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Se cumple hoy el cuadragésimo segundo aniversario de la aprobación de la Constitución en vigor y se celebra (el que lo celebre) en el momento más crítico de los últimos 80 años para la supervivencia de nuestra Nación, pues nunca hasta ahora -ni siquiera con el infame Zapatero- habíamos estado en manos de un gobierno formado por sujetos que abiertamente reconocen que se quieren cargar la España que todos conocemos y que muchos amamos y que, por si fuera poco, en su afán demoledor están cautivos de los más acérrimos enemigos de nuestra Patria.
¿Como hemos podido llegar hasta aquí?
Hay muchas razones, desde la indolencia y la cobardía de una gran parte de la población, pasando por la irresponsabilidad y la negligencia, cuando no directamente la traición, de una clase política corrupta (y no me refiero solo a la corrupción económica), pero en una fecha como la de hoy es inevitable referirse al nefasto influjo de un texto constitucional viciado desde su origen y que se ha demostrado completamente inservible para garantizar la libertad, igualdad, bienestar y progreso de los españoles.
El entonces rey Juan Carlos I, que accedió a la Jefatura del Estado por decisión del general Franco, contaba con toda la autoridad y todo el poder que tenía el propio Franco (excepto -claro está- la autoridad moral de haber salvado a España de su aniquilación para convertirla en poco más de una generación en la octava potencia mundial), poder suficiente en cualquier caso para haber diseñado una nuevo Estado que, adaptado a las circunstancias del momento, garantizara no solo la libertad, igualdad, bienestar y progreso de los españoles -como se ha dicho- sino la preservación para muchas décadas de la esencia y los fundamentos de una Nación y de una sociedad producto del esfuerzo y del sacrificio de muchas generaciones que nos precedieron.
En lugar de eso, y aparte de traicionar cuantos juramentos formales había hecho antes y en el momento de su Proclamación, dejó en manos de los políticos del momento el diseño de ese nuevo Estado y la redacción de la Constitución que le debía servir de soporte.
En el grupo de los llamados “Padres de la Constitución”, personas probablemente con buenas intenciones pero nula experiencia en este tipo de tareas, estaba ampliamente representado (3 de 7) el partido mayoritario de la época, la UCD, un engendro oportunista carente de ideología liderado por uno de los individuos más injustificadamente sobrevalorados de nuestra historia reciente, Adolfo Suarez, junto a un representante de Alianza Popular, que después devendría en el actual PP, un representante del por entonces socialdemócrata PSOE e, increíblemente, se incluyó, por un lado, a un representante de un partido totalitario y criminal como el Partido Comunista, un partido completamente marginal en España como se demostró en las sucesivas convocatorias electorales y que lo único que tenía en su haber era una larga lista de atrocidades, abusos, injusticias, latrocinios y ataques contra la libertad; y por otro lado, en un inconcebible agravio comparativo para el resto de los españoles, amplísima mayoría, a un representante de la entonces llamada “minoría catalana” heredera -como el tiempo ha demostrado- de la misma minoría que tantas veces, la última cuarenta años antes, se había rebelado contra legalidad y la razón para romper España.
La Constitución de 1978, así redactada y aprobada con una precipitación y urgencia fuera de lugar, ha resultado nefasta.
El modelo autonómico, un experimento suicida en un país como el nuestro, se diseñó chapucera e irresponsablemente para tener contentos a algunos (no todos) vascos y catalanes y, como se ha comprobado, solo ha servido para crear ineficiencias, sobrecostes, corrupción, agravios comparativos, desigualdad entre los españoles y redundancia en las Administraciones, haciendo de España un país ingobernable y creando el germen de la desintegración de la Nación; y todo ello sin aportar ninguna ventaja tangible y real a los ciudadanos salvo, claro está, a los que con la amenaza permanente de su separación llevan décadas saqueando al resto de españoles a la vez que claman que “España les roba”.
