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La hoja de ruta, desde la transición política a la muerte de Franco, está trazada por la izquierda rupturista, -amalgama de socialistas, comunistas y separatistas- a los que el régimen de Franco había derrotado no sólo en la guerra, sino en una revolución social sin parangón, ni cuento. Por ello había que ir desmontando por fases y sin que el pueblo español lo percibiera todo el tejido industrial, social, político y cultural de ese régimen.
La voladura controlada la efectúan, desde dentro del régimen, quienes eran sus mayores beneficiarios y estaban llamados a perfeccionarlo. Los personajes, retratados magistralmente por Julio Merino, fueron: “el autor” –Adolfo Suárez-; “el padrino” – Torcuato Fernández Miranda; y “el empresario” –Juan Carlos I-. El inestimable apoyo exterior, el control absoluto de los medios de comunicación y una Constitución “de consenso” para dividir al pueblo, hicieron el resto. Así, llegamos al presente.
Entre medias de estos cuarenta años hemos tenido de todo. Apariencia de libertad para votar; apariencia de democracia para que, una camarilla sectaria e ideologizada, ocupe los resortes del estado; la quiebra de la independencia del poder arbitral -judicial-; corrupción institucionalizada y sin posibilidad de juzgar; mantenimiento de una ley electoral que favorece al separatismo y las alianzas contra natura; la abdicación del “empresario” sumido en escándalos sin cuento; la cultura dominada, mediante la subvención, por la izquierda; la enseñanza “adoctrinada” desde su más tierna infancia en la “nueva normalidad” de la “ideología de genero”. Y además, tenemos que soportar una burocracia política descomunal en gobiernos autonómicos, locales y nacional; chiringuitos subvencionados con nuestros impuestos para mantener la ideología izquierdista; la presión fiscal confiscatoria y un paro estructural inasumible que hace el resto.
Con todos los puentes volados; el ultimo, el de la Ley de Memoria Histórica, sancionada por Juan Carlos I, el 26/ diciembre/ 2007, donde queda proscrito, mediante ley, el anterior jefe del Estado “Generalísimo Francisco Franco”; precisamente quien “instaura” la actual monarquía que admite la profanación de su tumba; está claro que “la Monarquía decorativa” tiene los días contados. El último salvavidas puede que venga de la mano de esta epidemia que ha permitido desnudar, en toda su dimensión de impericia y muerte, a este inepto gobierno del fraude. Dependerá de como se conduzcan los actores principales y las masas de españoles, hartos de promesas y de sufrimiento, cuando acabe el encierro y se vea el desastre económico producido.
Las leyes de la Monarquía están escritas en la historia. Tienen el presente y abarcaran el futuro en base a esa “verdad histórica” que, en cada pueblo y nación, la ha configurado. De ahí que, por su cometido y fines, tanto en derechos como obligaciones, la Monarquía deba estar al margen de las contiendas políticas y del ejercicio del poder real; pues tiene el poder institucional de representar la unidad, libertad e independencia de una nación, según le confiere la Constitución. La utilidad de la Monarquía es la de constituir un poder histórico vinculado a la identidad nacional, al interés general.
Resulta, por ello, de suma importancia resaltar los orígenes próximos, de donde viene, la actual monarquía, y sus ventajas o inconvenientes, respecto a otras formas de gobierno, como la república. Que todo el siglo XIX hubiera sido un desastre, tanto en las distintas formas de gobierno, como en la forma del Estado -dos repúblicas- no sólo deja en mal lugar a los gobernantes o clase política, sino también al pueblo español, excesivamente beligerante, influenciable y retrasado, en lo económico y cultural (aproximadamente el 60% era analfabeto, en la España rural de 1931).
“No se puede reinar inocentemente”, sostenía Saint-Just. En ello debió pensar Alfonso XIII camino del exilio Romano, el 14 de abril de 1931. De ahí conviene que traiga dos breves pinceladas de hechos históricos irrebatibles sobre como volvió la monarquía a España.
Proclamada la república, se elige en el parlamento, el 31 de Julio de 1931, una Comisión de Responsabilidades con una lista cerrada que admiten sin discusión. De los 21 miembros nombrados, 11 pertenecían a la masonería; 5 eran socialistas (3 de ellos masones) y dominaban la totalidad de la Comisión. El dictamen leído por el secretario de las Cortes Constituyentes, Sr. Vidarte, en la madrugada del día 20 de noviembre de 1931, y para que sea impreso en todos los ayuntamientos de España, legaciones diplomáticas y Sociedad de Naciones, es de una dureza y vituperio inusitada. Extracto lo esencial del folio: “Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como formula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fuera Rey de España, … y en su consecuencia, el Tribunal Soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la ley a D. Alfonso de Borbón Habsburgo Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional. Será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España… De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en territorio nacional, se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá el uso más adecuado que deba darles”.
Esa era la salud democrática que presentaba la Monarquía en el primer tercio del siglo pasado, por méritos propios y deméritos de una clase política tan impresentable como la actual; tan incapaz como la actual; tan carente de un proyecto colectivo ilusionante, como la actual; tan partidista como la actual; tan sectaria como la actual; tan necesitada de alguna idea superior como la actual.
El edificio monárquico comienza a deteriorarse, entonces como hoy, por esa serie de ineptitudes conjuntas y por el atraso crónico de nuestro pueblo; siglo y medio trasteado con soflamas y a punto de caer en el comunismo. Una de las diferencias entre la restauración de Prim – Amadeo de Saboya- o, Cánovas -Alfonso XII- y la instauración de Franco -Juan Carlos- consistió en la legitimidad de origen y la madurez social, política y económica del pueblo.
Algo ocurriría, desde la II república, para que, casi un siglo después, llevemos cuarenta y cinco años con un Monarca en la jefatura del Estado y hayamos tenido, en ese período, dos reyes: uno emérito y otro con mérito.
¿Qué ocurrió? Sin interesadas ocultaciones; que perdieron la guerra civil los que la provocaron y la ganó Franco; que no se intervino en la II guerra mundial, gracias a Franco; que se transformó e industrializó España hasta converger con Europa, gracias a Franco; y que sin prisa y con toda la sabía prudencia de sus convicciones, Franco creyó que la Monarquía era lo mejor para España. Así convirtió la nación en Reino; estableció, mediante ley fundamental la sucesión, sometida a referéndum en 1969; y nombró su sucesor a título de Rey, al Príncipe de España, Juan Carlos de Borbón. Se “instaura” no restaura la monarquía en España, por mucho que Ansón se empeñe en lo contrario.
El 22 de noviembre de 1975 jura Juan Carlos de Borbón, a título de Rey, Juan Carlos I, el cargo ante el pleno de las Cortes: «Si, juro lealtad a su excelencia el jefe del Estado y fidelidad a los principios fundamentales del movimiento y demás leyes fundamentales del reino”. Presidente de las Cortes: «Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande”. ¿Cuanto tardará el frente popular gobernante en demandar ese juramento? Lo analizaremos en el próximo artículo.
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