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Hay patrones de conducta institucional que, por reiterados, dejan de ser negligencias aisladas para convertirse en un método. Lo acontecido en torno al siniestro ferroviario de Urda, donde las prevenciones explícitas, severas y disciplinarias dictadas por la juez Tardón sobre la custodia de las pruebas parecían blindar el proceso judicial, ha vuelto a tropezar con la misma piedra opaca: la incomprensible alteración o desaparición de elementos clave como las cajas negras de las unidades afectadas. Las ratas más carroñeras y criminales se ocultan con carné socialista en cualquier grieta del Estado de derecho para hincar el incisivo criminal. Cuando no se roba, se quema con aparentes incedios fortuitos para no dejar pruebas. Igual que hizo Zapatero con el 11-M para borrar los rastros de sus conversaciones con ETA o Marruecos que desembocaron en la maniobra de distracción y muerte de la matanaza; ergo golpe de estado, punto de inflexión para imponer la radicalidad de la siniestra en España con apariencia de legalidad.
Cuando la custodia de las pruebas se fractura en un caso de trascendencia pública, la duda deja de ser una sospecha para transformarse en una certeza procedimental. En cualquier Estado de Derecho donde la Ley de Enjuiciamiento Criminal mantenga su imperio, el principio de conservación de la prueba es inalterable. Destruir, extraviar o manipular la evidencia material de un siniestro vulnera de raíz la tutela judicial efectiva y convierte la instrucción en una mueca procesal.
Este episodio arrastra de forma inevitable la memoria histórica hacia uno de los pasajes más oscuros de la democracia española: la desguazadora celeridad con la que, tras los atentados del 11 de marzo de 2004, se procedió a la destrucción masiva de los vagones colisionados en las estaciones de Madrid. Aquella vulneración flagrante de la cadena de custodia impidió un peritaje independiente y definitivo sobre la naturaleza del explosivo que costó la vida a 192 personas, en un contexto político convulso que derivó en la llegada al poder de Rodríguez Zapatero y en la alteración del rumbo institucional del país.
El modus operandi del atropello procedimental muestra una preocupante continuidad temporal. Ya sea ante el desguace acelerado de trenes ensangrentados en 2004 o ante la misteriosa evaporación de registros técnicos e informáticos en la red ferroviaria actual, la constante es idéntica: la neutralización de los vestigios que permitirían dirimir responsabilidades penales y políticas directas.
Cuando el aparato administrativo ignora los mandates del Poder Judicial y consiente la pérdida de pruebas vitales, no estamos ante un fallo del sistema, sino ante una estrategia de contención de daños. Frente a la inercia del borrado de huellas y la impunidad de despacho, la respuesta no puede ser el silencio complaciente. Res non verba: la exigencia de explicaciones inmediatas y la depuración estricta de responsabilidades son el único antídoto para que la justicia no vuelva a ser desguazada en vía muerta.
El encubrimiento no es un accidente operativo; es la herramienta de supervivencia de una gestión que le teme a la verdad judicial. Cuando un sistema se ve obligado a hacer desaparecer el registro técnico de una tragedia, está admitiendo de facto que la causa real del desastre no es un fallo humano fortuito, sino la consecuencia directa de una cadena de decisiones políticas y presupuestarias impresentables. La eliminación de la prueba busca mutilar el expediente antes de que llegue al tribunal, sustituyendo la evidencia científica por la versión oficial de conveniencia.
La gravedad de estos hechos alcanza su cota más escandalosa cuando se consuma a espaldas —o en abierto desacato— de las órdenes judiciales expresas. Romper la cadena de custodia y burlar las cautelas de la jueza Tardón no solo supone una afrenta directa a la independencia del Poder Judicial, sino que trasluce una sensación de impunidad total dentro de la estructura administrativa. Se actúa con la convicción de que las consecuencias políticas de un proceso judicial limpio son infinitamente más costosas que las consecuencias administrativas de perder unos datos «incómodos».
Por todo ello, la analogía con el desguace del 11-M no es un recurso retórico, sino un aviso histórico sobre la degradación de las instituciones. Aquella destrucción de vestigios sentó un precedente nefasto: demostró que en España se podían borrar las pruebas de una tragedia masiva sin que los responsables pagaran un precio penal por la conculcación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Exigir hoy luz, taquígrafos y responsabilidades sobre las cajas negras de Urda no es solo defender la memoria de las víctimas de la vía pública, sino impedir que la arbitrariedad y el borrado sistemático se consoliden definitivamente como norma de Estado.
RES NON VERBA
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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