Deslegitimar el Derecho Penal desde el Gobierno. Por Diego Fierro Rodríguez

Getting your Trinity Audio player ready...

Pedro Sánchez afirmó, a finales del pasado mes de mayo, que: «Tengo muy claro que la decisión que tome va a tener muy presente valores constitucionales como la concordia, el entendimiento, la superación de una crisis que desgarró al conjunto de la sociedad española en 2017. El entendimiento, el encuentro, esos principios serán los que pesarán como presidente del Gobierno. Lo que no son principios constitucionales son la venganza o la revancha». Lo triste de estas desafortunadas palabras es que descartan los verdaderos valores constitucionales del artículo 1.1 de la Constitución, que son la libertad, que no pueden disfrutar en Cataluña los que no son independentistas, la igualdad, que no tienen aquellos que no apoyan a Oriol Junqueras y compañía, la justicia, que no tienen los españoles mientras su dinero de derrocha en virtud de las ideas secesionistas, y el pluralismo político, tan limitado en Cataluña que solo se habla del duelo de su Gobierno autonómico con el Gobierno estatal. Además, la afirmación de Pedro Sánchez demuestra que no tiene presente en sus decisiones para con el independentismo catalán los principios constituciones del artículo 9.3 de la norma fundamental, como los de legalidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Asimismo, los términos empleados por el Gobierno de la nación española pueden servir para justificar el desmantelamiento del Derecho Penal como instrumento esencial para proteger los intereses más relevantes de la sociedad frente a los ataques más grave, pues reducen la legislación penal a un simple instrumento de «venganza».

Franz von Liszt define el Derecho Penal afirmando que «es el conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a la pena, como legítima consecuencia». En Manual de Introducción al Derecho Penal, obra de profesores de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, se indica que «podemos convenir, con Rodríguez Mourullo, que el Derecho Penal es el sistema de normas jurídicas «que a determinadas conductas previstas como delitos asocian penas o medidas de seguridad»», destacándose en la misma obra que «el Derecho Penal regula uno de los modos en el que el Estado administra el monopolio de la violencia: regula una actividad pública». En cualquier caso, es cierto que hay una serie de garantías constitucionales y legales que buscar garantizar que la determinación del delito y de la pena y la ejecución de la sanción se produzcan de manera legítima.

LEER MÁS: Hay que ponerle el cascabel al gato. Por Julio Merino

Los que se hacen llamar «los presos del procés» fueron condenados por delitos perfectamente establecidos en el Código Penal, la sedición y la malversación de caudales públicos; la pena que se les impuso se fijó atendiendo a la legislación y siguiendo criterios razonables; la determinación de la responsabilidad penal y del castigo correspondiente se efectuaron por un tribunal previamente establecido con las condiciones marcadas en el ordenamiento jurídico; y la pena se ha ejecutado por los trámites recogidos en la legislación penitenciaria, aunque con una lamentable laxitud. Todo ello lleva a pensar que no puede haber quejas coherentes por la condena a los líderes independentistas catalanes y que resulta inapropiado decir que los condenados por la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, de 14 de octubre, están sufriendo los efectos de una «venganza» cuando, en realidad, están padeciendo las consecuencias penales que la legislación penal atribuye a comportamientos como los ejecutados el día 1 de octubre de 2017 y en otras fechas cercanas en Cataluña para lograr su secesión.

Deslegitimar el Derecho Penal es lo que se está haciendo desde el Gobierno al acoger las tesis independentistas para justificar unos indultos que los muchos partidarios del secesionismo catalán rechazan por entender que resulta insuficiente para sus aspiraciones. De ese modo, se está atacando a la legislación penal y a los pilares del independentismo, provocando ello el descontento de muchos, aunque, desde medios afines al Gobierno ya se está haciendo todo lo posible por endulzar el derecho de gracia afirmando que es la mejor salida para un conflicto que se va a reactivar precisamente con la concesión de unos indultos que permitirá volver a las circunstancias que germinaron en los actos del día 1 de octubre de 2017, como se podrá comprobar en los meses inmediatamente posteriores a la puesta en libertad de Oriol Junqueras y sus compañeros, que, aunque puedan no tener la misma fuerza que a comienzos del año de 2017, harán todo lo posible por mantener su desafío al Estado español, que, según han comentado en numerosas ocasiones, les oprime, a pesar de que reciben espectaculares carantoñas, que, por sus comportamientos, están lejos de merecer.