1936 Fraude y violencia en las elecciones del frente populares: Cuatro días decisivos (Azaña vuelve al poder) – Parte octava. Por Carlos Andrés

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Continuamos el capítulo séptimo, Cuatro días decisivos, empezado en el anterior episodio de esta serie. La partes anteriores están aquí.

La presión obrerista no ceja, al contrario:

A las once acudieron Caballero, Álvarez del Vayo y Wenceslao Carrillo, a pedir «al presidente del Consejo que vea el medio de que se ponga en libertad cuanto antes a los presos políticos, por tratarse de un problema que constituye nuestra mayor preocupación».
… su anuncio [de que querían «repuestos todos los ayuntamientos republicanos de España». Y excarcelación de los detenidos por la revolución de octubre] sin referencia alguna a los procedimientos legales sirvió de acicate para nuevos desórdenes. Para sus socios de la izquierda obrera, si el nuevo presidente ya las había proclamado, ¿por qué no lanzarse a las calles y las plazas para tomar los ayuntamientos y abrir las cárceles pasando por encima del malhadado principio de juridicidad?

La dimisión de Portela, así como los rumores previos sobre la misma, tuvo sus efectos en los gobiernos civiles. Esa misma noche del 19, Azaña y su nuevo ministro de la Gobernación, Amós Salvador, se encontraron con que «casi todos los gobernadores» habían «huido, abandonando las provincias» y que las manifestaciones eran un hecho generalizado.

El cambio de gobierno no hace disminuir la violencia, al contrario, la anima:

El balance de la violencia en la tarde del 19 y durante todo el día 20 fue significativamente elevado, sin que el rápido traspaso de poderes a los republicanos de izquierda sirviera para conjurarla.

[Zaragoza presenta] en esas 36 horas un balance elocuente: 16 muertos y 39 heridos graves. Los daños humanos fueron la punta de un imponente iceberg. No menos de cincuenta iglesias y casas rectorales fueran incendiadas o saqueadas. Mayor relevancia tuvieron los más de setenta asaltos y quemas de centros políticos conservadores, círculos patronales o agrarios. Prácticamente ninguno de ellos fue precedido de provocación alguna al «pueblo republicano», socorrido recurso de la prensa de izquierdas para justificar los desórdenes

Los desórdenes que se produjeron en las primeras horas del gobierno Azaña fueron notoriamente intensos en las provincias andaluzas y levantinas, pero también se extendieron a zonas de la mitad norte que habían permanecido relativamente tranquilas durante las elecciones. Madrid y Barcelona fueron literalmente tomados por la policía el 20 de febrero, ante el temor de que se produjeran asaltos a las cárceles.

El Gobierno hizo todo lo que pudo para impedir que los periodistas informaran de lo sucedido [en el penal del Dueso], pero pronto se supo de varios heridos graves y un mínimo de tres muertos, entre los que estaría un anarquista recluido por los sucesos de «Octubre».

Violencia extrema en Elche:

En Elche, la violencia extrema que se apoderó de la ciudad durante varias horas, tuvo como detonante los disparos de un agente de Asalto que, como se vio, provocó dos víctimas entre los asaltantes de la sede del Partido Radical.

… en Elche venían ocurriendo lo que un historiador local ha llamado «los disturbios más graves de todo el periodo republicano» en esa localidad. Los grupos de violentos siguieron una pauta observada en otros lugares y que confirma que no se trataba de acciones de incontrolados: primero la destrucción de las sedes de los radicales, del Círculo Agrario, de la Derecha Ilicitana y las JAP, y después la del Juzgado Municipal, el centro de Acción Cívica de la Mujer, la Cámara de la Propiedad Urbana, el asalto a algunas casas particulares y el incendio de las iglesias de Santa María, El Salvador y San Juan, además de los conventos de las Clarisas y el centro de la Juventud Católica.
Todas las fuentes indican que se vivieron horas de pánico en la ciudad y que los guardias recibieron órdenes de dejar hacer durante al menos dos o tres horas.
Los sucesos de Elche fueron demoledores para la imagen de las nuevas autoridades y, en buena medida, agravaron los temores con que sus adversarios recibieron la llegada del Frente Popular al poder. No solo hubo impunidad en la acción de los violentos, pues no se practicó detención alguna, sino que las autoridades tuvieron que prometer protección a las religiosas para que regresaran al Hospital de la Caridad de donde habían sido expulsadas por los extremistas, pues, aunque sus vidas corrían peligro, el servicio sanitario que prestaban resultaba imprescindible.

