Lo público y lo privado. Por Antonio Alonso Timón

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Sorprenderían notablemente a cualquier despistado las afirmaciones, en pleno siglo XXI y después de lo que ha caído, de los líderes de Podemos a lo largo de esta pandemia del COVID-19 (me niego a llamarle la COVID-19) en el sentido de apostar por la nacionalización de toda la Economía. Es decir, la publificación de todo tipo de bienes.

Sin embargo, esas aseveraciones son coherentes con su ideología política comunista. Hay dos axiomas comunistas que se han cumplido inexorablemente en todos los países donde se ha implantado esta “exitosa” ideología.

El primero, aplicable al ámbito de las relaciones jurídico-públicas, apuesta por la publificación de todos los medios de producción para, posteriormente, repartir la pobreza que ello conlleva entre la mayoría de la población y premiar con privilegios de estatus a la nomenclatura del partido. Cuanto mayor es la tarta de lo público a repartir mayores son los esfuerzos que los ciudadanos realizan para poder formar parte de la casta comunista y poder así salir mínimamente de la misera deliberadamente producida, mantenida y fomentada por el sistema.

El segundo, residenciado más en las relaciones jurídico-privadas, es más simple y, por ello, mucho más tangible: lo mío y es mío y lo demás, también es mío.

Peligrosos ejemplos de estos dos axiomas estamos teniendo en España en los últimos meses desde que se conformó este insólito Gobierno de coalición en enero de 2020, lo que debería ponernos en guardia y servir de aviso a navegantes despistados.

La nacionalización encubierta de la Economía y el aumento exponencial del tamaño del Sector Público, de forma directa e indirecta, ya está en marcha. Y las consecuencias de ello ya hemos visto cuáles son. Por ejemplo, el control de la sanidad privada que el mando único asumió desde la declaración del Estado de Alarma se ha hecho como se ha hecho. Es decir, mal, obviando el pequeño detalle que dicha sanidad privada estaba inmediatamente abierta para el ingreso por COVID-19 de los jerarcas socio-comunistas mientras los oprobiosos líderes fascistas de la derecha y sus familiares directos ingresaban en hospitales públicos. Toda una ironía.

Es chocante la rabiosa defensa de la sanidad púbica que desde las filas gubernamentales se hace constantemente. Ello supone, de hecho, una defensa a ultranza de las políticas de la oprobiosa dictadura franquista, que es la que construyó la mayoría de los hospitales de este país, muy especialmente los mejores de la ciudad de Madrid. Es, asimismo, un argumentario muy favorable a las políticas liberales llevadas a cabo por la insidiosa Esperanza Aguirre, bajo cuyo mandato se construyeron doce hospitales públicos. Otra ironía.

También choca la defensa a ultranza de la educación pública en detrimento de la enseñanza privada, en la que cursan estudios todos los hijos de los jerarcas socialistas y pronto los de los jerarcas podemitas, tiempo al tiempo, o de la enseñanza concertada. El PSOE ha sido el partido que más años ha estado en el poder desde la aprobación de la Constitución española de 1978 y poco o nada ha hecho por la educación pública, más allá de degradarla, denigrarla o manipularla. Los índices internacionales de medición de la educación no dejan en muy buen lugar al modelo educativo español. Especialmente malos son los índices respecto de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE. Otra ironía más. La izquierda española no ha consentido que se aplique una Ley de educación que no hubiera sido elaborada por ella, como muestra el hecho de que hoy mismo se haya presentado en el Congreso el nuevo Proyecto de Ley de Educación, llamada Ley Celaá. La educación le ha servido a la izquierda española para controlar un potente instrumento al servicio de sus intereses y no del interés público.

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También sorprende mucho la defensa de lo público por lo que hace referencia a instituciones básicas y fundamentales en el Estado de Derecho, en la Constitución española y en el funcionamiento propio de la Administración Pública. Ataques constantes a la Jefatura del Estado, al Poder Judicial, a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía o a la Guardia Civil no parecen favorecer mucho la gestión de lo público. Otra ironía más. Y van ya unas cuantas.

El ejemplo más gráfico del segundo axioma que apuntábamos al inicio de estas reflexiones es todavía más sangrante y peligroso. Es una mezcla explosiva compuesta por ingredientes incendiarios. Nos referimos concretamente al blindaje de la dacha de Galapagar, custodiada por 28 guardias civiles de élite, para evitar que cualquier ciudadano díscolo moleste al amado líder de la casta podemita. Ironías varias y múltiples se conjugan en todo ello (que sea la Guardia Civil la que tenga que proteger a un sujeto que odia al benemérito cuerpo, que se corte una calle pública sin justificación alguna para impedir la libre circulación de ciudadanos por ella, lo que no tiene acomodo jurídico alguno si tenemos en cuenta la prolongación en el tiempo con que se está llevando a cabo la usurpación a la ciudadanía del uso de un bien de dominio público por naturaleza, o que, finalmente, se tenga que proteger al inventor de los escraches, cual niña llorona, frente a pacíficas concentraciones de ciudadanos que ninguna violencia ejercen contra el supremo líder de la casta podemita, a diferencia de lo que hacían sus secuaces no hace mucho tiempo contra políticos de otros partidos).

Son demasiadas ironías. Y tantas ironías sólo pueden desembocar en una farsa. La farsa constante de unos sujetos que se arrogan una supremacía democrática que no tienen ni practican. Unos sujetos que se han convertido en demócratas para subvertir la democracia española con el apoyo de narco dictaduras foráneas, como cada vez es más evidente.

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Pero no inventan nada. No tienen tanto talento. Todo está inventado. El fracaso del putsch de Munich de noviembre de 1923 le enseñó una lección muy importante a Hitler: que no podía derribar el sistema democrático enfrentándose directamente a él a través de un golpe de Estado. ¿Qué hizo entonces? Se disfrazó de demócrata para horadar la democracia desde dentro. Y todos sabemos cómo acabó aquello. Los comunistas aprendieron la lección también. La estrategia de la Comintern para la II República española era la misma. Atacarla desde dentro para propiciar un triunfo revolucionario comunista. Los errores de cálculo de la cúpula socialista con Largo Caballero al frente como principal exponente, pero no único, aceleraron el proceso en demasía y provocaron una inevitable Guerra Civil entre españoles, que no era el plan comunista, el cual pasaba por esperar un poco más.

Estamos en una situación muy delicada susceptible de ir a peor si la derecha sociológica española no pone pie en pared y si la izquierda nacional no ultra no reacciona ante los excesos de este Gobierno.

La nacionalización de los bienes en los sistemas totalitarios comunistas siempre ha ido acompañada de la nacionalización de las personas. Ambos procesos se dan en España de manera incipiente en este momento. De la Sociedad española dependerá encontrar soluciones a este problema y que no acabe un período de razonable estabilidad política y social en nuestro país, como el que ha proporcionado la Constitución española de 1978.

La convivencia entre lo público y lo privado genera riqueza. La nacionalización de todos los medios de producción con el objetivo de poderlo en manos de una jerarquía pseudodemócrata supone un ataque al derecho de propiedad privada. La nacionalización de las personas supone un ataque directo a su libertad. La conjunción de ambas políticas sólo conduce a la ruina económica y a la alienación personal. El comunismo no cree ni en la propiedad privada ni en la libertad y los resultados que la Historia nos muestra son elocuentes.