La dictadura de las minorías. Por Álvaro Peñas

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La salida de Viktor Orbán y de su partido Fidesz del Partido Popular Europeo es la muestra definitiva de la clara ruptura de la política europea en dos bandos irreconciliables, los globalistas y los patriotas. Orbán señalaba las grandes diferencias con sus antiguos socios en una carta publicada al día siguiente de la salida de Fidesz: “Nuestra tarea es clara. Ahora, sin el PPE, debemos construir una derecha democrática que ofrezca un hogar a los ciudadanos europeos que no quieren migrantes, que no quieren multiculturalismo, que no han caído en la locura LGBTQ, que defienden las tradiciones cristianas de Europa, que respetan la soberanía de las naciones y que ven a sus naciones no como parte del pasado, sino como parte de su futuro”.

Pero los que dirigen el parlamento europeo no quieren oír hablar de soberanía nacional y mucho menos de modelos que desafíen a su sociedad abierta, por lo que buscan continuamente el conflicto contra los dos países que simbolizan la resistencia nacional, Hungría y Polonia. Ambas naciones presentaron un recurso contra el mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos y esperan la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Una sentencia que podría llegar antes de lo esperado, según la vicepresidente de la Comisión Europea Vera Jourova podría ser cuestión de meses. Sin embargo, los globalistas no están dispuestos a esperar tanto y ya se anuncia una nueva resolución del parlamento europeo para declarar a toda la Unión Europea como una zona de libertad LGBTIQ.

Esta nueva resolución parte de todo el arco globalista e incluye a eurodiputados del Partido Popular Europeo, los socialistas, los verdes, los liberales y, por supuesto, la extrema izquierda. La resolución señala que “combatir la desigualdad en la UE es una responsabilidad compartida que requiere esfuerzos conjuntos y acciones en cada nivel de gobierno”. Además de la palabrería habitual de este tipo de resoluciones, lo realmente importante en este documento en que se insiste en que se debe sancionar a los estados miembros que no reconozcan los derechos del colectivo LGBT, es decir, que no estén de acuerdo en la imposición de la ideología de género. En el documento se menciona específicamente al gobierno de Polonia, “hay una clara correlación entre un gobierno que muestra fobia a los LGBTIQ y un aumento de la discriminación y la violencia hacia las personas LGBTIQ”, aunque es evidente que podría utilizarse contra otros países como Hungría o Bulgaria.

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Este nuevo ataque sobre Polonia ya ha recibido el apoyo entusiasta de la oposición polaca, que mayoritariamente forma parte del PPE. Según los populares polacos, las resoluciones en contra de la ideología LGBT y las cartas regionales de los derechos de la familia son “ataques contra la comunidad LGBTIQ en Polonia”. Después de fracasar en su ofensiva proaborto, la oposición polaca recurre de nuevo a la victimización de los activistas LGBT y a recordar casos como el del famoso “Margot”. Un activista detenido por agredir a militantes provida que fue presentado como un auténtico mártir por los grandes medios de comunicación y los partidos liberales. También se hace referencia a un informe de mayo de 2020 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, con sede en Viena y dirigida desde 2018 por Michael O’Flaherty. Este profesor de derecho irlandés trabajo en el Comité de Expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde 2004 y está muy relacionado con el lobby LGBT. En 2008 participa en una reunión de la Arcus Operation Foundation (AOF) para promover el apoyo económico a los “derechos” LGBT. La AOF es parte de la Fundación Arcus, creada a su vez en el año 2000 por la Corporación Stryker, una multinacional estadounidense de suministros médicos. La Fundación Arcus y la Open Society Foundations de George Soros son los mayores financiadores de las organizaciones LGBT.

La resolución también pide a la Comisión Europea que se utilicen todas las herramientas necesarias para defender los derechos LGBTIQ, en clara referencia al Artículo 7 del Tratado de la UE y al recién aprobado, aunque pendiente de la sentencia de los tribunales europeos, mecanismo de condicionalidad del estado de derecho. Por el momento, la única respuesta ante esta nueva condena que se prepara contra Polonia ha sido la del diputado de Ley y Justicia Arkadiusz Mularczyk: “la resolución pretende ser un ataque contra la imagen internacional de Polonia, para disminuir su valor y su prestigio”. Es eso y mucho más, y desgraciadamente no será el último ataque contra Polonia, Hungría o cualquier otro país que no comulgue con el credo totalitario de la sociedad abierta. La élite de Bruselas quiere imponer la dictadura de las minorías y, como bien señala Viktor Orbán, lo que está en juego es nuestro futuro.