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Es lamentable y digno de expulsarlos a todos
Las declaraciones de la nueva Vocal, María Luisa Segoviano, no son de recibo y simplemente por lo que refleja ya se le debería expulsar del cargo recién asumido
Y para que lo comprueben les reproduzco el artículo que hoy firma Teresa Gómez en “Ok Diario”:
“La Juez Segoviano propuesta por el CGPJ ha firmado que el Derecho a la Autodeterminación es un tema complejo que llegado el momento habría que estudiar”. Cree que la Constitución permite ejercer la Autodeterminación a los distintos territorios de nuestro país (increíble que esta mujer no haya sido detenida ya).
“La nueva magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, nombrada a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, ha reconocido que el derecho a la autodeterminación «es un tema complejo» que habría que «estudiar». En este mismo sentido se ha pronunciado la magistrada María Luisa Balaguer que se enfrenta a Cándido Conde-Pumpido por la presidencia del órgano garante de la Carta Magna. Balaguer se ha pronunciado al respecto y ha asegurado que «está aquí para generar nuevas posiciones en el Derecho» y, ha añadido, que «en supuestos concretos es necesario superar la Ley». Unas revelaciones que se han percibido como un acercamiento al independentismo catalán. Pero, fuentes del Constitucional aseguran a OKDIARIO que estas declaraciones buscan el voto –a favor de Balaguer en la batalla contra Pumpido– de la nueva magistrada Laura Díez, ex asesora de la Generalitat entre 2002 y 2004 para la reforma del Estatut.
La juez Segoviano ha afirmado que el derecho a la autodeterminación «es un tema complejo» que llegado el momento habría que «estudiar», al ser preguntada en una entrevista en Onda Cero sobre si cree que la Constitución permite ejercerlo a los distintos territorios de nuestro país. «Ése es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar», dijo textualmente la que fuera presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al ser interrogada sobre este asunto por el periodista Carlos Alsina.
Sí, es una vergüenza, una vergüenza que tan altos profesionales del Derecho y la Judicatura estén peleando como jugadores de Tercera División por ascender a la Primera. Un buen entrenador los mandaría a todos a la caseta y ficharía gente honesta y sana.
Segoviano defendió que «no hay que tener miedo a ningún planteamiento, a ninguna posición, a ninguna sugerencia» que se pueda hacer al Constitucional. «No hay que rechazar de entrada nada, pero no quiere decir que se admita, eso hay que tenerlo muy clarito», matizó. Añadió se trata de un tema «muy técnico», por lo que, llegado el caso, habrá que «mirarlo con muchísimo cuidado, y con sosiego y desapasionamiento».
Otras fuentes del máximo intérprete de la Constitución han afeado estas declaraciones. «No se trata de un tema complejo sino inconstitucional y cualquier jurista debe ser tajante en esto porque si no se violará nuestra Carta Magna», reprochan. Estas mismas fuentes perciben las declaraciones de Segoviano y Balaguer como una estrategia para conseguir el apoyo de Díez, la elegida junto al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo por el Gobierno de Pedro Sánchez para ocupar una de las vacantes en el Tribunal de Garantías.
Acercamiento a Laura Díez
Laura Díez Bueso ejerció en el Gobierno de Sánchez como directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, primero, y después como directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en Moncloa. Un cargo que ocupó hasta abril de este mismo año. Pero, además, la magistrada fue asesora de la Generalitat entre 2002 y 2004 para la reforma del Estatut, varios de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales.
Este año, esta catedrática de Derecho Constitucional fue elegida para formar parte del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, nombrada por el Parlamento catalán a propuesta del PSC. Hasta ahora, Díez ha ejercido de vicepresidenta. Esta institución se encarga de asegurar que las normas con rango de ley del Govern y el Parlament se ajustan al Estatut y la Constitución. Además, se ocupa de identificar los posibles recursos, motivos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia que puedan afectar al «autogobierno catalán».
