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Del mismo modo que Alemania precipitó los acontecimientos de 1914, imbuida junto con las potencias centrales de espíritu contrarrevolucionario para contrarrestar el avance del socialismo mediante acciones preventivas en aras a unificar el país y garantizar el mantenimiento de sus instituciones y estructura social, sin entenderlo como un mero retorno al pasado sino admitiendo la máxima del político saboyano Joseph de Maistre, que reza: “la contrarrevolución no es lo contrario de la revolución, sino que más bien constituye una revolución opuesta”, también el ilustre hispanista e historiador Stanley Payne nos dice que Franco— parece que renunció a la idea de recuperar una república que había dividido en dos a España, un régimen fallido desde su comienzo, excluyente y sectario, que ya a mitad de 1934 tanto Azaña como otros líderes republicanos de izquierda venían participando en iniciativas que insistían en la “hiperlegitimidad” de un gobierno que, al margen del resultado electoral, fuera exclusivamente de izquierdas—implícitamente aceptó la sentencia de Maistre para ocuparse de España y superar los trágicos efectos de la revolución del Frente Popular.
Según y conforme con lo expuesto, salvando el evidente contexto histórico, podemos sin mayor esfuerzo ni humeante reflexión encontrar preocupantes similitudes con lo que el actual gobierno frentepopulista de Sánchez pretende hacer con España, y en consecuencia recordar las ineludibles obligaciones personales, colectivas e institucionales que impidan la desmembración territorial de la Nación o la descomposición del Estado social y democrático de Derecho que los españoles mayoritariamente nos hemos dado.
Es moral y patrióticamente exigible hacer hincapié, poner especial énfasis en denigrar la palabra “democracia” cuando es emitida por las bocas pútridas y mentirosas de los componentes de este gobierno y sus socios, nunca ha estado tan prostituido como en la actualidad y desde el inicio de la Transición el concepto de democracia; ¿no es un crimen, no es un atentado contra la moral, una provocación contra la convivencia, escuchar al terrorista Otegui hablar de “democracia”?
Las urnas en manos de esta grey traidora, incapaz y guerracivilista es una “trampa mortal” para cualquier país sujeto por las ponzoñosas garras del socio-comunismo con marchamo “made in Sánchez”
¿A quién compete directamente garantizar la integridad territorial de España? Sin duda alguna, a las Fuerzas Armadas.
¿Y cómo y de qué manera pueden intervenir para llevar a cabo esa misión? Intervendrán en caso de “ataque o actuación, externa o interna, que tenga por finalidad alterar, modificar o suprimir el territorio español en su conjunto” al margen de la legalidad.
Artículo 8 de la Constitución: “Las Fuerzas Armadas,……, tienen como misión garantizar la soberanía y la independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”
Acaso no es razonable, que o bien políticos o militares invoquen el artículo 8, entendiendo, al margen de la palabrería, intereses partidistas o razonamientos jurídicos, que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, debieran de haber actuado para frenar el intento de secesión en Cataluña en el año 2017, para detener los sucesivos envites que han de venir, una vez que los golpistas han sido indultados, puestos en libertad, suprimidos los delitos por los que fueron juzgados y condenados conforme al código penal, como fueron la sedición y la malversación, cuando a la inhabilitación para cargos públicos se le ha pasado la goma de borrar, cuando a todo este despropósito se le añaden manifestaciones creíbles, contrastadas por la historia, de que tienen la firme intención de volver a rebelarse contra España y la constitución.
Acaso no es menos cierto que los socialistas, comunistas, independentistas, en definitiva, los enemigos de España, consideran una injerencia antidemocrática de las Fuerzas Armadas, un “tutelaje” de los militares sobre la democracia que se incluyó como peaje en la Transición.
Resulta fundamental tener un “marco legal para el empleo de las Fuerzas Armadas” basado en normas como la constitución, la ley orgánica de defensa nacional, la de seguridad nacional…..
