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La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) ha dado a conocer lo que considera un «nuevo escándalo en el Punto de Encuentro Familiar de Pinto».
Concretamente se denuncia a las empresas adjudicatarias del servicio Asociación Centro Trama, Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. y al Ayuntamiento de Pinto. Los presuntos delitos se enmarcan concretamente en el incumplimiento del contrato de adjudicación, la falta de colegiación y especialización del personal técnico, pudiéndose considerar un presunto maltrato infantil emocional y psicológico de los menores que asisten al servicio durante años.
La cesión de la gestión de los Puntos de Encuentro Familiar se realiza mediante un concurso público al que se presentan asociaciones y fundaciones. Usualmente, la parte económica es la que más se valora, por lo que el proyecto que menos costos acarrea es el que sale elegido.
Además de las condiciones precarias de material y de personal, el trato que reciben los menores y las familias es pésimo, las broncas y discusiones son habituales.
La intervención de dicho PEF adolece de irregularidades, en especial por cuanto los informes remitidos al juzgado son sesgados y tendenciosos, ocultando al juzgado determinadas incidencias relevantes. No recogen en los informes que envían al juzgado cuestiones fundamentales, obviando todo aquello que perjudica a la madre, incluso aunque se solicitara expresamente por el padre. Informes por otra parte, firmados por técnicos sin colegiar ocultando sus apellidos y número de colegiado, convirtiendo dichos informes en ilegales.
Denuncian la falta de profesionalidad e imparcialidad de los miembros del punto de encuentro, ante la ausencia de instancias estatales que controlen su funcionamiento, son la norma.
Muchas veces, los puntos de encuentro no son lugares neutrales, sino que se llega a someter a los niños a coacciones, amenazas y acosos semanales, cuando no malos tratos, para dar cumplimiento a los regímenes de visitas y crear o restablecer los vínculos con el progenitor no custodio, destrozando psicológicamente a los niños y niñas.
La mayoría de los trabajadores de este punto de encuentro «son gente sin experiencia, muchos de ellos en prácticas, sin colegiar o sin tener una especialización en infantil, así los menores no pueden recibir un trato correcto y especializado».
Una vez iniciado el servicio, los profesionales son sustituidos por estudiantes en practicas o profesionales sin experiencia ni especialización alguna con costes salariales más bajos y mínimas condiciones, de esta manera consiguen rentabilizar los costes del servicio obteniendo la máxima rentabilidad, saltándose las condiciones administrativas y técnicas del contrato adjudicado.
También se ha denunciado la alta rotación de los profesionales del PEF, en los que en algunos casos «semana tras semana son sustituidos», lo que merma el servicio y el conocimiento de la situación del menor.
«Miles de sentencias judiciales podrían ser nulas de pleno derecho
por el carácter ilegal de los informes que emiten los técnicos»
No debemos olvidar que estos profesionales realizan informes para los juzgados, en ocasiones personándose en las acusas judiciales como peritos sin serlo, informes que son aportados a los Equipos Psicosociales, pudiendo ocasionar que un gran número de sentencias podrían ser nulas de pleno derecho a causa de la ilegalidad de los informes emitidos por estos técnicos, sin contar con el daño ocasionado a los menores y sus familias.
¿Pero quién es Eulen Servicios Sociosanitarios S.A.?
Eulen fue fundada hace ahora sesenta años por el empresario leonés David Álvarez Díez, quien convirtió la pequeña empresa de limpieza que creó en Bilbao en 1962 en una multinacional de servicios. El grupo opera hoy en catorce países, tiene más de 75.000 empleados y su volumen de negocio superó los 1.400 millones de euros en el 2020.
Esta empresa fue investigada por el Síndic de la Comunitat Valenciana por un recorte en derechos laborales de los empleados, llegando al juzgado una denuncia de los empleados de que la empresa había cubierto bajas de psicólogos con personal administrativo.
«La empresa que dirige la hermana de Feijóo en Galicia
recibió adjudicaciones récord de la Xunta antes de ascenderla.»
La Xunta de Galicia, a través de sus consellerías y otras instituciones de la Administración gallega, ha adjudicado más de 37 millones de euros al Grupo Eulen desde que Alberto Núñez Feijóo accedió a la Presidencia en mayo del 2009. Así consta en las resoluciones publicadas en los últimos trece años en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en la plataforma Contratos Públicos de Galicia (CPG).
La directora de Eulen para el Noroeste de España es Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del exjefe del Ejecutivo gallego, que en el 2016 fue ascendida a ese cargo desde el que ocupaba como directora regional para Galicia. Durante el ejercicio inmediatamente anterior, Eulen obtuvo su récord de adjudicaciones de la Xunta hasta entonces, con 6,2 millones de euros.
En su denuncia la AECC ha solicitado que se suspenda cautelarmente la intervención de los profesionales del Punto de Encuentro Familiar de la empresa adjudicataria del servicio con el fin de no seguir victimizando a los menores y familias, así como la intervención de la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid Dª María Concepción Dancausa Treviño.
Por otro lado, solicitarán a la Fiscalía que investigue a nivel nacional a las empresas adjudicatarias de este y otros servicios sociales cuestionados.
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