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Ante las elecciones nacionales del próximo 23 de julio el PP debería dejar claro qué visión tiene de España.
No se le puede pedir esto al PSOE de Sánchez que, tras sus cinco años en el poder, ha demostrado estar en plena línea zapaterista y no tener nada que ver con el felipismo del PSOE de la democracia, que entre otras cosas abjuró del marxismo en 1979, eliminándolo de los estatutos del partido. Nuestro doctor presidente ha tenido la desvergüenza de indultar a los golpistas catalanes, en contra del criterio del Tribunal Supremo, sin exigirles su arrepentimiento expreso y ha eliminado el delito de sedición.
Sánchez se ha olvidado plenamente del artículo 2 que establece que “la Constitución se fundamenta en la unidad indisoluble de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Ha demostrado su proclividad a sustituir la soberanía del pueblo español en su conjunto, que establece el artículo 1CE, por 17 soberanías que abren la puerta a la ruptura del país más antiguo de Europa, cuyo punto de partida, cabe situarlo, como con precisión señala Manuel Acosta en “El libro blanco de la historia de Cataluña”, en el año 589 en el III Concilio de Toledo, en el que la España visigoda alcanzó su cohesión política, territorial y religiosa con Recaredo.
También Sánchez se ha olvidado de que su admirada Segunda República española de 1931 establecía, en el artículo 50 de su Constitución, que “Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Artículo”
La lista de agresiones que nuestro prepotente presidente ha hecho a España hace que no merezca ser considerado un español constitucionalista y han puesto en evidencia su incapacidad para llevarnos hacia el primer objetivo que establece nuestra Constitución en su preámbulo, “Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo”.
Hoy más que nunca, desde la aprobación de nuestra Constitución, nos encontramos ante unas elecciones que son mucho más que unas meras Generales y que cabe tildar de Nacionales, ya que es imprescindible retomar el camino de reconocimiento y exaltación de nuestra identidad y solidaridad española, lo cual es perfectamente compatible con reconocer y garantizar “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, así como con tener visión iberoamericanista, europeísta y mundialista, pues al final toda la humanidad debemos ser una Gran Familia.
¿Sintoniza el PP con este Sánchez o se va a enfrentar a él con firmeza, claridad e inteligencia?
Recordemos que el gran fracaso de Rajoy, lo que hundió al PP, fue su falta de decisión para aplicar el 155 tras el golpe de Estado de 2017, dado por la Generalitat y el Parlament de Cataluña. El Orden es imprescindible para el Progreso y es necesario poner orden en los llamados “Países Catalanes”. Las recientes elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo han dejado claro el rechazo que Valencia y Baleares han mostrado a ese proyecto y para enmendarlo han contado con el firme apoyo de VOX, que es un partido de fiar.
Igualmente, las absurdas políticas, regadas con dinero público, de expulsión del español en diversas autonomías deben ser corregidas en la línea del artículo 50 de la Constitución de 1931 antes citado. Por supuesto habrá, más pronto o más tarde, que devolver, con los intereses de demora, las multas impuestas a quienes rotulaban sus comercios en español en Cataluña. Igualmente habrá que considerar, como dijo la sentencia de 1983 del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, que “El conocimiento de (la lengua autonómica) es imputable a la Administración autonómica en su conjunto, no individualmente a cada uno de sus servidores. La circunstancia de dominar esa lengua constituirá un mérito para la provisión de vacantes [así lo reconoce el art. 32.2 a)] pero nunca un factor excluyente, puesto que ello acarrearía para los funcionarios excluidos una discriminación no razonable”.
Por todo ello es plenamente coherente con la Constitución que el futuro Gobierno desarrolle políticas que fomenten el sentimiento de la patria común española, frente a los nacionalismos excluyentes. Todo ello es perfectamente compatible con los hechos regionales, pero resulta obvio que estos últimos no pueden ir en detrimento de la españolidad. Esto requiere, por ejemplo, la supresión de las llamadas “embajadas catalanas”, que Rajoy suspendió durante el 155. Nuestros vecinos franceses, cuando miran este tipo de actuaciones, que se permiten dentro de la Nación española, dicen: “Mais, ces espagnols sont fous!!” y tienen toda la razón porque ¿en qué cabeza cabe que Francia, o Italia o Alemania o cualquier otro país del mundo, toleraría las tendencias rupturistas que estamos viviendo en España, y además financiadas con dinero de la Nación?
Ser español no es ser anti ni contra lo catalán, ni lo murciano, ni lo gallego, etc. ¿Qué mundo de solidaridad espera construir quien opine así?
Hay que volver al espíritu de la Transición y de la Reconciliación y para ello hay que derogar de un plumazo las sesgadas Leyes de Memoria Histórica, que han reavivado el guerracivilismo y que pretenden hacernos creer que la revolución marxista, a la que iba abocada la República, hubiera sido mejor que el franquismo. Pregúnteles a los países del Este de Europa. Les dirán que ellos hubiesen preferido a un Franco antes que a Stalin, Kruschov, Breznev o Ceaucescu. En 1977 y 1978 los españoles que dimos la presidencia al ex secretario general del Movimiento quisimos y dejamos de lado esas discusiones histórico políticas que Zapatero resucitó y que ahora Sánchez ha ampliado. Hay que acabar con ellas en aras del progreso y de la convivencia.
España necesita frenar el despilfarro de Sánchez que en gran parte ha sido gasto público no productivo sino político, financiador de chiringuitos y orientado a tener a una clientela engañada porque la economía no funciona ya que, en indicadores claves, como el empleo, hemos caído a la cola de Europa. Ahora llega el momento de pagar los intereses de la deuda, pues antes España se financiaba y refinanciaba a coste cero por el Banco Central Europeo, pero, ¿qué va a pasar en el inmediato futuro? La factura se empezará a pagar por el próximo Gobierno y por ende por todos los ciudadanos.
Ante todos estos temas, ¿cuál es la posición del PP? Respecto a la economía no cabe duda de que será un buen gestor y que contará con el apoyo de VOX, aunque tengan discrepancias menores. Pero, ¿y sobre el resto de temas políticos citados? Hoy por hoy el PP es muy ambiguo. Cada día le quedan menos días para hablar con claridad. Por ello parece que VOX va a ser imprescindible para que el Gobierno de España se enfrente a los graves problemas que deja Sánchez abiertos.
Lamentablemente el PP de Feijoo no ha seguido los ejemplos sensatos de Valencia y Baleares. En Extremadura ha tenido que ceder a última hora. En Murcia se ha enrocado. En Aragón está pendiente. La existencia de 17 PP no es buena para España
Los españoles debemos tener en cuenta esos silencios, esas realidades y esas ambigüedades a la hora de votar el 23J. Una inmensa mayoría esperamos racionalidad, franqueza y sentido común, ¿será capaz el PP de clarificar su postura en los escasos días que quedan antes de la cita electoral?
Autor
- Administrador Civil del Estado.
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