La Comunidad de Madrid reclamará en los tribunales a un particular el coste de la extinción de un incendio forestal en Robledo de Chavela

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La Comunidad de Madrid reclamará en los tribunales a un particular el coste de la extinción de un incendio forestal, ocurrido el pasado mes de junio, que se originó en una parcela privada del municipio de Robledo de Chavela. Con este objetivo, el Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la personación en el procedimiento judicial iniciado como consecuencia del siniestro.

El fuego comenzó en el interior de la finca, de unos 2.000 metros cuadrados, mientras el ocupante realizaba labores de limpieza. La superficie afectada se elevó a 3.200 metros cuadrados de pasto, basura y maderas. Los efectivos del Cuerpo de Bomberos regional se vieron obligados a controlar, hasta su completa extinción, la gran altura de las llamas para intentar evitar, ante el fuerte viento que hacía en la zona, el riesgo de propagación a otras propiedades rústicas colindantes.

La Dirección General de Emergencias cifró en 12.111,80 euros el coste para las arcas públicas de esta intervención. Lo hizo en respuesta a la solicitud formulada por la Fiscalía de Medio Ambiente, cuya investigación dio lugar a la apertura de un procedimiento penal en un juzgado de San Lorenzo de El Escorial. Este ofreció a la Comunidad de Madrid la personación en la causa, en calidad de actor civil, y reclamar, así daños y perjuicios.

El de Robledo de Chavela es el sexto caso de estas características en el que se persona el Ejecutivo regional, que ya está en procesos judiciales abiertos por otros incendios forestales, ocurridos en 2020 y 2021, en Villarejo de Salvanés, Quijorna, Villaviciosa de Odón, San Agustín de Guadalix y Brunete.

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La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior propondrá la incorporación en la futura Ley de Protección Civil y Emergencias que la Comunidad de Madrid se persone como acusación particular para los casos de incendios provocados con consecuencias graves para el medioambiente y los ciudadanos.

Para el Gobierno autonómico resulta fundamental perseguir y evitar conductas y prácticas no autorizadas de uso del fuego para impedir que se produzcan grandes incendios forestales que provoquen pérdidas en el patrimonio natural y, sobre todo, pongan en riesgo a los ciudadanos.