Basílica de Sta. María de Elche, incendiada el 20 de febrero de 1936. Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones del mismo mes, comenzó una oleada de violencia anticlerical que llegaría a su máximo en la coyuntura revolucionaria de los primeros meses de la guerra. Foto: Archivo Miguel Ors, en «La Guerra Civil en la Comunidad Valenciana».

Y en otros muchos sitios:

Los casos donde los ataques se prolongaron durante más tiempo y con notable virulencia fueron los siguientes. En Aguilar de la Frontera… fue «totalmente saqueada» la Comunidad de Labradores e incendiados el archivo, el juzgado, el registro de la propiedad, el local de la CEDA y un convento

Resultaron destruidos [en Alicante] los locales de los radicales, los chapaprietistas, la CEDA, el Círculo Católico y la Falange, además de la imprenta del diario El Día.

… en Huelva, la violencia fue todavía mayor porque los guardias permanecieron acuartelados más tiempo, el suficiente para que los extremistas asaltaran impunemente los círculos del Partido Radical y la CEDA, y varios negocios de derechistas.

En esta ciudad [de Vigo], el vicecónsul británico vivió la tarde del 19 una violenta manifestación delante de su casa para exigirle que izara una bandera roja en el balcón, mientras varios elementos conservadores de la ciudad huían a Portugal.

Los falangistas están por supuesto en el punto de mira:

En cuanto a los falangistas, se pusieron en el punto de mira de las nuevas autoridades siempre bajo la presión de los grupos de izquierdas, que sumaron a su lista de reclamaciones la del cierre inmediato de sus sedes. Y es que, si no lo hacían los gobernadores, señalaba un periódico santanderino de izquierdas, «lo hará el pueblo». Quizá por ello, y por los constantes registros y asaltos a los centros falangistas, el Gobierno barajaría desde finales de mes su clausura definitiva. Los medios socialistas, muy sensibilizados con la cuestión, exigieron en su principal cabecera de prensa que esa medida se extendiera a otras organizaciones «cuyo armamento fue amparado desde el Poder a raíz del movimiento de Octubre».

La desfachatez -hay que repetir la palabra- de los socialistas no conoce límite.

Se procede a destituir a los alcaldes:

Las manifestaciones del Frente Popular solo buscaron la «reposición» de ayuntamientos cuando eso implicaba el retorno de una mayoría de izquierdas. Si no era el caso, se reclamaba el nombramiento de gestores para echar a los «usurpadores», como los llamaba la prensa obrera pese a ser elegidos por sufragio, del Partido Radical o la CEDA.

En Yeste (Albacete), después de una protesta de los republicanos de izquierdas y los socialistas, el nuevo gobernador apeló a razones de orden público para destituir a la corporación radical por una gestora controlada exclusivamente por el Frente Popular.

El cambio fue aún más abrumador en las diputaciones provinciales. Refiriéndose a Álava, los medios cedistas se preguntaban cómo era posible que el presidente de su gestora afirmase representar la «voluntad popular» si el 16 de febrero el Frente Popular había logrado 9000 votos frente a los 33 000 que habían sumado las diversas candidaturas conservadoras.

El clima de intimidación influyó, desde luego, en que los gestores nombrados por Portela abandonaran sus cargos, amén de que, donde en efecto hubo reposición, la gran mayoría de los concejales de centro y derecha prefirieron no presentarse a tomar posesión de sus cargos.

Y a la reincorporación de personal despedido por participar en la revolución de octubre:

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Como ya había ocurrido en Cataluña, en el resto de España las nuevas autoridades aprobaron de inmediato la reposición de funcionarios y empleados cesados en octubre de 1934, y la expulsión inmediata de todos los contratados después de esa fecha.

En otros, como Marbella y alguna localidad de Ciudad Real, el nuevo alcalde ordenó el registro de las casas particulares del párroco, el maestro, el médico y de los dirigentes de la CEDA, buscando armas. Pero más importancia tuvo en el día a día posterior el cese inmediato de los guardias municipales y la designación de nuevos guardias cívicos.

