El Consejo Europeo se ha unido a las demás instituciones europeas, como la Comisión y el Parlamento, al valorar la ley de amnistía propuesta por el Gobierno. El Consejo, encargado de definir las prioridades políticas generales de la Unión Europea, ha señalado que no tiene un papel en el «enjuiciamiento» de delitos de terrorismo que Pedro Sánchez desea amnistiar. Sin embargo, ha recordado al Gobierno que «los Estados miembros son responsables de la aplicación de la legislación de la UE».
Esta respuesta del Consejo surge a raíz de una pregunta parlamentaria realizada por los eurodiputados de Ciudadanos, quienes consultaron a esta institución si tenía la intención de intervenir en la aplicación de los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para evitar una mutación fraudulenta del orden constitucional y una deslegitimación del poder judicial en España como consecuencia de la amnistía.
El artículo 2 establece que la «Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad y Estado de Derecho». Mientras que el artículo 19 se refiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Consejo asegura que «sigue con gran atención los acontecimientos que afectan al Estado de Derecho en todos los Estados miembros». En el caso específico de España, recuerda que es uno de los Estados miembros incluidos en los «debates específicos por país que se mantendrán durante el primer semestre de 2024 en el marco del diálogo anual del Consejo sobre el Estado de Derecho».
En cuanto a la posible amnistía de delitos de terrorismo o malversación, el Consejo menciona que corresponde a la Comisión, «como guardiana de los tratados», supervisar la aplicación del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha confirmado que está intercambiando documentación con el Gobierno sobre la amnistía y su alcance.
Es importante destacar que el Gobierno español continúa mostrando disposición para llevar a cabo esta ley de amnistía, incluso desbordando la Constitución y los tratados europeos. Esto con el fin de contentar a Puigdemont, quien reclama la inclusión de los delitos de terrorismo y alta traición en dicha ley.
Esta situación ha generado debate tanto en España como en el ámbito europeo, poniendo en tela de juicio la salud del Estado de Derecho en el país. La Eurocámara ha cuestionado las decisiones del jefe del Ejecutivo español en relación con esta polémica ley.
Saltarse a la Justicia española, por acobardarse ante la intervención del poder ejecutivo, le resulta fácil al golpista Pedro Sánchez y no será fácil eludir la exigencia de que se cumpla la legislación europea. Veremos cuál va a ser la nueva marrullería del saltimbanqui de La Moncloa para salvar la poltrona en la que pretende eternizarse a pesar de los escollos europeos.
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Anda, qué sorpresa, los que han dado «refugio» al fugado todos estos años e impedido su extradición, ahora «lastran». Ya veremos.