22/11/2024 02:54
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En los 3 últimos años he enviado reiterados escritos a los dirigentes del PP, PSOE y al Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Orihuel, en su anterior destino, solicitando que cumplan y hagan cumplir la Ley Orgánica 9/1983, de 15de julio, reguladora del derecho de reunión, como es su obligación por imperativo legal y por exigencia de su juramento  o promesa en la toma de posesión de sus cargos, obteniendo por respuesta un displicente silencio.

Con fecha 7 del presente mes de abril publiqué un artículo dirigido a los principales dirigentes del PP, entre ellos a Isabel Díaz Ayuso, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, del PSOE, y al Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Orihuel, convocándoles a las 11 de la mañana del sábado 17 del mismo mes, en el Km 0 de la Puerta del Sol, a fin de que abdiquen de su contumaz vulneración de la precitada ley y la consiguiente discriminación de la población católica.

Con un prudencial margen de tiempo anterior y posterior a la hora de la reunión, estuve en el lugar previsto para la misma sin que asistieran ninguno de los convocados que, durante más de los 3 últimos años, no se han molestado en rebatir mis argumentos, cuando menos de apreciarlos.

En cuanto a la incomparecencia a la reunión del Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos Orihuel, cuya ejecutoria en el precitado período un compañerismo no correspondido me obliga a omitir cualquier comentario sobre la misma.

La incomparecencia de los actuales responsables del Ministerio del Interior, militantes o simpatizantes del PSOE, responde a su notoria conducta totalitaria que llega a producir hastío, consistente en gobernar como les venga en gana subordinando la ley a su voluntad, no solo sin aportar solución alguna a los problemas en los que vivimos inmersos sino incrementándolos convirtiéndose en una amenaza más para los españoles.

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La incomparecencia de los dirigentes del PP está justificada por su estúpida, injustificada y enfermiza prepotencia que desprecia al ciudadano con una ejecutoria, en el presente caso, idéntica al PSOE y a otras fuerzas políticas de extrema izquierda como manifiesto en mi mencionado artículo del pasado miércoles 7 de abril.

Existen otras coincidencias entre el PP y el PSOE como que ambos, con sus respectivas ejecutorias, perturban nuestro sistema de convivencia al ofrecer una sistemática resistencia numantina a dialogar con el electorado aunque solo sea para que les informe, por su ignorancia al respecto, de la existencia de una ley que deben cumplir y hacer cumplir.

No obstante, en el arbitrario proceder de los dirigentes de ambas fuerzas políticas, existe la notable diferencia de que los del PSOE actúan bajo el impulso de la picaresca lucrativa y la chulería de creerse vencedores de la contienda ideológica, en tanto que los del PP actúan porque simplemente se creen los amos del cortijo y, por lo tanto, con derecho a pasarse por la entrepierna nuestro ordenamiento jurídico y la dignidad del ciudadano español.

Así, la inclusión de Toni Cantó y el exalcalde de Toledo Agustín Conde, para las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid que encabeza Isabel Diaz Ayuso, rechazada por el fallo de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, no responde a un error de la candidata del PP y sus colaboradores sino a un abominable complejo de situarse por encima de la ley. Igualmente, los procedimientos judiciales y sentencias sobre corruptas actuaciones de dirigentes del PP, no obedecen a ningún espíritu de latrocinio sino a su firme convicción de ser dueños absolutos del presupuesto que gestionan.

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Resulta evidente que la conducta de los dirigentes políticos en cuestión, ansiosa de poder y carente de escrúpulos y principios, no les caracteriza como obedientes a las leyes que ellos mismos elaboran y promulgan, provocando vehementes deseos a la sociedad que les soporta y mantiene de desahuciarles diligentemente de sus cargos.

Los hechos expuestos provocan la lógica respuesta en este lamentable asunto que no puede ser otra, tanto en el electorado como en los propios militantes del PP y del PSOE, en defensa de España y de sí mismos, que la negación de su lealtad y su voto en mutua correspondencia al desprecio que esta horda de transgresores de la ley demuestra por los españoles.

Autor

REDACCIÓN