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Desde la semana pasada, el uso de mascarillas en centros sanitarios era obligatorio en toda España según una orden emitida por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, debido a errores legales detectados por las comunidades autónomas, la mayoría de los territorios han decidido no imponer sanciones por no cumplir con esta medida.
El Gobierno del País Vasco y Baleares han decidido presentar un recurso contra la orden, y otras comunidades autónomas podrían seguir su ejemplo. La intención inicial del Ministerio era que esta medida fuera temporal y que se levantara tan pronto como fuera posible, pero no se han establecido plazos concretos para ello.
Se han detectado errores legales en la orden emitida por el Ministerio, como la falta de consulta a técnicos y el incumplimiento del procedimiento habitual en la toma de decisiones del Consejo Interterritorial de Salud. Además, la necesidad de una actuación coordinada en todo el país pierde fuerza al incluir excepciones y dejar en manos de las autonomías la decisión de exigir o no el uso de mascarillas en ciertas circunstancias.
La orden se adoptó sin consenso en el Consejo Interterritorial, a pesar de que las decisiones deben tomarse por consenso según la Ley de Cohesión y Calidad. Por lo tanto, varias comunidades se oponen a la medida.
Ante estas dudas legales, la mayoría de las comunidades autónomas han decidido no imponer las multas establecidas por no llevar mascarilla en centros sanitarios. Además, se tiene en cuenta la experiencia previa con decisiones similares durante la pandemia, como el cierre del ocio nocturno en 2021, que fue impugnado por algunas comunidades y resultó en su suspensión.
También se considera el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales los estados de alarma decretados por el Gobierno, lo que anuló las multas impuestas bajo esos decretos. Esto llevó a las autoridades sanitarias regionales a asumir el costo de las reclamaciones relacionadas con esas multas.
La ilegalidad de la imposición ya fue advertida en este Digital por Mateo, presidente de Policías por la Libertad.
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Partiendo de la base de que los guarritrapos no tienen ningún aval científico como utensilio antivírico, ni siquiera en quirófanos, pues no es esa su función, y que además producen perjuicios físicos y psicológicos su uso obligatorio y continuado, todo lo demás sobra.Estén o no legislados de forma obligatoria, los ciudadanos estamos legitimados y obligados a desobedecer, como los estamos ante cualquier forma de tiranía… Estamos en la era de la sinvergonzonería gubernamental normalizada.