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«Sra. Presidente:
Soy Custodio Ballester, sacerdote católico de Barcelona en España.
Deseo denunciar la arbitrariedad y el abuso de poder de la fiscal de odio de Málaga, María Teresa Verdugo, empeñada en encarcelarme por ejercer mi libertad de expresión y pensamiento, reconocidos en la Declaración de Viena, y mi derecho a hablar y actuar en conciencia.
He sido acusado de un delito de odio por haber afirmado en la web alertadigital.com que el yihadismo radical y el islamismo violento quieren destruir Europa y la civilización occidental. Mi crítica iba dirigida única y exclusivamente a los yihadistas violentos e islamistas radicales, no a todos los musulmanes sin distinción. Así lo declaré en la instrucción judicial donde hablé únicamente con el juez. La fiscal de odio de Málaga no estuvo presente. No me interrogó en ningún momento ni tuvo en consideración mi presunción de inocencia. A pesar de ello, la fiscal pidió para mí la pena máxima: 3 años de cárcel y 3000 euros de multa por incitación al odio.
El delito de odio fue creado para sancionar afirmaciones que incitan a la violencia contra las personas por razones de raza o religión. No es mi caso. El delito de odio se está utilizando ahora no para juzgar hechos concretos, sino para enjuiciar intenciones y pensamientos personales, expresados a través de palabras con contextos y significados diferentes. Esto significa una suerte de arbitrariedad de las acusaciones, reprimiendo así la libertad de expresión. La praxis judicial en España demuestra que el delito de odio se imputa en una sola dirección.
La fiscal María Teresa Verdugo ha convertido el delito de odio en instrumento de represión ideológica y de control social. La fiscal de odio de Málaga, pide siempre para los delitos de odio la pena máxima, sin atender las declaraciones previas de los acusados, con la intención de atemorizarles y así presionar para que acepten el delito a cambio de una pena más leve para no entrar en la cárcel.
La fiscal Verdugo, en un claro ejercicio de discriminación, esgrime mi condición de sacerdote como una suerte de agravante en la acusación, violando de esta manera la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Gracias, señora presidente».
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