Y a la quema de edificios religiosos:

Con una distancia impropia del cargo que ocupaba, anotaba en su diario: «Esto me fastidia. La irritación de las gentes va a desfogarse en iglesias y conventos, y resulta que el Gobierno republicano nace, como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos».

¡Qué sensible!, pero no hizo nada siendo presidente del gobierno.

Con diferencia, las provincias donde se registró más actividad antirreligiosa fueron Valencia, Málaga, Córdoba, Alicante, Murcia y La Coruña

… en un porcentaje elevadísimo del casi medio centenar de episodios, los extremistas lograron su propósito de destruir por completo los edificios religiosos y todo lo que contenían.

… a Azaña le «fastidiaba» empezar esa nueva andadura con incendios de iglesias, pero no era menos cierto que entre los republicanos se tendía a justificarlos como una manifestación de desahogo.

Esta es la pobre reacción de la derecha:

[En la derecha monárquica] prometían respetarlo y apoyarlo solo si, como mínimo, aseguraba que la ley fuera igual para todos.

Los carlistas daban por hecha la revolución y admitían seguir organizándose para no ser sorprendidos

La Falange, sin embargo, abandonó su primera reacción de pánico ante una posible insurrección «marxista» y trató de sacar ventaja del cambio de circunstancias… Primo de Rivera dijo a los jefes provinciales de partido que no fueran hostiles con el gobierno Azaña.

… la CEDA buscaba su sitio reafirmando un legalismo que, como se verá, la llevaría a apoyar la amnistía propuesta por el Gobierno, influidos por el pánico que provocaba saber que sus sedes y afiliados eran objeto de las iras de los grupos violentos de las izquierdas.

La izquierda obrerista se desata:

El día 20 los socialistas insistían en la amnistía «inmediata», como en la readmisión de los huelguistas de «Octubre». No tuvieron que presionar demasiado.

… se aprobaba la reposición de todos los ayuntamientos de elección popular suspendidos por decisión gubernativa.

Azaña trata de clamar la situación: «depuestos ya los ardimientos de la contienda electoral», cooperaran en «la obra que el Gobierno trata de emprender bajo su responsabilidad exclusiva», una obra que no tenía «ningún propósito de persecución ni de saña». Fue un llamamiento a la concordia apenas sostenido sobre buenos deseos, cuando la oleada de violencia política exigía una declaración terminante de que aquel Gobierno haría cumplir y respetar la ley.

Y aprieta el acelerador de sus reivindicaciones:

Azaña esperaba que ese anuncio sirviera para mejorar el estado del orden público. Su Gobierno declaraba que había «tranquilidad en toda España», pero los desórdenes continuaron hasta pasado el sábado 22. Es más, la situación en algunos penales no mejoró hasta que las autoridades decretaron las excarcelaciones. El propio Azaña telefoneó a Alcalá-Zamora para contarle, con notable «inquietud», los detalles de la evasión de presos de la cárcel de Gijón y la bochornosa colaboración de los guardias en la misma.

Peor fue lo ocurrido en Gijón que, como se vio, alarmó al propio Azaña. Allí la tarde del 20 salieron a la calle los llamados «presos sociales», con una confusión tal que también escaparon decenas de presos comunes. Para ello, fue fundamental la presión ejercida por una manifestación con simbología comunista y cánticos de La Internacional, en la que formaron varios candidatos triunfantes del Frente Popular: Dolores Ibárruri (PCE), Mariano Moreno (PSOE) y José Maldonado (IR).

Al final, el decreto-ley de amnistía tuvo el respaldo favorable de los representantes de la CEDA y el Partido Radical, además de Maura y del monárquico Goicoechea.

Pasados los primeros entusiasmos, el nuevo Gobierno supo pronto que la amnistía no sería suficiente y que la ansiada pacificación exigiría de más concesiones.

