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A cualquier persona que se tenga como tal le debe preocupar el devenir de la infancia, la situación psicológica y emocional de las nuevas generaciones y su desarrollo como individuos que sean capaces de interactuar socialmente de manera civilizada, y ser útiles para sí mismos y para los demás.
Es una impresión subjetiva la mía, de que, por el contrario, cada vez hay una menor sensibilidad de la gente en general por los derechos de la infancia, por la protección de las familias, convirtiéndolas en parte indispensable en el aporte de valores, hábitos y actitudes adecuadas, exigiendo a los poderes públicos los medios para que los padres y tutores puedan actuar en su función básica educacional, y ejerciendo su libertad de elección del tipo de educación para sus hijos o tutelados. En este sentido, cada vez es más inviable la compatibilidad entre la vida laboral o profesional y la familiar. Los sindicatos incumplen su función de velar por los derechos de los padres para disponer del tiempo necesario para interactuar con sus hijos, y así modular sus comportamientos, ofreciendo a éstos el trato afectivo para un desarrollo emocional que sea el pilar de su equilibro como personas dotadas de una personalidad estable y resistente ante cualquier tipo de frustración.
Cuento el caso de una familia que conozco que explota a sus abuelos bajo el chantaje emocional de impedir estar con los nietos si no los cuidan durante todo el verano.
Pero no contentos con someter a un trabajo que excede a su capacidad de resistencia psíquica y física por la elevada edad de estas personas, estos abuelos se ven concernidos con cargas añadidas. Y aceptan para no verse privados de ver a sus nietos, sin estar en condiciones de sobrellevar durante todos los periodos vacacionales la carga que suponen tres nietos hiperactivos sin pautas de conducta adecuadas, abandonados durante horas en el domicilio conyugal hasta la llegada de sus progenitores, y sin una atención acorde a la necesidad de su evolución como niños en desarrollo. Los padres de estos niños aumentan el estrés de esos abuelos sin dar ni una respuesta a las demandas de atención que manifiestan las conductas de sus pupilos, cargándolos sobre las espaldas de los abuelos para así ahorrarse un gasto de una persona que asista a esa infancia desasistida.
Estas situaciones, que son más frecuentes de lo que suponemos, se deben a que mientras los abuelos han sido los depositarios de valores y tradiciones seculares para mantener los lazos que unen al grupo paterno-filial, cada vez hay en las nuevas generaciones de padres menos sensibilidad y conciencia moral de sus obligaciones parentales convirtiéndose en verdaderos tiranos. Y los niños se convierten en seres con problemas de estabilidad emocional, de autocontrol, con un autoconcepto mal formado y sin una autoestima bien construida, con déficits de atención e hiperactividad, y carencias de todo tipo en los aspectos de los hábitos, conductas sociales e identidad personal; lo cual dirige más pronto que tarde, según los informes de algún ámbito fiscal, a brotes psicóticos, síndromes ansiosos, agresividad incluso hacia sus mayores una vez llegada la adolescencia, y conductas asociales, cuando no a casos de suicidio.
Hay demasiados padres que priman determinadas prioridades en los aspectos materiales mientras abandonan a sus hijos en la formación de su personalidad.
Las administraciones públicas están más atentas a retirar la patria potestad a ese tipo de padres que a inducir una actitud responsable de los mismos, reconviniéndoles y orientándoles; ofreciendo los cauces necesarios para reconducir comportamientos de indiferencia. Lo que luego ocurre en los centros de acogida o personas receptoras de esos niños para su tutela a nadie parece preocupar, y hay buena gente que está denunciando el negocio que supone la acogida de los niños y el destino escabroso de algunos de ellos, que han saltado en determinadas ocasiones a las páginas de los periódicos, pervirtiendo a esos niños e, incluso, prostituyéndolos.
Es hora de trabajar para corregir anomalías inaceptables en la protección del superior interés de los niños, persiguiendo de oficio transgresiones que puedan ser susceptibles de castigos penales. La justicia no debe esperar a que haya denuncias. Los fiscales y la policía judicial deben servir para resolver este tipo de casos, y no perseguir a algún periodista que se ha implicado en este tipo de informaciones..
Es evidente que el descuido hacia los derechos de los niños es flagrante por parte de algunas administraciones públicas. Ni se protege el derecho a la educación, por ejemplo en la elección de la lengua de aprendizaje, ni la oferta educativo es de suficiente calidad en España, y ahí están los datos de los informes de la OCDE para comprobarlo. Ni hay una protección efectiva para el desarrollo espiritual, moral, emocional y cognitivo de nuestros muchachos.
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