- ADIF elevó un 15,6% el presupuesto de una obra adjudicada a una UTE integrada por Azvi y Construcciones Sevilla Nevado. La Guardia Civil ha reclamado el expediente completo para examinar la modificación económica y las circunstancias que la justificaron.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga el sobrecoste de casi 4,4 millones de euros registrado en una obra de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura adjudicada a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participa Azvi, constructora vinculada al entorno empresarial del caso Koldo por sus relaciones profesionales con el exasesor ministerial y su esposa.
El contrato corresponde a la construcción de la plataforma ferroviaria en el acceso a Mérida, concretamente en el tramo comprendido entre San Rafael y Cuarto de la Jara. ADIF Alta Velocidad adjudicó los trabajos a la UTE formada por Construcciones Sevilla Nevado y Azvi. El expediente, identificado con el número 3.18/20830.0279, figura entre los contratos cuya documentación reclama la Guardia Civil en el marco de las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional.
La actuación de los investigadores se produjo el pasado 5 de noviembre, cuando agentes de la UCO acudieron a la sede de ADIF Alta Velocidad en Madrid para obtener una copia digitalizada del expediente completo. La diligencia respondía a un mandamiento judicial fechado el 4 de noviembre, que ordenaba a la entidad pública entregar toda la documentación física y electrónica relacionada con la adjudicación. Los agentes se hicieron con una copia del expediente en un dispositivo USB.
El aspecto económico del contrato constituye uno de los elementos que examinan los investigadores. ADIF aprobó el 8 de agosto de 2022 una modificación que incrementó el presupuesto en 4.398.576,04 euros, impuestos incluidos. El cambio, comunicado a la Plataforma de Contratación del Sector Público al día siguiente, elevó el importe de los 28,27 millones de euros iniciales a 32,66 millones. En términos porcentuales, el encarecimiento alcanzó el 15,6%.
Para justificar la modificación, ADIF recurrió a la existencia de «circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever», una de las causas contempladas en la normativa de contratación pública para autorizar cambios en los contratos durante su ejecución. Sin embargo, el anuncio publicado en la plataforma oficial no detalla cuáles fueron esas circunstancias ni qué actuaciones concretas motivaron el incremento. La memoria justificativa y el proyecto modificado, incorporados al expediente reclamado por la UCO, deberán permitir aclarar el origen y el alcance de los trabajos adicionales.
Azvi y su relación con Koldo García
La presencia de Azvi en esta adjudicación adquiere especial relevancia por su relación contractual con Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, y con la esposa de este. La constructora recurrió a ambos como asesores a través de la consultora Erikapat, con una remuneración mensual de 6.000 euros y primas de éxito que podían alcanzar los 350.000 euros por proyecto.
La relación contractual llamó la atención de los investigadores y ha sido considerada sospechosa por la Fiscalía Anticorrupción. Azvi puso fin al acuerdo el 27 de febrero de 2024, cuando las pesquisas sobre el entorno del exministro ya estaban en marcha. Ese vínculo sitúa a la compañía dentro del ámbito empresarial que está siendo examinado en la investigación del caso Koldo.
La UCO analiza en esta pieza separada posibles mecanismos de influencia sobre adjudicaciones de organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entre ellos ADIF y ADIF Alta Velocidad. Las pesquisas sitúan a Cristian Abel Corvillo en el centro de un entramado empresarial que, presuntamente, habría utilizado sus contactos para favorecer contrataciones públicas a cambio de beneficios económicos. Las actuaciones se desarrollan bajo secreto judicial y las responsabilidades penales que pudieran derivarse deberán ser determinadas por los tribunales.
Otras operaciones bajo investigación
La documentación policial también recoge movimientos económicos relacionados con el entorno del exministro José Luis Ábalos. Entre ellos figura una transferencia de 65.000 euros ordenada por la sociedad portuguesa Esperança Colossal, vinculada a Jorge Pérez, a favor de Andrea de la Torre, pareja de Ábalos. Según la información recogida por los investigadores, el dinero habría sido destinado posteriormente a la adquisición de inmuebles.
Esta operación forma parte de las pesquisas sobre las relaciones económicas del entorno del exministro, pero la información conocida no establece una conexión directa entre esa transferencia y el contrato ferroviario del acceso a Mérida.
La entrega del expediente de ADIF permitirá a la Guardia Civil examinar tanto las condiciones de la adjudicación como la modificación que elevó en casi 4,4 millones de euros el coste de las obras. La cuestión central será esclarecer qué circunstancias justificaron ese incremento y si la documentación revela alguna relación con las presuntas irregularidades en la contratación pública que se investigan en el caso Koldo.
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