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Según destacan sus seguidores y numerosos analistas internacionales en materia de seguridad, la transformación vivida por El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele representa uno de los giros más radicales de la historia reciente en América Latina. En apenas unos años, el país pasó de encabezar las estadísticas mundiales de homicidios y vivir bajo el yugo diario de las extorsiones de las pandillas a recuperar el control efectivo de sus calles, reactivar el comercio local y proyectar una imagen de orden ejecutivo que despierta admiración fuera de sus fronteras.

Para quienes aplauden esta gestión, la clave ha residido en una determinación política sin complejos frente a estructuras criminales que parecían intocables, combinando despliegue policial, reformas penitenciarias de máxima seguridad y una ejecución inmediata de las decisiones de Gobierno. Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos y juristas recuerdan que este modelo se ha sustentado en un estado de excepción continuado y en la concentración de poder institucional, un contraste que alimenta el debate internacional sobre el equilibrio entre eficacia y garantías democráticas.

No es de extrañar que, desde España, ciertos sectores de la opinión pública observen esa contundencia ejecutiva con la mezcla de fascinación y envidia sana con la que el vecino del quinto mira un todoterreno desde su utilitario gripado. Ante el hartazgo por la crispación política y los escándalos que salpican la actualidad nacional, cunde en algunos foros la fantasía de traer al mandatario salvadoreño en comisión de servicios para que ponga orden en el patio.

El choque cultural, sin embargo, promete ser apasionante.

Imaginemos por un momento a Bukele aterrizando en Barajas con su gorra hacia atrás y su manual de acción directa, dispuesto a aplicar su receta de «tolerancia cero» a la realidad política española. Mientras desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios se reivindican los datos macroeconómicos, la creación de empleo y el avance en derechos sociales como aval de su gestión, gestión de espejismo, sus detractores le recuerdan al visitante un catálogo bien distinto de agravios: pactos parlamentarios sostenidos sobre cesiones constantes, reformas legales diseñadas al dictado de la aritmética de investidura, una presión fiscal creciente sobre el tejido productivo y una sucesión de investigaciones judiciales que alimentan la desafección ciudadana.

Antes de que Bukele pudiera firmar su primer decreto, un comité de expertos le explicaría con paciencia franciscana que en nuestro sistema las cosas funcionan con otra coreografía: primero se abre una comisión de investigación en el Congreso para que sus señorías se lancen reproches mutuamente durante seis meses; después se filtra un informe a la prensa; más tarde se acude al Tribunal Constitucional; y, si dentro de doce años queda alguien despierto cuando salga la sentencia, siempre cabe la posibilidad de aprobar una reforma penal a medida o un indulto por razones de «convivencia».

Porque esa es la gran paradoja que denuncian de forma recurrente las asociaciones cívicas y los analistas críticos con la gestión gubernamental: la maquinaria del Estado exhibe una eficacia recaudatoria y sancionadora milimétrica cuando un autónomo o un ciudadano corriente se retrasa un día con Hacienda, pero desarrolla una prodigiosa, y aberrante, elasticidad política y procesal cuando los problemas afectan al mantenimiento de la mayoría parlamentaria o a los entornos del poder.

Ahora bien, como recuerdan con igual insistencia los constitucionalistas y defensores del Estado de derecho, la tentación de pedir un hombre fuerte con plenos poderes tiene letra pequeña. El atractivo de un liderazgo sin contrapesos dura exactamente hasta el minuto en que quien maneja el botón rojo decide que el enemigo público eres tú por escribir un artículo incómodo, discrepar del relato oficial o votar a quien no debes. En ese instante, los mismos que pedían suspender garantías empiezan a echar de menos hasta al último letrado de la Administración de Justicia.

Al final, quizá no haga falta fletar ningún vuelo desde San Salvador. Basta con algo mucho más revolucionario y menos fotogénico: que los jueces puedan trabajar sin presiones ni señalamientos políticos, que los cargos públicos respondan ante la ley exactamente igual que el panadero de la esquina y que el Código Penal deje de redactarse en función de las necesidades de cada legislatura. Claro que, visto el panorama, eso último sí que suena a la más ingenua y pura distopía si los delincuentes siguen manejando el BOE al antojo criminal de las, otrora, salvajes bandas de pandilleros del saneado El Salvador.

Envidia cochina.

RES NON VERBA

Ignacio Fernández Candela

Autor

Ignacio Fernández Candela
Ignacio Fernández Candela
Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.

Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela

Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.

Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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