La pasividad y el compadreo del Gobierno central es la causa principal de la deriva secesionista en Cataluña. Por el Tte. Coronel Enrique Area

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«Basándonos en la distinción entre culpa y responsabilidad política en los ensayos de los políticos catalanistas, hay que completar un aspecto de la historia presente al considerar aquellos que no son culpables del crimen de la disgregación de la nación en Cataluña y Vascongadas con la subsiguiente ruptura social de los que no lo son», manifesté hace tres años en una entrevista que me realizaron en un medio de comunicación digital.

En la entrevista mantenida no dudaba, entonces, ni ahora, en atribuir al Gobierno central «la gran responsabilidad, por su pasividad», del proceso rupturista promovido por los secesionistas.

El significado de responsabilidad política en este caso es muy claro. Son responsables aquellos que viven en el sistema social que permite los delitos de rebelión y sedición y sustentan dicho sistema con apoyo pasivo, al menos. En este caso, su pasividad produce un vacío político. La actitud y conducta de la mayoría de la gente está tan privatizada que existe poco espacio público organizado en el que los actores puedan exponer ante los demás sus juicios sobre los eventos, y mucho menos una acción colectiva para transformarlos que esté apoyada por las instituciones intermedias.

No debemos ignorar, sin embargo, que un elevado porcentaje de la población catalana cree en sus líderes separatistas; juntos consienten un autoengaño masivo, y sustentar esto se convierte casi en un requisito moral para la supervivencia de la «nación catalana». La mendacidad se convierte así en parte del carácter nacional de Cataluña. La gente se convence para creer que realmente Cataluña está oprimida por España, y si no lo está, les impide un derecho fundamental como es el mal llamado derecho de autodeterminación, que se encuentra a nivel de principios en el derecho Internacional. Sobre todo, creen que la supervivencia de Cataluña como País y los catalanes como pueblo están bajo amenaza y por tanto cualquier acción que la Comunidad considera necesario para sobrevivir estará justificada. Una gran mayoría acepta el lenguaje de falacia que las autoridades regionales propugnan para ocultar las implicaciones de los actos incívicos a ellos mismos y darle otro significado moral como llamar a los insultos y agresiones a los que se sienten españoles, reacciones antifascistas. Cuando Mas y Puigdemont ascendieron al ejecutivo catalán, se observaba en silencio cómo se cerraban los lugares de participación política y las personas eran multadas por rotular en español, por ejemplo, o por poner la bandera de España. Contemplaron, y muchos de los catalanes con aprobación, cómo los que se sentían españoles eran discriminados por las Fuerzas de orden público. Hoy no hemos mejorado.

El sentido de pertenencia a una nación que no es la española de muchos catalanes es un sentimiento personal muy difícil de modificar además de ser intergeneracional. La simple pertenencia a una nación es una acepción demasiado estática. Ser miembro de una sociedad normalmente tiene implicaciones dinámicas en cuanto a lo que cree y conoce una persona, y como se relaciona con las instituciones de la Sociedad y con sus compatriotas. En general, una gran parte del pueblo catalán, no reflexiona acerca de la operación de estas Instituciones ni en los actos perpetuados por sus funcionarios y muestran indiferencia hacia los que pudieran ser perjudicados por ello. Desalojan cualquier espacio de organización popular y pensamiento crítico, dejando aislados e inefectivos al resto de compatriotas que optan por la reflexión y la crítica.

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La responsabilidad política no coincide con la pertenencia a una misma Comunidad, y así se ilustra en su propia narrativa. Todo esto representa ejemplos de responsabilidad política no asumida. Puesto que vivimos un escenario histórico y no solo en nuestras casas; no podemos evitar el imperativo de tener relaciones con acciones y eventos emprendidos por las Instituciones de esta sociedad, con frecuencia en sus nombres y con su apoyo activo o pasivo. El imperativo de la responsabilidad política consiste en observar estas instituciones, controlar sus efectos y asegurarnos que no son terriblemente perjudiciales, y mantener espacios públicos organizados donde pueda tener lugar esta observación y control, donde los ciudadanos puedan hablar públicamente y apoyarse unos a otros en sus esfuerzos para prevenir el quebranto social. En la medida en que fracasemos en esto, también fallamos en nuestra responsabilidad, aunque no hallamos cometido ningún delito y no nos puedan inculpar.

Pero, tampoco podemos ignorar el vacío de autoridad en Cataluña fruto de la dejación de funciones del Gobierno central…, con la desaparición del Estado; la pasividad y el compadreo con los separatistas del Gobierno central ha sido una de las causas, sino la principal, de la actual deriva secesionista.

Aun así, lo sorprendente es que, en contra de lo que ocurrió en Vascongadas, existen catalanes que a través de sus acciones intentan evitar o prevenir el daño de la secesión. Evidentemente, estas personas se comprometen en acciones, como quitar lazos amarillos o colgar la Bandera de España en sus balcones, que no sólo son libres de culpa, sino que son dignas de elogio desde el punto de vista moral.

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Aunque no sean mayoría, hay muchas personas dentro y fuera de Cataluña que renuncian a sus puestos para no tener que hacer un acto de lealtad a la presunta República Catalana. De esto se deduce la dificultad de discernir en una futura acción de las FFCCSE y de los Ejércitos entre aquellos que son delincuentes de rebelión y sedición, que repetirán, de los que no lo son en una sociedad absolutamente dividida.

Desde luego, desde el punto de vista sociopolítico, la solución no parece viable dada la petición de máximos que realizan los líderes catalanes y el encaje que pudieran tener estos en nuestra Constitución. Desde el punto de vista técnico-militar, la dificultad de discernir en una sociedad completamente dividida, sobre quiénes emplear la violencia legítima, dependerá de los Servicios de Información de todo el Estado, incluyendo las FF y CC de la propia Comunidad Catalana.