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La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) ha pulverizado cualquier margen para la tibia retórica política o el mero trasvase de responsabilidades burocráticas. La pérdida de vidas humanas en los raíles no es fruto de un fatalismo fortuito ni de un imprevisto técnico aislado; es el desenlace contable y trágico de una política de mantenimiento reducida a la mínima expresión, donde la propaganda y el sectarismo ideológico han desplazado por completo al rigor, la seguridad y la inversión en infraestructuras esenciales.
Hoy, los datos sitúan a España en una posición tentadora como sonrojante en el mapa internacional: tras el siniestro de Urda, nuestro país concentra ya el 72,6% de las muertes registradas en la alta velocidad a nivel mundial. Un indicador demoledor que desmonta de un plumazo el relato oficial sobre la excelencia del sistema ferroviario español y expone las vergüenzas de una gestión volcada en la agitación partidista mientras los cimientos de la red se desmoronan por falta de mantenimiento.
Frente a la magnitud del desastre, la respuesta del Ministerio de Transportes y del Gobierno central ha seguido el manual consabido del sanchismo: parapetarse tras los protocolos formales de Adif, dilatar los tiempos de explicación pública y activar la maquinaria defensiva para derivar la culpa hacia escalafones técnicos o factores externos. Mientras el ministro Óscar Puente se atrincheraba en la chulería institucional y en el ataque furibundo a la oposición a través de redes sociales, el sistema colapsaba en un terraplén toledano.
Esta huida hacia adelante ha encendido la indignación social y jurídica. Ya se han formalizado denuncias penales por un presunto delito de homicidio imprudente, señalando de forma explícita la chapuza en los sistemas de mantenimiento preventivo y la omisión continuada del deber de conservación. La tesis es clara: cuando se ignoran los avisos de los profesionales, cuando se escatima en revisiones periódicas para desviar recursos a la red clientelar del régimen y cuando la soberbia sustituye al deber de protección, la negligencia deja de ser administrativa para convertirse en una responsabilidad penal directa.
El deterioro de la red pública no se detiene en los raíles. La red de carreteras del Estado atraviesa el peor momento de conservación en toda la historia de nuestra democracia. El abandono de las labores de asfaltado, señalización y conservación básica ha convertido miles de kilómetros de la red viaria en una trampa mortal. Esta sangría silenciada en el asfalto, fruto de un déficit de inversión estructural que se cuenta por miles de millones de euros, se cobra una factura diaria en vidas de ciudadanos de a pie que pagan con su integridad el saqueo de las cuentas públicas.
El Ejecutivo, en realidad un desgobierno de corruptos y criminales, juega a una macabra lotería con la vida de los españoles: convirtiendo el tren en un servicio sumido en el caos, la avería permanente y la inseguridad latente; dejando pudrirse el firme de las arterias principales del país por puro cálculo ideológico y desidia presupuestaria; y perpetuando una dinámica de impunidad donde la corrupción, el fraude electoral y el asalto al Estado de Derecho buscan blindar la permanencia en el poder cuatro años más por la vía del engaño.
España no puede aguantar más este ejercicio de cinismo criminal. Exigir la dimisión de Óscar Puente se queda trágicamente corto frente a la gravedad de los hechos. Quien ha ejercido el cargo con altanería, despreciando las advertencias técnicas y anteponiendo el agitprop político a la seguridad física de los viajeros y conductores, debe responder con nombres y apellidos ante los tribunales de justicia. No hay quien lo aguante.
No estamos ante un mero error de gestión política; estamos ante las consecuencias nefastas de la ineptitud elevada a norma de gobierno que además ¿aspira a encubrir los psicopáticos desmanes con manipulación de la violencia en las calles culpando a una ultraderecha inexistente? Dan asco a muerte; a muerte del suma y sigue de víctimas que se inició con el exterminio de nuestros padres, seres queridos asesinados por protocolos de sedación durante los confinamientos ilegales del 2020. Suma y sigue hasta la próxima cuando deberían estar juzgados y encarcelados y no con aspiuraciones electorales para seguir destrozando un país maravilloso como era España.
El desmantelamiento del servicio público y el sacrificio de la seguridad de los ciudadanos a cambio de la perpetuación en el poder exigen una respuesta penal e institucional tajante. La memoria de las víctimas de Urda y el respeto a la vida de los españoles exigen que los responsables rindan cuentas, sin parapetos ni aforamientos, ante la justicia.
Basta de encadenar tragedias y traiciones. Fuera el sanchismo de nuestras vidas. Los únicos que deberían pagar el precio político y judicial, el más severo karma, son los responsables de tanta muerte inocente que pretenden enquistarse hasta el 2031 y más allá. FUERA COMO SEA.
RES NON VERBA
Ignacio Fernández Candela
El cinismo criminal de Óscar Puente llamando a incendiar las calles. Por Ignacio Fernández Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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