Marco legal que implica que deben de intervenir, bajo las directrices del gobierno de la Nación, cuando exista riesgo de demolición del ordenamiento constitucional; ¿nada dice la constitución ni las normas legales, cuando el origen de esa peligrosa contingencia radica en el mismo gobierno que debe dar el beneplácito a su intervención?
La misión constitucional de la FA,s tiene el mayor rango normativo del ordenamiento jurídico, no solo por figurar en sede constitucional, sino de manera especial, por estar en el Título Preliminar de la Constitución.
Garantizar la soberanía como misión constitucional de las FA,s no debiera de circunscribirse a la actuación de Estados extranjeros o actores internacionales, la soberanía radica en el pueblo español, por lo tanto el intento de amputación parcial de la soberanía también es competencia constitucional de las FA,s, de lo cual se desprende que los responsables de las mismas están en su derecho y deber de instar en casos de suma gravedad a desvirtuar o impedir dicha pretensión, y en su caso, exigir un referéndum a nivel nacional sobre tal empeño.
El artículo 2º de la constitución dice: “la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles………..”; por tanto, España se constituye como unidad territorial única, y a un gobierno ilegítimo que ha utilizado las urnas como trampa mortal contra España no le está permitido actuar en contra de esa unidad ni pretender subrepticiamente alcanzar el turbio objetivo de ir en contra la constitución y la integridad territorial de la Nación.
En relación con el hipotético ataque o actuación interna que tenga por fin alterar o modificar el territorio español al que antes se hacía referencia, hemos de concluir que la coletilla “al margen de la legalidad”, adquiere un carácter secundario y no vinculante en este escenario de alta traición en que se están desarrollando los permanentes órdagos orientados para la descomposición de España, la erosión de las instituciones y la subversión del orden constitucional. Esto es así, pues el concepto de legalidad está sujeto a los necesarios y fluctuantes cambios de las normas legales que permiten alcanzar al gobierno sus perversos fines revolucionarios, en algún caso, cambios al margen de la constitución, en otros, retorciendo la ley aviesamente o promulgando normas “ad hoc” en beneficio de los delincuentes golpistas.
El imperativo de legalidad entra en abierta colisión con el principio moral y patriótico de lo que algunos presumen y no tienen, que es el amor a España y el conocimiento histórico de lo que conlleva la tiranía autárquica y totalitaria de las ideologías de la extrema izquierda que a toda costa quieren convertir una dudosa y perfectible “democracia” en el siniestro y criminal “engañabobos” universal.
Sería deseable que la próxima misión de las FA,s y de la sociedad civil en su conjunto, fuese la de organizar y consolidar una “revolución opuesta” a las pretensiones de este gobierno traidor presidido por un ilegítimo espantajo que se dice socialista, revolución, no como mero retorno al pasado, sino como un paso hacia la real voluntad de perfeccionar la democracia tan zaherida y humillada en estas últimas décadas, evitando así la pugna entre absolutos sociales y culturales que nada bueno comportarían a España.
La situación a la que España se ve abocada por el gobierno socio-comunista en estas últimas semanas, bien podría calificarse como de inminente autogolpe de Estado, cuando caiga el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, qué nos queda, esto es fácil de contestar, nos quedarán las Fuerzas Armadas y la Corona, y si las FA,s tiemblan, recelan y no responden, a la Corona le harán cavar su propia tumba.
Nada se dice del principal partido de la oposición, y no es precisamente por olvido, a no ser que al jefe empiecen a darle en el desayuno una dosis de Red Bull y entonces podremos hablar del Partido Popular.
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De acuerdo con la Constitución, las FFAA actúan a las órdenes del Poder Ejecutivo, es decir del Gobierno.
Si el poder ejecutivo comete traición, como es el caso, y las FFAA lo permiten, las FFAA son tan traidoras como el gobierno golpista.