Como todos los lectores saben, Españistán es, a la vista de su putrefacción, un estercolero con bandera. Un nido de corrupción, donde cada cacique tiene un cortijo y una banda de secuaces, y donde los ciudadanos somos el botín.
Lo que no tantos saben es que Españistán tiene suscritos infinidad de convenios internacionales para luchar contra esa corrupción y proteger a los denunciantes, como La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (BOE de 19 de julio de 2006), los convenios Penal y Civil sobre la corrupción, del Consejo de Europa (BOEs de 28 de julio y 31 de marzo de 2010), la Directiva europea 2019/1937 y muchas normas de régimen interno sobre la materia, que todos los juzgados y tribunales aplican a rajatabla a diario.
La pregunta lógica es, ¿ cómo puede haber tanta corrupción, con tantas normas para perseguirla?
Intentaré aportar un poco de luz, con dos ejemplos que conozco personalmente, por ser su protagonista:
En 2022 presenté alrededor de 1.200 denuncias contra políticos de todo el abanico de la corrupción… digo, del arco parlamentario, jueces, fiscales, jefes de policía y un largo etcétera.
A muy duras penas, conseguí que una, con nombres tan conocidos como Marlaska, Margarita Robles, la dimitida Dir. Gral. de la Guardia Civil (María Gámez) y la ex directora del CNI (Esperanza Casteleiro), llegase al Tribunal Supremo. Los presuntos hechos no eran moco de pavo: sobornos a nivel internacional, tráfico de drogas, asesinatos, blanqueo de capitales y un inquietante etcétera.
Newtral se hizo eco de la noticia. https://www.newtral.es/wp-content/uploads/2023/04/AUTO-AUDIENCIA-PROVINCIAL-TOLEDO.-ANULA-ARCHIVO-POR-FALTA-COMPETENCIA.pdf?x87659
Según los arts. 269 y 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), los jueces que reciban una denuncia deben investigarla, salvo que los hechos sean manifiestamente falsos, o siendo ciertos no revistan carácter de delito.
El Tribunal Supremo archivó la denuncia sin investigar lo más mínimo. Un mal pensado–no es mi caso-, diría que tenían miedo de encontrar algo.
En febrero de 2023 denuncié al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo (Manuel Marchena Gómez) y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional (Jesús Alonso Cristóbal), por tener presuntas cuentas en bancos extranjeros.
Recibida la denuncia en el Supremo, la ha inadmitido y se niega a investigar. Para compensar, propone que se me multe con hasta 6.000 € por “mala fe”, ya que la denuncia se basaba en datos aparecidos en redes sociales.
De nada ha servido que en todas mis denuncias transcriba literalmente el art. 264 LECrim, que OBLIGA A DENUNCIAR TODOS LOS DELITOS QUE SE CONOZCAN, AUN DE MODO INDIRECTO Y SIN PRUEBAS.
La prensa se regocija con la noticia y se ha hecho eco de este nuevo golpe contra la corrupción:
https://www.lne.es/gijon/2024/03/24/gijones-investigado-denunciar-base-juez-99889856.html
Métodos tan peculiares como eficaces, estos del Tribunal Supremo, para acabar con la corrupción.
Probablemente expertos de muchas naciones vengan a Españistán a tomar nota y aprender de nosotros y especialmente del Tribunal Supremo.
La duda que surge es ¿y con tantas normas y tanto esfuerzo todavía no hemos acabado con ella?
Pues, como se puede ver, no del todo, pero poco nos falta.
Autor
- Guerrillero insurgente. El sistema lo describe como negacionista, conspiranoico, anticientífico, egoísta e insolidario. Él se cisca en el sistema y no ceja esfuerzos para derribarlo. No usa trabuco, pero a su ordenador lo llama “La MG-42”.
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