La separación de poderes, con esta constitución, es una entelequia. De entrada la forma de elección del Presidente del Gobierno por mayoría de los diputados, sin una elección directa por los ciudadanos, hizo desde el principio casi imposible una separación efectiva entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, de modo que salvo en momentos puntuales (y este es uno de ellos) el Congreso ha actuado a las ordenes del Gobierno, convertido así en un foro de debates, en general de bajísimo nivel, que no sirve absolutamente para nada, pues las decisiones se toman en la sede del partido gobernante y, cuando no es así, las decisiones se toman en impresentables chalaneos entre los lideres de los partidos, generalmente partidos minoritarios, cuando no “anti-España”, a los que el bien común les importa un bledo. Pero no solo eso, sino que la independencia del tercer poder, el Judicial, pende de un hilo finísimo que cada día es más débil y que, si nadie lo remedia, pronto se romperá. Que el gobierno nombre al Fiscal General, que los partidos políticos nombren a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y a los magistrados del Tribunal Constitucional, sin que -para más inri- estos tengan que pertenecer a la carrera judicial, son errores garrafales que, como estamos comprobando ahora, abren la puerta a un estado totalitario sin que con esta Constitución se pueda evitar.
La Jefatura del Estado, el Rey, fue convertida en una figura decorativa. Aunque la Constitución dice que “arbitra y modera”, no le da absolutamente ninguna herramienta, ninguna capacidad de hacer o impedir que se haga, para cumplir con esas funciones. Se dice que ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero carece de la más mínima atribución para dar una orden al último recluta recién alistado (ya se que ya no hay reclutas). Al establecer que sus actos deben ser refrendados por el Gobierno se da pie, como ya ha sucedido, a que el gobierno le prohíba asistir a un acto solemne del Poder Judicial (en teoría independiente del Poder Ejecutivo) al que ha sido invitado y al que tradicionalmente ha asistido, o que le prohíba visitar una región de España para “evitar crispación” o, por supuesto, a que tenga la obligación de sancionar y promulgar cualquier Ley que le pongan delante, aunque sea abiertamente inconstitucional, inmoral o injusta. Hasta una Ley cambiando la forma del Estado para dar paso a la Tercera República debería ser firmada sin rechistar por el Rey, como un manso corderito.
La Constitución en vigor no sirve para defender el principal derecho de los seres humanos, el derecho a la vida. Permite leyes criminales, como la del aborto o la de la eutanasia.
La Constitución de 1978 no sirve para garantizar la igualdad entre los españoles, no solo por el hecho de vivir en una u otra región, sino, por ejemplo, entre españoles de distinto sexo, como se comprueba cada día con las leyes “de género”.
Nuestra Constitución no sirve para garantizar las libertades individuales básicas. En cuanto han llegado al poder una banda de totalitarios y liberticidas como la que sufrimos ahora, y con la Constitución en la mano, nos han metido en un Estado de Alarma de cerca de 9 meses (si no lo prolongan), gobernando por decreto y anulando libertades básicas, como la de movimiento, la de reunión, la de residencia y tantas otras. O se han sacado de la manga, con la Constitución en la mano, varias leyes que les permiten anular la libertad de expresión, de asociación, de catedra o incluso de pensamiento, si es que este se puede anular; ahí está la Ley de Memoria Democrática, o la censura a los medios de comunicación y a las redes sociales.
La Constitución que sufrimos es una herramienta perfecta para los que buscan debilitar y en última instancia, si pudieran, hacer desaparecer a la familia, célula básica de la sociedad y ámbito esencial para el desarrollo del ser humano. Divorcio, aborto, matrimonios homosexuales, adopción de hijos por parejas del mismo sexo, gestación subrogada, etc., etc. son la consecuencia de un texto constitucional que no sirve en absoluto para proteger esa realidad insustituible.
¿Qué constitución es esta que no sirve, por ejemplo, para impedir que el idioma español, ese que todos los españoles tienen el “deber de conocerlo y el derecho a usarlo”, sea arrinconado cuando no prohibido en muchas regiones de nuestro país? ¿Qué constitución es esta que permite que partidos que abiertamente la rechazan no solo tengan representación parlamentaria, sino que tengan una influencia decisiva en la gobernabilidad de la Nación? ¿O que facilita que la religión que profesa la gran mayoría de los ciudadanos sea ninguneada y ridiculizada, cuando no perseguida, mientras se fomentan otras que representan todo lo contrario a los fundamentos morales y éticos de nuestra civilización?
Quitémonos la venda de una vez, dejemos de adorar a ese falso ídolo: con esta Constitución solo vamos al abismo.
Y yo, desde luego, nada tengo que celebrar hoy.
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