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Hay un instante en la vida de una nación en el que la aplicación del Derecho trasciende la inercia del trámite formal para convertirse en un acto puro de humanidad y reparación histórica. Quince años tras el colapso de la emisión de pagarés de Nueva Rumasa, la causa no requiere de pugnas interminables, sino de una mirada serena, justa y valiente por parte de nuestros magistrados. La judicatura española tiene hoy en sus manos la oportunidad de culminar uno de los procesos más desgarradores de nuestra historia reciente, comprendiendo que, en esta etapa final, la verdadera tutela judicial no reside en perpetuar la causa, sino en cerrarla de manera definitiva.
Quince años de espera representan una prueba excesiva para miles de familias que confiaron en la buena fe del sistema. A estas alturas del camino, la inadmisibilidad a trámite de los recursos de casación se erige como la única respuesta coherente con el espíritu de la ley. La ingente labor técnica desarrollada durante tres lustros por las instancias de mérito ha dejado la verdad de los hechos fijada, probada e inalterable. Pretender reabrir o dilatar este escenario mediante la casación carece ya de sustento doctrinal o de interés casacional genuino; se convierte, en la práctica, en un cauce artificioso que prolonga la agonía de los Inversores. Por ello, declarar la inadmisión de dichos recursos no es denegar justicia, sino ejercerla en su grado más alto: es la decisión firme y amparadora que impide el abuso del tiempo y liquida quince años de parálisis.
Nuestros jueces y magistrados, en su independencia y rigor, son los primeros conscientes de que el paso de los años sin ejecución destruye el propio sentido de la tutela efectiva. Cuando la instrucción y las sentencias de fondo han dejado el panorama plenamente esclarecido, la excelencia judicial se demuestra acortando el artificio procesal y despejando el horizonte para que los pagos y las restituciones se hagan efectivos. La inadmisión de la casación es la llave maestra para desbloquear el drama, el acto de prudencia suprema que devuelve la certidumbre a las víctimas y pone el broche de honor para la historia a la labor de los tribunales. Es la hora de la altura de miras: cerrar los cauces dilatorios para que la justicia, de una vez por todas, sea una realidad tangible y reparadora.
La persistencia en la dilación procesal no solo quiebra la lógica del ordenamiento jurídico, sino que atenta contra un principio superior de justicia universal y restauración espiritual. Quien dilata lo inesquivable con la estrategia del recurso, a sabiendas de demorar la entrega de lo debido a familias devastadas por la espera, no solo manipula la ley terrenal, sino que incurre en una falta grave ante los ojos del Creador y el orden moral del universo. Hay un tiempo sagrado para la siembra del esfuerzo y un tiempo ineludible para la recolección de la verdad. Pretender perpetuar el sufrimiento ajeno mediante el abuso de los trámites es oponerse a una ley divina que, tarde o temprano, equilibra la balanza y exige cuentas a quien ha amparado la injusticia por omisión o artificio. No solo se pena sobre la tierra el daño infligido a los inocentes.
Por eso, los magistrados que hoy tienen ante sí la decisión de inadmitir estos recursos de casación no solo ejercen un acto de impecable técnica legal, sino que se convierten en instrumentos de la providencia para sanar un dolor de quince años no dejándose llevar por la corriente tramposa de quienes retardan con mayor suplicio el daño ocasionado, al parecer, sin penitencia.
Este largo y complejo periplo judicial ha exigido una fe a prueba de bombas y un sacrificio económico añadido en un escenario de profunda vulnerabilidad para los afectados. En esta agónica carrera de resistencia, el tiempo de la Justicia, con sus ritmos exasperantes y su insensibilidad burocrática, ha sometido a los afectados a una tortura psicológica constante, donde cada año de incertidumbre se ha sumado como una pesada losa a lo que ya de por sí constituye una hazaña de soporte emocional indescriptible. Frente a esta travesía del desierto, destaca el trabajo impecable de la representación legal que, plenamente consciente del ahogo financiero y el desgaste personal de sus representados, ha actuado con un rigor técnico y un compromiso ético intachables para llegar con garantías hasta esta meta. La dilación actual en la resolución de unos recursos de casación que, por estricta doctrina procesal, no deberían ser ni admitidos a trámite, no es más que el último y cruel obstáculo de un sistema conscientemente lento. Sin embargo, no cabe perder la templanza ni la perspectiva: la solvencia del trabajo realizado está acreditada y este trámite final no es más que el último estertor de un proceso que ya está ganado en el fondo y en la razón.
La justicia humana alcanza su cumbre más elevada cuando se alinea con la justicia divina, sin dejarse engañar por las artimañas legales de los culpables que no dudaron en destrozar vidas ajenas, liberando a los inocentes del cautiverio del tiempo y restituyendo la paz a las almas golpeadas. Cerrar la puerta a la casación es despejar el camino para que la verdad brille sin ataduras, demostrando que la fe en lo justo no ha sido en vano y que la dignidad del hombre siempre prevalece bajo el amparo de Dios y de las leyes de la justicia terrena, así sea como la divina.
Ignacio Fernández Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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