¿Bendeciría EE.UU. un golpe blando en España? Por Germán Gorraiz López

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Tras la implementación por el Gobierno de Sánchez del Estado de Alarma debido a la crisis del COVID-19, la sui generis democracia española habría devenido en una seudoautocracia en la que todos los poderes quedan concentrados en el Presidente y en su brazo ejecutor, el Ministerio de Sanidad. En esta tesitura, la oposición se encuentra desarbolada al verse incapaz de evitar la aparición en el BOE de los sucesivos Decretos-Leyes implementados por el Gobierno, quedándole tan sólo el recurso al pataleo traducido en caceroladas y escraches.

¿Bendeciría EE.UU. un golpe blando en España?

El establishment del Estado español estaría formado por las subélites financiera-empresarial,política,militar, jerarquía católica,universitaria y mass media del Estado español,herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro «Oligarquía financiera y poder político en España» escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Sin embargo, dichas subélites tan sólo serian satélites orbitando en la esfera de gravedad del Opus Dei, élite Alfa que habría fagocitado todas las subélites del establishment e iniciado asimismo una estrategia de acoso y derribo del Gobierno Sánchez.

La primera fase de dicha operación, incluiría una ofensiva mediática para hacer del Gobierno central el único culpable de «la pésima gestión ante la crisis sanitaria». La segunda fase consistiría en la negativa del PP y Vox a implementar nuevas prórrogas del Estado de Alarma por ser «una dictadura constitucional que restringe las libertades individuales», tentativa que fracasó debido al cambio de actitud de Ciudadanos al apoyar al Gobierno Sánchez en las dos últimas prórrogas. La tercera fase de la operación «Acoso y Derribo» intentará aprovechar el malestar de amplios sectores de la ciudadanía por la duración del confinamiento así como la ruina de autónomos y pequeños empresarios para iniciar «una Revolución Patriótica o Rojigualda» que mediante «caceroladas y escraches» desafiará al Gobierno al incumplir sin recato las restricciones incluidas en el actual Estado de Alarma.

En la actualidad, asistimos al inicio de la cuarta fase consistente en la «judicialización de la política o lawfare». Con dicho término nos referimos al «abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad» que tendrían su plasmación en el juicio abierto por la nueva estrella mediática del firmamento judicial, la jueza Carmen Rodríquez-Medel contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ofensiva judicial que tendría continuidad con la presentación de una querella criminal por homicidio imprudente contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,Fernando Simón pero que tendrán escaso recorrido.

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Caso de fracasar las fases anteriores, el establishment guardaría en la recámara la quinta fase conocida como «Ave Fénix» y que contaría con el visto bueno de la Administración Trump, seriamente preocupada tras la entrada en el Gobierno de Unidas Podemos. Así, UP sería considerada por EEUU «de filiación chavista» y podría obstaculizar el rol geopolítico que el Pentágono ha diseñado para España e Italia (gendarmes neocon del Mediterráneo y el Norte de África). En el supuesto de triunfar el golpe blando, los líderes políticos confinados en el Congreso serían «invitados» a aceptar un acuerdo tácito por el que se declararán intocables el status quo actual asociado al sistema monárquico (Felipismo), al sistema político bipartidista, al eurocentrismo y a la defensa de la «unidad indisoluble de la nación española«. Posteriormente, asistiríamos a la constitución de un Gobierno de Salvación que procedería a la adopción de medidas austericidas siguiendo los dictados de la Troika europea y que se traducirán en una dramática reducción de los subsidios sociales que afectarán a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, pensiones de jubilación y viudedad así como a una severa reducción de los sueldos del funcionariado, lo que de facto marcará el retorno a escenarios económicos de la postguerra española (Década de los 60).