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El 20 de abril de 2023, el Tribunal Constitucional ha informado que ha fijado “doctrina sobre la vacunación de personas con discapacidad al amparo de la Ley de autonomía del paciente”.
En la nota informativa se dice que el recurrente solictó la recusación del ponente y que ésta fue inadmitida por extemporánea (presentada fuera de plazo).
El magistrado ponente en cuestión es Juan Carlos Campo Moreno que fue el Ministro de Justicia de la declaración del Estado de alarma y que fue elegido para el Tribunal Constitucional por el Parlamento del Gobierno.
La Presidencia del Tribunal Constitucional queda en entredicho por nombrar ponen a un ex ministro del actual Gobierno que, además, formó parte del golpe de Estado jurídico con la declaración del Estado de alarma, usurpando las atribuciones parlamentarias.
La primera irregularidad es ésta, el propio magistrado tiene la obligación de abstenerse cuando haya duda de su imparcialidad y en este caso era obvia, máxime por cuanto había sido la fiscalía del Gobierno la que había solicitado al juzgado de turno que obligara a la timovacunación al incapacitado.
El Tribunal Constitucional sentencia en contra de la voluntad legal de la víctima que la ostenta un familiar como tutor.
En la sentencia se afirma que la timovacuna contra la COVID-19 es una vacuna, siendo falso, porque sólo es una terapia génica experimental.
Se dice que la timovacuna “protege” al inoculado, lo que constituye otra falsedad que el medio que ha publicado este artículo ha informado adecuadamente.
Más grave aún es cuando se dice que la víctima debe vacunarse “para alcanzar fines de interés general, entre los que destaca la protección de la salud colectiva en contextos epidémicos”; es decir, que si hay una epidemia de gripe o de cualquier cosa, la gente está obligada a vacunarse para proteger a los demás. Esta cuestión es de especial gravedad porque se están haciendo vacunas con tecnología ARNm, la que se ha utilizado con la COVID19, que tiene numerosas reacciones adversas, llegando a ser mortal. Al menos, estas terapias génicas han matado a cientos de miles de inyectados.
El Tribunal Constitucional resume la falsedad afirmando que la timovacuna proporciona “mayores beneficios que perjuicios desde el punto de vista de la protección de su salud individual”.
En ningún caso se hace referencia a estudios que afirmen los disparates alegados por magistrados que parece ser que convierten en médicos y en científicos, cometiendo un delito de intrusismo profesional, además de las prevaricaciones señaladas.
En la actualidad el Tribunal Constitucional se ha constituido en uno de los mayores peligros para la seguridad jurídica, los derechos y libertades de los españoles.
Desde la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial se ha denunciado la designación de este ponente y de otro miembro del Gobierno, como magistrados del Tribunal Constitucional, así como el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido, como Presidente por estar denunciado tributariamente y por encubrir a Felipe González como creador del grupo terrorista de los GAL. Se ha denunciado que las numerosas abstenciones y recusaciones han evidenciado que el Tribunal Constitucional está a las órdenes del Gobierno. La denuncia está siendo tramitada en la Comisión Europea como Ares(2023)1525948.
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¿Alguien recuerda a María Emilia Casas y su voto de calidad en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, cuando debería haberse abstenido? Siempre igual, llevamos así décadas.