Denuncia por el segundo golpe de Estado jurídico, tras la declaración del Estado de alarma. Por Javier Marzal

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El Gobierno español ha realizado pruebas para dar su segundo golpe de Estado jurídico, tras la declaración del Estado de alarma.

El 19 de abril de 2023, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) aparecían como «disposición derogada» la Constitución española y, al menos, ocho Leyes Orgánicas, concretamente las siguientes: Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), Código Civil (CC) y Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), Código Penal (CP) y Ley de Enjuiciamiento Penal (LECrim), Estatuto de los Trabajadores, Ley General de la Seguridad Social (LGSS), Ley reguladora de la jurisdicción social, Ley Concursal y Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

La empresa Iberley detectó el problema a las 9 de la mañana de ese miércoles informando al BOE de la situación y en 20 minutos estaba resuelto.

En nuestro conjunto de denuncias (Ares(2022)8174536 y Ares(2023)1525948) se han descrito hechos que acreditan que se está cometiendo un delito electoral continuado, que se está falsificando el resultado de las encuestas electorales y el censo electoral. También se ha dicho que el modelo del Gobierno es Venezuela, donde el Nicolás Maduro cambio las normas tras perder las elecciones para continuar en el Gobierno.

En España se teme que se falsifiquen los resultados electorales de 2023 (nacionales, autonómicos y municipales) y que si pierde el PSOE, cosa altamente probable, el Gobierno haga lo mismo que se ha hecho en Venezuela.

La empresa Ferrovial está trasladando su sede social fuera de España por la inseguridad jurídica entre otras razones. En nuestro conjunto de denuncias (11.11.2022 a 15.04.2023) se describe la absoluta inseguridad jurídica, tanto por la falsedad de los documentos oficiales del Gobierno como por la falta de cumplimiento de la legalidad, la falta de autonomía de los principales organismos públicos que en esta denuncia se amplia al BOE y la ineficacia de los contrapoderes públicos y privados.

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En este contexto de atentado a los principios básicos de la justicia, de la democracia, del pluralismo y del Estado de Derecho consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, solicitamos a la Comisión Europea que inicie un expediente sancionador a España para pedir explicaciones sobre lo sucedido, advirtiendo que la Unión Europea impedirá la manipulación electoral y la falta de aceptación de los resultados electorales.