AVITE, harta de la indignidad política, recurre al Defensor del Pueblo. Por Ignacio Fernández Candela

En el resto de países, Grünenthal fue condenada a indemnizar a cuantos sufrieron la salvaje mutilación de sus miembros desde su nacimiento. En España no es así. Son 73 años de lucha inefectiva y seguramente porque siendo de los países más corruptos del orbe, las presuntas añagazas de la farmacéutica fueron permeables en su corrupción afectando a la Justicia vergonzosa y a cuantos políticos se dejaron untar para dejar sin efecto la cadena indemnizatoria, desplegada en países verdaderamente interesados en preservar la básica decencia moral atendiendo las necesidades de miles de víctimas.

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), es la triste prueba del grado de bajeza que España acostumbra, prescindiendo de la básica atención por los más vulnerables de la sociedad. Una sociedad egoísta e interesada, si desprendida en generosidad, con la otra mano presta a recoger los beneficios de la especulación caritativa. Misericordia de míseros exaltados con intereses de cálculo previo, fanáticos de lo suyo y moderados en la denuncia de la injusticia, tamaña injusticia con los damnificados de la satánica Talidomida asacada de siniestros laboratorios que en la actualidad siguen fabricando ponzoña; como si sus repugnantes métodos de alquimia de infierno pudieran borrar una industria del Mal a la que se han plegado políticos y jueces con una inconsciencia disfrazada de ley y orden, factura de por vida para quienes serán juzgados en la muerte postrera con la carga de sus detestables frivolidades de responsabilidad no asumida.

Los afectados desde hace 73 años siguen exigiendo la Justicia que se les ha negado de modo reiterado. Son utilizados electoralmente a conveniencia para luego ser desterrados de los despachos que fingían estar dispuestos a escucharlos. ¿Qué esperar de políticos sin un ápice de honra pendientes de la imagen pública, si no se les descubre la escoria interna que solapan tras la demagogia?

Ahora el Defensor del Pueblo dispone sobre su mesa de una denuncia histórica que es mancha indeleble de la conciencia colectiva de España. No obviamos la penitencia conjunta de la España que ha sido capaz de progresar en apariencia, dejando rastros de demoníaca ignorancia por el perjuicio latente contra los más necesitados. El problema no es la deformación física de quienes claman por sus derechos, sino la atrofia de la conciencia que sin saberlo nos lleva a los oscuros designios que entraña la despreocupación por la tragedia ajena, por décadas, preocupados por lo nuestro ignorando que todo acto posee consecuencias. Desoír la evidencia de quienes poseen derechos a la altura de sus magnánimos sacrificios no es solo una repulsiva negativa contra la básica caridad, también nos define social e individualmente si aceptamos que la maldad política y judicial no atienda el perentorio clamor de los damnificados tras casi un siglo de vejación farmacológica. En la conciencia del Defensor del Pueblo-quien se ha dado un plazo para admitir a trámite la denuncia o archivarla-reside la de toda España. Que se gestione la ayuda efectiva y en Justicia, de una vez por todas las décadas pendientes, a las Víctimas de Grünenthal. Gran responsabilidad existencial la de  Ángel Gabilondo y sus adjuntas primera y segunda, María Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena, que deciden sobre una injusticia universal, tocando expresamente a sus puertas la oportunidad de afrontarla: con la conciencia saldada es mejor cuando llegue ese último suspiro al que todos nos dirigimos sin excepción. Mucho mejor asumir el deber moral que cargar con un compromiso ineludible e ignorado. Veremos qué deciden en consecuencia, digamos, existencial.