Las evidencias son incontestables. Bastan para comprobar la realidad. Por Ernesto Ladrón de Guevara

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Que un Gobierno tenga reticencias para condenar al régimen castrista que está masacrando a la población disidente; que clama por la libertad y por unas condiciones de vida justas y mínimas para la supervivencia como personas, da la pauta de cuál es la guía ideológica y la orientación de sus políticas.

Cualquier demócrata de poca monta debe detestar un sistema político que esclaviza a sus súbditos, reducidos a números sin valor ni de identidad personal; que reprime con saña a los que se expresan de manera divergente a un totalitarismo tiránico que impide elecciones libres y opciones políticas diversas.

Cuba y los cubanos son parte sustantiva de la Hispanidad. Fueron nuestros hermanos y lo siguen siendo en el corazón de muchos de nosotros; y merecen nuestra solidaridad y apoyo. Pero el Gobierno prefiere mantener buenas relaciones con los tiranos. Borrell no sigue las resoluciones del Europarlamento que condenó tanto el régimen nazi como los sistemas comunistas. Ya no necesitan caretas, les tenemos vistos, sobradamente descubiertos, en su perniciosa intención de llevarnos a un sistema bolivariano en España.

Que un Gobierno falte al respeto institucional, criticando las sentencias que no le gustan y señalando a los magistrados del Tribunal Constitucional para inducir la presión sobre ellos; a los que se han posicionado de forma mayoritaria sentenciando la inconstitucionalidad de las medidas que se adoptaron al comienzo de la Pandemia bajo la figura del Estado de Alarma, deja al descubierto la vocación totalitaria de controlar al Poder Judicial y de ponerse de perfil ante las resoluciones que les afectan, como lo hacen secesionistas como los del PNV que piden a cambio del apoyo al Ejecutivo que desactive al Tribunal Constitucional, dejando sin efecto el Recurso Previo ante esa jurisdicción.

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Nunca se ha visto, hasta ahora, que un gobierno de España se enfrente a una resolución judicial del máximo órgano de garantías constitucionales, con la crítica de portavoces significativos del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, y con la repulsa de Tribunal Constitucional, que considera una intromisión inaceptable en las competencias del máximo órgano jurisdiccional en materia de garantías constitucionales.

Esta situación, aunque pase desapercibida para el gran público, es de suma gravedad, porque estamos en manos de desaprensivos que piratean la gobernación del Estado, y suplantan los poderes de la Nación; que arrastran una ilegitimidad de ejercicio y que impiden el libre juego de contrapesos, parasitando y ocupando como elefantes en cacharrerías todas las instancias del poder, o, al menos intentándolo, como últimamente con el Tribunal de Cuentas, máximo órgano de fiscalización y control de las cuentas del Estado.

Estos aprendices de regímenes totalitarios tratan de liquidar el sistema constitucional y sus órganos. A nadie se le ocultó desde el primer momento que para liquidar nuestros derechos y libertades con motivo de la pandemia, utilizaron un método ilegal e ilegítimo. Un año más tarde el Alto Tribunal lo constata en forma de sentencia, cuando ya no tiene efectos prácticos y no hay reversión en los efectos. Los daños producidos en la población por medidas radicalmente arbitrarias sin soporte jurídico ya no tienen forma de ser reparadas, salvo recursos de aquellas personas más afectadas que puedan reclamar daños patrimoniales.

Todos sabíamos que la única manera de restringir garantías y derechos constitucionales que afectaran a personas físicas y jurídicas, era mediante el Estado de Excepción, y sin embargo, de forma patosa y claramente ilegítima siguieron un camino que dinamitó el sistema de garantías jurídicas dejando la seguridad del Derecho en precario.

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Fue un intento de experimentar vías que superaran el marco jurídico para comprobar hasta qué punto podía llevarse a cabo una vía arbitraria en la toma de decisiones, y desde ese mismo instante, abusando de la figura del Decreto Ley y desactivando al Parlamento, empezaron a desmontar el andamiaje jurídico, hasta hoy mismo, preparando el camino para un cambio de sistema y de régimen.

Y por ese camino seguimos, pero al menos, supongo que los más despiertos vayan tomando conciencia de que las libertades se conquistas y hay que luchar para mantenerlas.