Incluso llegan a las amenazas:

Pedían que se depurara debidamente la administración y que se exigieran de inmediato las responsabilidades por la «represión» de «Octubre»

Creían necesaria y urgente una «justicia ejemplar e inexorable». Al fin y al cabo, tanto en las calles como en los titulares de la prensa izquierdista de provincias coreaban lemas a favor de castigar a los «verdugos del proletariado español», que no eran otros que Gil-Robles, Salazar Alonso y Lerroux, entre los más destacados.

Si el Gobierno no los escarmienta, «será el mismo proletariado español y los republicanos españoles, los que se encarguen de castigar por su propia mano, y sin escrúpulos legalistas de ninguna clase, los crímenes cometidos».

La Pasionaria, que abrió el turno de intervenciones [en el mitin que las izquierdas celebraron en la Plaza Monumental de Madrid una semana después del regreso de Azaña al poder], recalcó que el pueblo tenía «hambre de pan» pero también «de justicia», y que no admitirían «regateos» ni en la amnistía ni en «el reingreso de los represaliados». La siguió Álvarez del Vayo, que exigió el cumplimiento íntegro del programa del Frente Popular como si el Gobierno, con su empeño legalista, lo estuviera regateando. Y remachó el exministro Álvaro de Albornoz: «O la revolución se hace desde el poder o se hará desde la calle», dijo en una especie de advertencia al nuevo Ejecutivo.

… se pedía el reingreso inmediato de los represaliados con el abono de los sueldos dejados de cobrar en esos dos años, la «abolición de todas las leyes represivas» y la «detención inmediata de los autores cómplices e inductores de la represión de Asturias, incluso los señores Lerroux, Velarde, Salazar, Alonso, Doval, Ivanof, Nilo Tello y otros».

Se reivindica por todo lo alto el alzamiento de octubre, y se insiste en que se volverá a él:

… cuando el día 27 Indalecio Prieto se dispuso a hablar en el mitin de homenaje al recién liberado González Peña, los mensajes fueran por el estilo. Tanto uno como el otro dejaron claro que eran «marxistas» y que lucharían «hasta conseguir el triunfo de los ideales emancipadores». Ninguno mostró arrepentimiento por lo de «Octubre», como no podía ser menos tras la campaña electoral.

«Asturias —dijo nuestro camarada— no está arrepentida de nada y seguirá la senda que se trazó».

Gonzalez peña, sentado en el medio, Prieto, detrás de él.

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Tampoco Prieto ahorró esfuerzo en su «breve y expresiva apología del movimiento de Octubre», el «esfuerzo más vigoroso de la clase obrera española realizado hasta nuestros días».

Los revolucionarios de «Octubre» eran «ciudadanos de honor por haberse excedido, si eso se puede llamar excederse, en el cumplimiento del deber» al acudir a la «insurrección armada». Pero, aclaró el líder socialista, sería una «locura» creer que los revolucionarios «pueden, al impulso de su generosa voluntad, producir aquel estado […] que solo dan conjunciones de fenómenos que se hallan fuera de la voluntad de los hombres. Seremos revolucionarios siempre; pero para hacer la revolución a su hora».

El gobierno espera que se calme la situación echando más carne a las fieras, lo que obviamente les anima en sus reivindicaciones:

… el Gobierno no tuvo mucho éxito a la hora de desmovilizar a sus aliados. Lo intentó con dos medidas de urgencia que se aprobaron sin esperar a la constitución de las nuevas Cortes y que lo enfrentaron a los conservadores: un decreto que obligaba a los patronos a readmitir a los huelguistas despedidos por la revolución de 1934 y la reposición del Gobierno de la Generalidad en Cataluña.

El Gobierno siguió adelante y aprobó una indemnización para los readmitidos que incluso estaba sujeta a un «desmesurado límite de retroacción», en palabras de Alcalá-Zamora, al situarlo en enero de 1934 y no en octubre del mismo.

El Gobierno pisó el acelerador y acudió a la Diputación Permanente de las Cortes, pasando por alto que este organismo no era competente para derogar una ley. Primaba el hecho de que, como le dijo Azaña a Alcalá-Zamora, él no estaba por la labor de enviar un general para que bombardeara a los de la Esquerra

Los cedistas, cuyo voto era fundamental, decidieron apoyarla, pese a que surgieron «discrepancias muy acusadas», porque debían darse «medios al Gobierno para que este pueda desenvolverse en los momentos presentes». Solo Goicoechea, en nombre de los monárquicos, se opuso a la medida

¡Hasta la CEDA cedió!

