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Lo acaecido en el Palacio de La Moncloa rebasa la mera crónica de una crisis parlamentaria ordinaria. La comparecencia en la que Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre no constituyó una declaración institucional conforme a los usos de la alta magistratura del Estado, sino un descarado mitin de campaña sufragado con la infraestructura pública y dirigido a atizar la polarización social.
Quien ejerce el Ejecutivo instrumentalizó el atril reservado a la neutralidad del Gobierno para atacar frontalmente a la oposición, culpar a las «élites» de sus propios e insostenibles fracasos y parapetarse tras un lenguaje mitinero tras el estrepitoso colapso de sus decretos-trampa en el Congreso. La anomalía se ha tornado norma: la profanación del espacio institucional es el síntoma definitivo de un régimen que entiende el Estado no como una garantía de todos los españoles, sino como un patrimonio privado al servicio de la supervivencia de su líder.
Tras el varapalo parlamentario sobre la vivienda y acorralado por el avance impertérrito de las causas judiciales que se estrechan sobre su entorno, Sánchez ha decidido pulsar el botón del adelanto electoral. Sin embargo, nadie debe llamarse a engaño. Quien ha gobernado al margen de la norma, recurriendo a la ingeniería jurídica y al manoseo de las instituciones, no afronta estas elecciones como un acto de humilde rendición de cuentas, sino como un despliegue de propaganda en el que pondrá toda la maquinaria estatal al servicio del relato. Durante los próximos cincuenta y cuatro días presenciaremos la activación ininterrumpida del parasitismo ideológico y del chantaje del miedo, diseñados con la única finalidad de blanquear ocho años de demolición institucional y bancarrota moral.
El criminal Sánchez ignora la sensación atragantada de la cesta de la compra con pérdida brutal del poder adquisitivo, así como el precio desbocado de los carburantes, entre innúmeros perjuicios. El psicópata orquesta un discurso sobre ficticias mejoras que son en realidad burlas constantes ante la evidencia de la mafia socialsita. Como colofón de su panfleto institucional, Sánchez no dudó en verter la habitual catarata de falsedades sobre la «pujanza» de una economía ficticia, que solo existe en las estadísticas trucadas de Moncloa. La lacerante realidad de millones de ciudadanos hacendosos es la de familias y trabajadores expropiados por un expolio impositivo implacable que destroza sus rentas para alimentar la hipertrofia del gasto público. Un atraco fiscal que ni siquiera se traduce en servicios, sino en la peor decadencia de la sanidad, la degradación de las infraestructuras y la asfixia de la clase media. Mientras la España real aprieta los dientes para intentar llegar a fin de mes, el Ejecutivo dilapida los recursos de la Nación en propaganda, subsidios clientelares y mentiras sistemáticas diseñadas para adormecer la conciencia colectiva y ocultar la ruina moral y económica en la que nos han sumergido.
Ante esta maniobra de fuga, la «España que trabaja», la que paga religiosamente sus impuestos, abona sus hipotecas, sostiene el aparato productivo de España y sufre la erosión continua de sus derechos constitucionale, no puede permitir el triunfo de la manipulación. Las urnas del 29 de noviembre no se convocan para elegir entre matices programáticos, sino para dirimir un plebiscito existencial: la restitución del imperio de la ley o la consolidación definitiva de un poder arbitrario colocado por encima de la Constitución.
Pedro Sánchez, el putero de las saunas gay que habló con narcos para eliminar a la juez Biedma, entre tantas corrupciones y crímenes, además de altas traiciones, busca legitimar por fraude electoral la carrera delictiva de cuya gravedad solo atisbamos la punta del iceberg.
Para colmo de males, la última ardid de esta agonía institucional roza el filibusterismo y constituye un fraude de ley absoluto. ¿Cómo se permite tanto a un delincuente sin freno? Tras el varapalo de ver tumbados sus decretos de vivienda en el Pleno del Congreso hace apenas cuatro días, la estrategia golpista de Moncloa consiste en resucitar esos mismos «decretos zombi» mediante un nuevo texto «Maricarmen» aprobado a toda prisa en el Consejo de Ministros. El ardid es de una zafiedad jurídica colosal: al disolver las Cortes, Sánchez pretende tramitar la convalidación en la Diputación Permanente, donde la aritmética cambia y la fuerza parlamentaria que tumba su rodillo deja de contar. Gobernar por decreto contra el criterio ya expresado por el Parlamento disuelto, aprovechando el limbo institucional para puentearle la voluntad soberana a la Cámara, no es legislar: es utilizar la disolución como coartada para imponer por la puerta de atrás lo que la representación popular legítimamente le rechazó. Una vulneración flagrante del espíritu constitucional que retrata la naturaleza de un Ejecutivo dispuesto a quebrantar cualquier contrapeso democrático para perpetuar su sesgo intervencionista.
Lo paradójico es que si fuera detenido a mano armada sería una prerrogativa constitucional y legal frente a todas las ilegalidades cometidas por la banda mafiosa ejerciendo ilegítimo como ilegal poder.
Es en esta encrucijada histórica donde la responsabilidad recae de forma imperiosa sobre la alternativa. El Partido Popular y Vox no pueden permitirse el lujo de la frivolidad, el cálculo partidista ni la dispersión de esfuerzos. Cualesquiera que sean sus discrepancias doctrinales o sus legítimas ambiciones de espacio, deben quedar supeditadas de manera inmediata a la exigencia superior de la salvación nacional. La fragmentación del voto patriótico y constitucionalista solo beneficia a quien ha demostrado no tener escrúpulos a la hora de rentabilizar la división de sus opositores.
Es la hora de una alianza implícita, firme y decidida. Una entente sin ambigüedades ni complejos que garantice el desalojo del sanchismo y devuelva a la España real la certidumbre jurídica, el respeto a la propiedad privada y la dignidad institucional atropellada. Las fuerzas de la alternativa deben comprender la gravedad del momento: no se trata de disputarse las migajas del tablero, sino de liquidar democráticamente la etapa más oscura de nuestra historia reciente. El 29 de noviembre representa la última oportunidad para desmantelar la carroña socialcomunista y restituir, con contundencia procesal y soberanía popular, el orden constitucional violado. Ni un paso atrás; no hay margen para la tibieza.
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional Muck Rack, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en muchos medios de prensa escrita y digital como El Imparcial, Rambla Libre, Diario 16, Levante y ÑTV España entre otros, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
Información en buscadores mundiales de Internet e IA. También como Ignacio F. Candela
Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google con Google Knowledge Panel.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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