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Hay que tener un poco de condición simiesca para obrar como lo hacen los hermanos Puente. Aunque quizá tengan más moral los chimpancés que hasta podrían ser de condición más homínida que estos elementos.
El horizonte judicial de Sofía Puente ya no depende de las consignas del partido ni del blindaje mediático de La Moncloa. Con la ampliación de querellas sobre la mesa, la Secretaria General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia empieza a descubrir que las instituciones no eran la finca privada de su familia, sino un edificio con reglas de responsabilidad penal que no se evaporan por el mero hecho de ostentar el poder.
La pretensión de alterar o jugar a la fullería con el censo electoral para amoldar la soberanía popular a las conveniencias del régimen no es una simple travesura partidista: es un atentado directo contra la limpieza democrática que en cualquier Estado con un mínimo de decencia exige banquillo y reproche penal tajante. Quien manosea las garantías del voto para perpetuar el secuestro de las instituciones no comete un error administrativo, sino un ataque frontal al pueblo soberano.
Esa misma ligereza con la que se manosea el censo es la que convierte la gestión pública en una tragedia cotidiana, como bien demuestra la sombra trágica de Adamuz. Los fallecidos por la degradación e inepcia en las infraestructuras que tutela su furibundo y gorilesco hermano, Óscar Puente, no son un mero daño colateral en las estadísticas del Ministerio: son vidas segadas que exigen la calificación penal de homicidio por imprudencia grave. La omisión del deber y el desprecio por la seguridad de los españoles no se saldan con ruedas de prensa chulescas ni con tuits de provocación, sino con la asunción estricta de culpas ante los tribunales.
El tinglado familiar de los Puente encarna de forma escandalosa la descomposición moral de un régimen donde el nepotismo y la incompetencia se entrelazan para repartirse el Estado mientras la nación se desmorona. Frente a la altanería de quienes se creían inmunes, la justicia y las querellas populares avanzan para recordarles una verdad ineludible: la soberanía de España no se subasta, los muertos de la negligencia no se olvidan y el castigo penal llegará para quienes convirtieron el Gobierno en una trama de impunidad.
La maniobra de pretender diluir la responsabilidad penal en la maraña burocrática del Ministerio de Justicia es la muestra definitiva de la cobardía moral con la que operan estos jerarcas del sanchismo. Creen que el mero uso de lenguaje leguleyo y la sobreactuación institucional bastan para anestesiarnos frente al estrago; pero confunden la paciencia de la nación con el olvido, ignorando que la acumulación de evidencias sobre el fraude del censo y la degradación criminal de los servicios esenciales está redactando ya su propio pliego de descargo ante los jueces.
Ni la prepotencia de Óscar Puente desde sus tribunas ni el parapeto de Sofía Puente en la cúpula de la administración de Justicia podrán frenar la avalancha de la verdad cuando el pueblo exige restitución. El tiempo de la impunidad sin contrapesos ha expirado: la causa contra la degradación de la Patria se dirime en los tribunales con la ley en la mano, con querellas implacables y con la certeza absoluta de que el castigo a la traición y a la corrupción familiar no será una opción, sino la inapelable victoria de la dignidad de España.
RES NON VERBA
Ignacio F. Candela
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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