Durante estos meses, según fuentes socialistas, Díez Bueso ha dado su opinión al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños, de cara a elaborar una nueva propuesta de reforma estatutaria en Cataluña que incluya la posibilidad de organizar un nuevo referéndum con un marco legal. La idea, según las mismas fuentes, es que Gobierno y Govern alcancen un acuerdo antes de dar a conocer a la opinión pública la reforma del Estatut de tal forma que los trámites parlamentarios, tanto en el Parlament como en el Congreso, sean rápidos. La labor de Díez Bueso es, según estas fuentes, que se pasen los filtros en el Tribunal Constitucional sin demasiadas reticencias.
Por ello, Balaguer y Segoviano buscan, con sus declaraciones, mostrar a Díez que si apoya a la primera en la presidencia existirá esa revisión y debate sobre el referéndum en Cataluña. Y es que, con este voto, Balaguer conseguiría la victoria en una batalla muy reñida con Pumpido por la presidencia.
Batalla muy reñida
El cargo al que aspiran Pumpido y Balaguer se cotiza al alza y la llave la tiene la magistrada del Tribunal Supremo María Luisa Segoviano. Si Segoviano apoya a Balaguer, ésta se convertirá en presidenta sin ninguna duda puesto que contará con el apoyo de los magistrados nombrados a propuesta del PP. Estos son Enrique Arnaldo, Concha Espejel, César Tolosa y Ricardo Enríquez. Por tanto, sumará el apoyo de seis compañeros frente a los cinco del bloque izquierdista con el que cuenta Conde-Pumpido, dado que el tribunal actualmente está compuesto sólo por once miembros –y no doce como establece la Constitución– porque el PSOE está bloqueando cubrir la vacante que dejó libre el magistrado propuesto por el PP Alfredo Montoya.
Así, Pumpido tiene asegurado, por el momento, el apoyo de los magistrados afines a los socialistas Ramón Sáez y María Luisa Montalbán y también contará con el respaldo de los dos miembros que acaban de ser propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez: Juan Carlos Campo y Laura Díez. Cinco votos asegurados. Pero si Díez cambia su voto, como pretenden Segoviano y Balaguer, la victoria de esta última se verá reforzada.”
Autor
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Periodista y Miembro de la REAL academia de Córdoba.
Nació en la localidad cordobesa de Nueva Carteya en 1940.
Fue redactor del diario Arriba, redactor-jefe del Diario SP, subdirector del diario Pueblo y director de la agencia de noticias Pyresa.
En 1978 adquirió una parte de las acciones del diario El Imparcial y pasó a ejercer como su director.
En julio de 1979 abandonó la redacción de El Imparcial junto a Fernando Latorre de Félez.
Unos meses después, en diciembre, fue nombrado director del Diario de Barcelona.
Fue fundador del semanario El Heraldo Español, cuyo primer número salió a la calle el 1 de abril de 1980 y del cual fue director.
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Un juez, como su propio nombre indica, tiene la función de juzgar un hecho, de forma objetiva, en función del ordenamiento jurídico vigente, con absoluto respeto a la Ley en todo lo que afecte al caso sujeto a juicio. Lamentablemente, desde hace bastante tiempo, la mayoría de los jueces están adscritos a determinados movimientos asociativos que, indefectiblemente, siempre tienen un fondo político. Hoy, ya hasta se han quitado la careta y se clasifican en conservadores y progresistas, aunque yo, el término de progresista, no lo llego a entender muy bien, salvo que el progreso sea la medra económica al igual que ocurre en los políticos declarados. El problema no tendría consecuencia muy relevantes si estos «magistrados» no tuvieran tareas tan importantes como las que tiene el Supremo o el TC; aquí es donde sus autos pueden hacer un daño irreparable a la democracia que nos hemos dado vía a la Constitución del 78, y convertir la Carta Magna en papel mojado al servicio del sátrapa de turno residente en La Moncloa. En definitiva, jueces que, en lugar de velar por el cumplimiento de la Ley, la pervierten en beneficio de sus intereses sectarios y partidistas. Probablemente, esto será causa y efecto del fin del Estado de Derecho. Tan claro como eso.