La agitación y los disturbios siguen su curso, y los muertos:

El propio Martínez Barrio le confesó el 29 de febrero que la situación era «mucho más revolucionaria, verdaderamente grave, que la del cambio de régimen de 1931», y que «el Gobierno de ahora» estaba «desbordado» y en «condiciones incomparables» respecto de la fecha anterior, es decir, sin ser verdaderamente «dueño de sus iniciativas, de sus resoluciones y del poder». En esa línea, el presidente de la República ya había observado, tres días antes, que «las órdenes del Gobierno» se cumplían, en buena medida, solo «cuando coinciden con la imposición de las masas».

Para el presidente de la República, que tenía que recabar por su cuenta la información del orden público que el propio Ejecutivo le negaba, atribuyó la persistencia de la violencia a una manifestación de «flojera, a ratos sensación de inexistencia del Gobierno». La suya no era una percepción aislada. El embajador británico, Chilton, comunicaba el 22 de febrero a Londres que «ciertas partes del país están en un grave estado de desorden»; y el 27 aseguraba ya que los «muchos incidentes desagradables» que la censura no permitía conocer estaban, poco a poco, «saliendo a la luz».

… el orden público no llegó a restablecerse ni con los nuevos gobernadores ni con la promulgación de la amnistía ni con las medidas de readmisión de los obreros despedidos.

Entre el 21 de febrero y el 1 de marzo, jornada de celebración de la segunda vuelta, hubo nada menos que 23 muertos y 51 heridos graves en diversos actos de violencia.

Sumadas a las víctimas de los días 19 y 20, daban un total de 129 muertos y heridos graves, a una media de casi doce al día.

Hubo algo más de cuarenta episodios en esos días [de atentados contra las propiedades católicas], desde incendios parciales o totales de templos hasta asaltos o robos en casas rectorales y algún convento.

El gobierno aprovecha los disturbios para perseguir a las derechas que se atrevían a defenderse:

Con todo, lo que, sin duda, adquirió una dimensión de extrema gravedad a partir de la llegada al gobierno del Frente Popular, fueron los choques entre grupos políticos rivales y las agresiones premeditadas, que tampoco disminuyeron a partir del 21.

Bonete (Albacete) el día 25: el cabo de la Guardia Civil fue tiroteado por el presidente de la Casa del Pueblo cuando estaba en el ayuntamiento. Acto seguido, su cadáver fue arrastrado hasta la plaza del pueblo por varios izquierdistas, donde se ensañaron con él.

Fueron estos últimos [los falangistas] los que se convirtieron en el objeto predilecto de la violencia selectiva de los extremistas de izquierdas y, a su vez, en la punta de lanza de la reacción derechista.

… la CEDA no ordenó la movilización armada de sus juventudes para defender sus sedes, aun cuando fueran objeto predilecto de la violencia tumultuaria de esos días.

… en Orense, con numerosos heridos. Los primeros fueron a buscar a un falangista empleado de banca, al que apuñalaron y dejaron herido grave. El gobernador civil, de IR, respondió clausurando el local de Falange, ordenando el «destierro» de los «más significados elementos fascistas» y deteniendo, de paso, a varios simpatizantes de la CEDA.

… a partir del día 22, hubo un goteo constante de detenciones gubernativas de derechistas, palpable en Málaga o Santander, y de cierres de sus centros políticos.

… los choques mencionados entre izquierdistas y falangistas propiciaron redadas gubernativas orientadas únicamente a desarticular a los segundos, y a aprovechar para hacer lo propio con los partidos conservadores.

… el primero de marzo y en plena jornada electoral. El ministro de Agricultura confirmó públicamente que preparaba un decreto que, sin pérdida de tiempo, permitiera a los yunteros de las dos provincias extremeñas posesionarse inmediatamente de tierra. El programa del Frente Popular, zarandeado por mor de las circunstancias, perdía en dos semanas toda virtualidad para encauzar en la República a las izquierdas obreras.

En resumen: los republicanos del Frente Popular acabaron siendo los kerenskis de la izquierda revolucionaria.