Corrupción, negligencia, obsolescencia: Homicidio sin dimisión en Adamuz y Urda. Por Ignacio Fernández Candela

La tragedia de Urda no es fruto de un aciago destino ni de una fatalidad imprevisible: es la consecuencia directa, matemática e inevitable de un encadenamiento criminal de corrupción, abandono sistemático e ineficiencia institucional. La España oficial, encarnada en un Óscar Puente parapetado en su propia soberbia y en un Pedro Sánchez experto en el blindaje de chivos expiatorios, pretende despachar una masacre ferroviaria atribuyendo el desastre a un fallo humano puntual. Es el recurso vil de un poder moralmente en ruin que se niega a asumir que la verdadera causa del siniestro se llama negligencia generalizada.

Las informaciones y testimonios que emergen desde las propias entrañas del sistema ferroviario son escalofriantes. Interventores y profesionales de Renfe, venciendo el clima de miedo e intimación interna, han comenzado a alzar la voz para denunciar una realidad que era un secreto a voces: la red de seguridad dependiente del Ministerio de Transportes arrastra deficiencias sistémicas sin renovar desde el año 1992. Trabajar en el control de tráfico y en la movilidad con sistemas informáticos y ordenadores obsoletos de los años noventa no es solo un anacronismo tercermundista, trágicamente también una ruleta rusa diaria. Cuando los propios técnicos alertan de que los trenes «desaparecían» de las pantallas de monitorización por fallos continuados en la infraestructura de señalización, el sistema ya no es fiable: es una trampa mortal.

Aquel deterioro que comenzó a vislumbrarse en Canfranc o en las averías sistemáticas de la red no era una anomalía pasajera, sino el síntoma inequívoco de la podredumbre interna de un Ministerio más volcado en el agitprop partidista y la chulería política que en el mantenimiento riguroso de las infraestructuras de todos. Cuando las cosas se gestionan desde la dejadez y el despilfarro presupuestario orientado al redespliegue ideológico en lugar de a la seguridad del ciudadano, las advertencias se convierten en profecías trágicas: el desastre que se temía ha terminado materializándose de la forma más dolorosa posible.

Frente a la sangría en las vías, la respuesta gubernamental vuelve a ser el cinismo. Óscar Puente afirma que no dimite y el Ejecutivo elude cualquier atisbo de asunción de responsabilidades penales. Sin embargo, la verdad es taxativa: cuando se antepone la corrupción y la negligencia a la vida humana, los responsables no solo deben abandonar sus despachos, sino responder de manera íntegra e implacable ante los tribunales de justicia. España no puede seguir pagando con vidas la ineptitud de un régimen en descomposición.

Absolutamente sangrante es observar cómo este desgobierno criminal que se quiere enquistar con trampas para sumir a España en una tragedia continuada,  pretende desviar la atención sobre la cadena de mando mientras los trabajadores del sector ferroviario arriesgan su profesionalidad y su integridad al denunciar la obsolescencia de los equipos. No hay margen para el engaño: cuando un centro de mando opera con tecnologías desfasadas hace más de tres décadas y los propios interventores confirman la ceguera temporal de los monitores sobre la ubicación exacta de las composiciones, la responsabilidad penal escala directamente hasta la cúspide del Ministerio. Buscar chivos expiatorios entre los eslabones más débiles de la cadena operativa es un acto de cobardía institucional que solo busca salvar la cabeza política de quien ha demostrado una incapacidad manifiesta para gestionar la seguridad básica del Estado.

Por si faltara un rasgo de patetismo en medio de la catástrofe, las tardías filtraciones y descargos de la propia expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera —cercada ya por la justicia e imputada en tramas de corrupción que salpican al Ministerio—, suenan a un vano y desesperado arrepentimiento pardo. Pretender destapar ahora el catálogo de fallas brutales, deficiencias sistémicas e inoperancia técnica para derivar la culpabilidad hacia el equipo de Óscar Puente no es un acto de rigor ni de valentía profesional, sino el intento de quien busca sacudirse la responsabilidad penal y política ante el inevitable naufragio de la gestión estatal. La confesión extemporánea de lo que era un secreto a voces no exime a ningún mando de su complicidad en este desastre anunciado: la culpa por omisión, corrupción y negligencia continuada los señala a todos sin excepción.

El país no soporta más esta ruleta rusa en la que se ha convertido la movilidad nacional. La advertencia estaba sobre la mesa y los hechos han terminado dando la razón a quienes veíamos en el deterioro acelerado de las infraestructuras la antesala inevitable de una catástrofe. Quien ocupa un sillón ministerial para emplearlo como tribuna de agitación y desprecio a los ciudadanos, mientras las inversiones en seguridad se diluyen en el pozo sin fondo de la ineficiencia partidista, es moral y políticamente responsable de cada vida tronchada en las vías. Es hora de exigir justicia con todas sus consecuencias, sin atenuantes ni amparos diplomáticos, hasta que la dignidad y el ordenamiento jurídico prevalezcan sobre la impunidad del poder.

Los ciudadanos que han viajado en tren a lo largo de estos años han estado expuestos a un peligro constante e implacable, víctimas de los subterfugios de un Ministerio empeñado en sostener la ficción de la «movilidad a toda costa». Con los trenes desapareciendo de las pantallas de control por la obsolescencia de los sistemas de seguridad, millones de personas se han estado jugando la vida a diario en una macabra ruleta rusa sin ser conscientes de ello. Ocultar la ceguera técnica de la red para evitar el coste político de frenar el tráfico ferroviario no es gestión pública; es una negligencia criminal que ha convertido la rutina de cualquier pasajero en un ejercicio de alto riesgo.

Pedro Sánchez debería ser detenido para que cese este infierno habitual de auténticos seres sin entrañas ni escrúpulos capaces de todo para seguir aspirando al carroñero poder del desorden moral que provoca víctimas constantes pasadas , presente y futuras.

Pedro Sánchez debería responder ante la justicia y ser procesado para que cese de una vez este infierno de seres desalmados y sin escrúpulos, capaces de todo por aferrarse al poder de un orden amoral que sigue provocando víctimas constantes: pasadas, presentes y futuras.

Res non verba.