en la forma que he dicho».

Muchos expertos han coincidido en que, hasta su anulación en 1933, la Ley de Defensa de la República era impropia de un sistema democrático. Sobre todo cuando la constitución de entonces decía: «Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión y sin sujetarse a la censura previa». Aún así, los diarios católicos, monárquicos y antirrepublicanos encontraron muchas dificultades para salir a la calle o reaparecer tras una suspensión.

La primera incautación de ABC se produjo antes, incluso, de que entrara en vigor la ley. Fue el 10 de mayo de 1931, después de que Juan Ignacio Luca de Tena, su director, acudiera a una reunión en el Círculo Monárquico Independiente. La sanción: una multa de más de 830.000 pesetas. Después de la ley, este diario sufrió, en 1932, la mencionada suspensión de tres meses y medio y casi 2.400.000 pesetas de multa. Una cantidad desorbitada para la época, si tenemos en cuenta que los 837 obreros, 67 redactores y 81 empleados de esta cabecera continuaron cobrando sus sueldos.

Las protestas de los periódicos contra el Gobierno republicano fueron creciendo hasta el punto de crearse una «Liga Defensora de la Libertad de Prensa». Se adhirieron más de 100 cabeceras de un primer golpe y otras tantas se fueron sumando a esta iniciativa tras el debate promovido en el Congreso por Antonio Royo, diputado del partido agrario independiente. «Este ilustre diputado, liberal y demócrata de los auténticos, pidió que la república nacida de una protesta contra la dictadura, y después de la dictadura, renuncie a los procedimientos dictatoriales y restablezca la libertad de prensa. Dijo que la prensa no es un peligro para la república. Y, menos, la prensa conservadora, que es la principal perseguida. Y que para defender al régimen de la prensa bastan la ley del 83 y el código penal», contaba ABC el 20 de febrero de 1932 .

La respuesta del Gobierno fue la misma: más multas, una censura más dura y el cierre de otros periódicos. Por ejemplo, «El Día», «La Constancia», «Easo» y «El Diario de Navarra». «El Debate» llevaba suspendido más de un mes por un artículo crítico y así continuó, a pesar de la defensa realizada por periódicos republicanos de la competencia. (Israel Viana“ABC”)

Señor Director de “ABC”, señores directores de todos los periódicos de hoy (de papel, digitales o televisiones), redactores con ansia de libertad e independencia… ¡no esconded la cabeza debajo de las alas! Porque después de que este Gobierno implante la Ley solo quedará tiempo para llorar la Democracia perdida. “Hijo, llora como mujer lo que no supiste defender como hombre”

Prevenir es curar… lo que haya que hacer hay que hacerlo ahora, YA.

Por la transcripción

Julio MERINO

Autor

Julio Merino: Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.

Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.

Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.

En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.

En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.

Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.

Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.