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El Gobierno de España tiene una importante laguna en memoria democrática: 2.037 víctimas del bando republicano que no figuran ni en el Archivo General de la Administración ni en el Centro Documental de la Memoria Histórica.Según informa THE OBJECTIVE en exclusiva una respuesta del Ministerio de la Presidencia a un particular en la que admite no tener «referencias» sobre los muertos en los llamados cementerios clandestinos del Frente Popular, donde fueron inhumadas de manera furtiva dos millares de víctimas de las Patrullas de Control del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña.
El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática admite no disponer del informe del juez Bertrán de Quintana.
Aquel crimen de lesa humanidad está recogido en el informe judicial que llevó a cabo el juez Josep Maria Bertran de Quintana, nombrado por las autoridades republicanas para investigar desde 1937 aquellos cementerios clandestinos. Un informe que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática dice no tener en su haber, pese a que ha sido admitido como verídico por el Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a una pregunta de varios diputados de Vox en 2021.
El encargado de arrancar esta confesión al Gobierno es el abogado experto en transparencia Guillermo Rocafort, que en declaraciones a este medio denuncia que desde la cartera de Félix Bolaños «se amparan en que se trata de documentación antigua, cuando es obvio que la documentación de la Guerra Civil es toda antigua, por el tiempo transcurrido, más de 86 años».
«Entiendo que las autoridades actuales han hecho desaparecer dicho informe, al objeto de que no se conozcan los delitos y genocidios provocados por sus correligionarios y que es una prueba más de que a las actualidades autoridades políticas no les interesa que se divulgue y se informe de los crímenes cometidos en las retaguardias del Frente Popular», reflexiona Rocafort.
Sin embargo, aún quedan rastros del mencionado Informe del Juez Bertran de Quintana en otros organismos oficiales, como en la base de datos del Archivo Histórico Nacional consultable en la web de PARES del Ministerio de Cultura. Pero con parquedad en detalles. Tan sólo figuran catorce personas desaparecidas, con nombres y apellidos, en Cataluña durante la Guerra Civil. Ninguna de ellas es mencionada en el Censo de Víctimas, a excepción de Antonio Camí Miguel, sobre el que, sin embargo, no se dan detalles acerca de las circunstancias de su muerte.
En el censo, paradójicamente, figuran los victimarios y no las víctimas. En el enlace titulado Correspondencia sobre traslado de reclusos y detenidos, constan 20 asesinos condenados en la causa instruida por Bertrán de Quintana. Una circunstancia que el abogado experto en transparencia considera injustificable: «Está muy mal meter en el censo a las víctimas y a los verdugos, aunque fueran represaliados después por el franquismo, pero aún es mucho peor que las víctimas no figuren y sí sus verdugos».
Llueve sobre mojado en los cementerios clandestinos. Y es que la Generalitat de Cataluña también oculta a sus víctimas, en su mapa oficial de fosas, con el agravante de que estos estaban ubicados en la región. Una «infamia» que, tal y como adelantó THE OBJECTIVE, ha hecho que la Asociación Raíces -de la que Guillermo Rocafort es secretario general- haya ampliado su querella criminal contra el director de Memoria Democrática en la región, Antoni Font, presentada en septiembre por su negativa a exhumar la fosa de Moncada y Reixac, que alberga 700 cadáveres de víctimas de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil.
FUENTE: https://theobjective.com/espana/2022-10-23/gobierno-guerra-civil-victimas/
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