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No me voy a extender mucho porque, si algo se puede explicar bien con pocas palabras, las demás no son necesarias.
Un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.
En 1934, gobernando en España una coalición de partidos de derecha (o no de izquierdas), se produjo, principalmente en Asturias y Cataluña una insurrección contra el orden constitucional. El entonces presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó de forma unilateral «el estado catalán dentro de la República federal española». Como consecuencia de ello, se declaró en ambas regiones el estado de guerra. En Cataluña, en particular, se suspendió la actividad del parlamento de forma provisional. Los Mossos de Escuadra defendieron el palacio de la Generalitad, mientras que la Guardia Civil y la mayor parte de los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado se pusieron del lado de la legalidad.
En 2017, gobernando en España una coalición de partidos de derecha (o no de izquierdas), se produjo en Cataluña un acto ilegal que pretendía pasar por un referéndum sobre la independencia de aquella región del resto de España, y el entonces Presidente, Carlos Puigdemont, proclamó una «declaración unilateral de independencia». Como consecuencia, se declaró el estado de alarma previsto en el artículo 155 de la Constitución, se cesó al presidente de la Generalitat y su Gobierno, se restringieron de los poderes del Parlamento catalán, se intervinieron los organismos y servicios de la comunidad autónoma, así como los Mossos d’Esquadra. Además, se convocaron elecciones. La Guardia Civil y la mayor parte de los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado se pusieron del lado de la legalidad.
En 1934, tras la declaración de independencia, se detuvo y encarceló a los miembros del Gobierno de la Generalidad y en 1935 tuvo lugar un juicio mediático que finalizó sus actuaciones condenando a los acusados a treinta años de reclusión mayor por un delito de rebelión.
En 2017, tras la declaración unilateral de independencia, se detuvo y encarceló sólo a unos cuantos miembros del Gobierno de la Generalidad y en 2019 tuvo lugar un juicio mediático que finalizó condenando a los acusados que no se fugaron para eludir la acción de la justicia (como hizo el Presidente de la Generalidad Carlos Puigdemont) a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve de los líderes de la insurrección por sedición y, en algunos casos, también malversación. El tribunal, incomprensiblemente, descartó el delito de rebelión.
En 1936, habiendo ganado una coalición de izquierdas y separatistas las elecciones generales, siendo el PSOE el partido con más escaños de aquella coalición, se aprobó un Decreto-Ley de amnistía a todos los participantes en la insurrección de 1934 por ser “conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en qué están interesados por igual todos los sectores políticos; de acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta de su Presidente y previa la aprobación de la Diputación permanente de las Cortes”.
En 2021, habiendo ganado una coalición de izquierdas y separatistas las elecciones generales, siendo el PSOE el partido con más escaños de aquella coalición, se aprobaron varios Real Decreto de indulto a los condenados en 2019 por “los motivos de utilidad pública que se exponen en la propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, se estima que concurren las citadas razones de utilidad pública, a propuesta del Ministro de Justicia, y previa deliberación del Consejo de Ministros”.
Podría seguir añadiendo paralelismos entre un momento de la historia y el otro, pero como estoy convencido de que aún nos quedan por ver unos cuantos más, no voy a profetizarlos, pero estoy convencido, por desgracia para nosotros, de cómo un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.
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