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El transcurso del tiempo en el ámbito del Derecho no es un mero factor cronológico; es un agente transformador que consolida derechos o los destruye porque consume la esencia misma de la reparación. Cuando un procedimiento judicial de trascendencia social y económica masiva se prolonga durante cerca de dos décadas, la respuesta de los tribunales deja de ser una cuestión de estricta técnica procesal para convertirse en un examen de amparo moral y tutela efectiva. La inminente casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en el caso de los Inversores de Nueva Rumasa plantea, en su raíz ontológica, un dilema que transciende los ordinales del Código Civil: la restauración de la equidad o el triunfo del formalismo dilatador.
Miles de familias depositaron en su día sus ahorros e ilusiones bajo la apariencia de solidez de un entramado empresarial que terminó colapsando. Desde entonces, el recorrido judicial, un calvario de capítulos interminables escritos cada amanecer, ha estado marcado por una maraña de recursos, personaciones y resoluciones intermedias que han pospuesto de forma reiterada la resolución sustantiva: la satisfacción patrimonial y el resarcimiento efectivo a las víctimas. Una justicia que se difiere de manera indefinida pierde su vocación reparadora y acaba adquiriendo los rasgos de una denegación de auxilio institucional.
Frente al argumento de la complejidad técnica de las grandes causas financieras, se hace indispensable apelar a la primacía de la justicia sustantiva sobre la ciega aplicación del procedimiento. El recurso de casación ante el Alto Tribunal representa la última trinchera de la legalidad, pero debe ser también el espacio donde resplandezca la equidad. La Sala de lo Civil tiene ante sí la responsabilidad no solo de fijar doctrina sobre el alcance de las garantías de los Inversores, sino de desbloquear definitivamente la vía de ejecución que permita la restitución de los fondos acreditados.
Sostener la validez de los pronunciamientos que amparan a los perjudicados no es una concesión voluntarista; es la consecuencia directa del principio de seguridad jurídica y del deber de protección al contratante de buena fe. Si las resoluciones judiciales que reconocen el derecho al cobro quedan atrapadas en una espiral infinita de formalismos procesales, el mensaje que se proyecta al tejido económico y social es desolador: la impunidad del artificio frente a la indefensión del inversor ordinario.
La verdadera fortaleza de un Estado de Derecho no se mide por la rigidez de sus trámites, sino por su capacidad de restaurar el orden ético alterado por el ilícito o el quebranto masivo. Para los Inversores de Nueva Rumasa, la resolución firme por parte del Tribunal Supremo no constituye una mera expectativa contable; representa la restitución de la dignidad vulnerada por años de incertidumbre y silencio.
El imperativo que hoy encara el Alto Tribunal exige trascender la tentación de la dilación cautelar para pronunciar una palabra definitiva y tajante. Solo a través de un fallo firme, orientado a la pronta liquidación y entrega de las sumas reconocidas, el sistema judicial cumplirá su alta misión de administrar Justicia con mayúscula: aquella que, según la lección clásica, consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, sin más demora ni más excusa que la verdad revelada de los hechos.
Ignacio Fernández Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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