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Cuando la inoperancia institucional roza el colapso, el poder autoritario no busca soluciones: busca culpables y exige silencios. Las revelaciones vertidas por los facultativos del Hospital Universitario de Ceuta exponen un tumor político y administrativo que debe extirparse con el bisturí de la verdad. Que la gerencia del INGESA, dependiente de forma directa del Ministerio de Sanidad que regenta la vil Mónica García, amenace a los médicos con expedientes disciplinarios y con la no renovación de sus contratos por revelar el desbordamiento epidemiológico y asistencial que sufre la ciudad es una aberración propia de regímenes totalitarios.
La hipocresía de la denominada «Mema» alcanza cuotas nauseabundas. Quien hizo bandera de la defensa pancartera de la sanidad pública utiliza hoy la trampa burocrática y el terror laboral para encubrir la incompetencia de su propia gestión. Prescindir o chantajear a especialistas en mitad de un colapso migratorio y sanitario, únicamente por el «delito» de informar a la ciudadanía, demuestra un desprecio absoluto por la salud de los españoles y por la dignidad de los profesionales de la medicina. No estamos ante un fallo de organización; estamos ante una purga ideológica donde la lealtad al relato del Gobierno cotiza por encima de la vida humana.
El silencio de la vicepresidenta Yolanda Díaz ante estas coacciones a los trabajadores públicos confirma el nivel de complicidad de una izquierda institucional que calla cuando los abusos se cometen desde sus propios ministerios. La soberbia de quien pretende gobernar mediante la mordaza ha topado con unos médicos dispuestos a no ceder al chantaje y a acudir a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Frente a la tiranía del miedo, la dignidad profesional se convierte en el último bastión de la verdad.
Esta estrategia del abandono calculado y la parálisis deliberada sigue el mismo patrón perverso que España ya padeció con la trágica gestión de la DANA en Valencia, las devastadoras oleadas de incendios y tantas otras catástrofes nacionales. Dejar que los males se extiendan, bloquear el auxilio urgente y contener la respuesta hasta que el daño es irreparable no es simple negligencia: es la firma inconfundible de un desgobierno criminal que utiliza la inacción como arma de desgaste político y fiscalización social. Omitir el deber de socorro ante un riesgo epidémico inminente para luego ocultarse en la propaganda o el lavado de manos institucional confirma que estamos ante una dirigencia sin escrúpulos que convierte el sufrimiento ciudadano en un frío cálculo de supervivencia en el poder.
España no puede tolerar que el Ministerio de Sanidad actúe como un tribunal de la inquisición contra quienes sostienen el sistema asistencial en la frontera sur. Extirpar este cáncer autoritario, si es necesario y por ministerios con afiladísimo bisturí, exige señalar sin paños calientes a sus responsables políticos y recordarles que el Estado de Derecho no pertenece a los comisarios de turno.
Esta deriva totalitaria en la gestión de la salud pública no es una simple patología aislada, sino la metástasis de un régimen putrefacto que antepone la supervivencia de su discurso a la realidad de los hechos. Amenazar el pan y el sustento de quienes arriesgan su propia salud en la primera línea de contención frente a brotes infecciosos no solo demuestra una cobardía moral inaudita, sino una premeditación perversa: se prefiere mantener desprotegida a la población antes que admitir el fracaso absoluto de la política de fronteras y de los servicios esenciales. La salud de los ceutíes y la estabilidad de todo el país se han convertido en un mero daño colateral para unas élites políticas obsesionadas únicamente con el blindaje de su cuota de poder.
Es hora de cortar de raíz la impunidad con la que estos comisarios de partido pretenden amordazar la libertad de expresión y el deber ético de los médicos. Quienes dirigen con el garrote de la coacción y la soberbia de la censura deben saber que se enfrentan a un muro infranqueable de dignidad profesional e institucional que no va a dar un solo paso atrás. La sanidad no se defiende con discursos de barricada ni con purgas de despacho, sino con el respeto irrestricto a la verdad y a quienes ejercen la medicina con sentido del deber. Frente al terror burocrático y la complicidad silenciosa del Ejecutivo, la respuesta debe ser implacable: extirpación política, justicia y luz sobre el estercolero de la propaganda.
RES NON VERBA — Hechos, no palabras.
Autor
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Ignacio Fernández Candela es escritor, pintor y columnista internacional, autor de 17 libros y miles de artículos. Con más de 35 años de trayectoria en medios como El Imparcial y ÑTV España, desarrolla una obra que combina análisis sociopolítico y creación artística, con más de 500 pinturas y cincuenta exposiciones individuales.
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Perfil de autor, obra literaria y trayectoria indexada en Google.
Propietario y editor de ÑTV ESPAÑA desde julio del 2023 hasta julio del 2025.
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