La FNFF:"Una ley no es de obligado cumplimiento sí ésta se opone a la Constitución y sí, seguiremos defendiendo al Caudillo"

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Aprobado, en el día de hoy, en Consejo de Ministros, el proyecto de Ley denominado “ley de Memoria Democrática”, nuevo oxímoron que refuerza el totalitarismo de la anterior, mal llamada histórica, de Zapatero. Ambas pretenden adoctrinar a la juventud, dividir a los españoles y acabar con la Jefatura del Estado. La presente va más allá al pretender la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco, penalizando cualquier idea, por fundamentada que sea, contraria al oficialismo historicista del sanchismo/separatista. Nuestro posicionamiento, desde el inicio, lo resumimos en esta nota.

Una ley, no es de obligado cumplimiento al aprobarse por una mayoría parlamentaria, sí ésta se opone a la Constitución, norma de rango superior y fuente de derechos del resto del ordenamiento jurídico. Una ley, no es democrática por el mero hecho de dictarla un parlamento elegido por sufragio universal. La memoria colectiva no existe, sino es en la impostada formulación teórica del adoctrinamiento comunista. Nos amparamos, frente a la nueva norma, en la creencia de vivir en “un estado de derecho” fundamentado en su art. 1 CE, que consagra: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores … la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Por ello nuestra defensa debe concernir a cuantos quieran defender esos principios, cualquiera que sea su idea o condición. Del rey abajo, todos. Con más razón los magistrados de las más altas instancias judiciales.

Ya advertimos, en su momento, que la llamada Ley de Memoria Histórica tenía difícil encaje constitucional, por no estar orientada al bien común y los intereses generales de los españoles, sólo a una parte de los mismos, en clara arbitrariedad y revanchismo. Legitimadora de “una verdad histórica”, sólo permite un relato falseado de la II Republica, la Guerra Civil y el Gobierno de Franco, de donde parte el actual sistema, “de la Ley a la Ley”. Con la vigencia de esa Ley, inconcebiblemente no derogada por el PP, se ha permitido el destrozo de la convivencia, la cultura, la historia y la cohesión de un pueblo, obligado a una permanente guerra civil y al que se priva de saber de donde viene, para comprender a donde quiere ir.

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En la Fundación Nacional Francisco Franco, no encontrarán los promotores de la ilegítima, por inconstitucional, Ley, ni servidumbre, ni sumisión voluntaria. La magnitud de un hombre viene avalada por su destino. Por ello, nadie podrá borrar la enorme trascendencia de Francisco Franco y su época, tanto por lo que evitó, como en los logros conseguidos. El aquelarre antifranquista instalado en España, odia cuanto ignora. Nos saben y quieren ignorantes. Fingen desconocer que Franco industrializó España, la transformó, en solo cuarenta años, sin ayuda exterior, y obtuvo una enorme adhesión popular, muy superior a todos los partidos actuales, hasta su muerte, en una cama de hospital de la Seguridad Social, por él creado.

El “pensamiento mítico y distópico” de los promotores de ésta nueva Ley, consiste en creer que le han ganado la guerra a Franco y a todo lo que consideren derecha, con ochenta años de retraso, mientras montan chiringuitos para colocar a sus memorialistas orwellianos. El triunfo de la demonización de Franco y la destrucción de su obra, es la mayor garantía de que la izquierda y separatistas volverán a repetir la nefasta experiencia de la II República.

Por muy duro y perjudicial que nos resulte defender la verdad histórica y el legado de Francisco Franco, lo haremos. Desde el rigor histórico, defendemos la verdad de unos hechos, de una época irrepetible que debe ser respetada, sino venerada. Una época de progreso y unión donde no hubo otra misión que la de ganar el futuro para todos los españoles, evitando la repetición de los errores pasados.

De nosotros, de la sociedad civil y de quienes son actores fundamentales de la vida política depende, el que se mantengan estas leyes liberticidas. Los promotores sólo desean borrar la huella histórica que acredite lo cerca que estuvo España del genocidio de clase y del comunismo. También enmascarar la responsabilidad del PSOE de Largo Caballero, Indalecio Prieto, Negrín, así como Companys y sus seguidores. Seguiremos en franca oposición al despotismo cesarista y al gobierno de enchufados en los cientos de chiringuitos creados a costa de la memoria histórica, que algún día tendrán que rendir cuentas.