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Existe una frontera moral y jurídica que distingue a una democracia funcional de un régimen clientelar: la separación entre la caja del Estado y el presupuesto de un partido político. Cuando esa línea se quiebra, la contienda electoral deja de ser un contraste legítimo de proyectos para convertirse en una subasta institucionalizada donde el gobernante de turno utiliza el esfuerzo del contribuyente para perpetuarse en el poder.
Lo que estamos presenciando por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en los prolegómenos de cada cita con las urnas no es política social ni redistribución de la riqueza; es un reparto descarado de fondos públicos diseñado con tiralíneas para la compra de votos. Bajo el disfraz de transferencias, subvenciones de última hora, cheques promocionales y concesiones partidistas dirigidas a caladeros concretos de votantes, el sanchismo ha elevado el dopaje electoral a la categoría de estrategia de Estado.
Es una estafa democrática en toda regla. Resulta profundamente inmoral, y debería ser constitutivamente ilega, que quien ostenta el mando del BOE pueda vaciar las arcas comunes para engrasar su maquinaria partidista justo cuando los ciudadanos son convocados a las urnas. Juegan con la ventaja tramposa de repartir un dinero que no les pertenece, endeudando a las generaciones futuras para salvar su presente político.
Esta perversión del sistema exige una respuesta legislativa taxativa. La normativa electoral debe ser modificada con urgencia para blindar la neutralidad de las instituciones durante los periodos preelectorales y de campaña. Debe prohibirse expresamente y bajo severa sanción penal la aprobación o entrega discrecional de partidas presupuestarias, ayudas o subvenciones dirigidas a colectivos específicos en vísperas de unos comicios. Ningún gobierno, sea del color que sea, puede tener la prerrogativa de usar el presupuesto nacional como un fondo de maniobra privado para influir en el sentido del voto.
Frente al cinismo de quien concibe el poder como un botín y al ciudadano como un sujeto comprable mediante dádivas, es hora de exigir dignidad e integridad institucional. La soberanía nacional pertenece al pueblo español, y su voluntad no se vende ni se subasta con el dinero que con tanto esfuerzo ingresan los trabajadores en las arcas públicas.
La instrumentalización de los recursos de todos para el beneficio de unos pocos no solo prostituye
el juego democrático, sino que consolida una cultura de la dependencia donde el ciudadano deja de ser
contemplado como un sujeto libre y responsable para ser tratado como un cliente cautivo del Estado.
Este asistencialismo estratégico, calculado al milímetro en los despachos de propaganda de La Moncloa,
busca anestesiar el juicio crítico de la sociedad mediante la entrega de migajas financieras
financiadas a costa del déficit y la deuda desbocada. Se pretende sustituir el mérito, la cultura del trabajo
y la prosperidad real por un sistema de vasallaje donde la subsistencia o el bienestar
de determinados colectivos parezca depender de la continuidad del régimen sanchista en el poder.
Asimismo, esta práctica perversa atenta directamente contra el principio de equidad
que debe regir toda contienda electoral. Mientas las fuerzas de la oposición
deben presentar sus propuestas en igualdad de condiciones teóricas, el Ejecutivo
utiliza la maquinaria gubernamental como un altavoz propagandístico inacabable
y como un cheque en blanco financiado por los propios contribuyentes, incluidos aquellos
que jamás votarían por su gestión. Esta asimetría tramposa convierte las citas
con las urnas en un terreno absolutamente adulterado donde las decisiones
presupuestarias no responden a criterios de eficiencia económica o necesidad pública,
sino a picos de conveniencia demoscópica y electoral.
Es hora de señalar sin ambages esta forma sutil de corrupción institucional
y de exigir un marco normativo inflexible que tipifique como delito la utilización
del erario público con fines de proselitismo o captura del voto. España
no puede seguir siendo el patio de recreo de gobernantes sin escrúpulos
que dilapidan el esfuerzo del tejido productivo para blindar sus sillones;
la verdadera libertad política exige elecciones limpias, instituciones neutrales
y una ciudadanía consciente de que el futuro de España no se negocia
ni se compra con el propio dinero del pueblo.
RES NON VERBA
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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