La mixtificación monárquica o España como pesebre de los Borbones. Por Pedro Sáez Martínez de Ubago

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Según la Real Academia Española, el verbo “Mixtificar” tiene las siguientes acepciones: 1. tr. Engañar, embaucar. 2. tr. Falsear, falsificar, deformar.

Viendo lo que está ocurriendo en los últimos años con Su Majestad el Rey don Juan Carlos I de España (yo no soy de los ingenuos que le otorgan el adjetivo “emérito”, fundamentalmente porque, también, de acuerdo con la RAE, “emérito” dicho de una persona, especialmente de un profesor: Que se ha jubilado y mantiene sus honores y alguna de sus funciones) cabe cuestionarse no ya si esta monarquía es digna de la Corona de España sino si la nación española se merece esta monarquía.

Que don Juan Carlos engañó y embaucó, y lo sigue haciendo, parece bastante obvio. Pero, aunque aún no ha sido sentenciado, ya es un hecho que está siendo investigado por el Tribunal Supremo, es decir, que se aprecian indicios de delito en una conducta que pueden llevar al monarca a juicio.

Don Juan Carlos ha sido varias veces traidor, a su dinastía, al Caudillo, a las Cortes y a los mismos españoles. A su dinastía, cuando contra la voluntad de su padre, el 22 de julio de 1969 asumió, amparándose en la Ley de Sucesión según la cual sería Franco quien nombraría al monarca del reino, el Caudillo designa a Juan Carlos de Borbón como su sucesor a la Jefatura del Estado, a título de Rey y aceptando el de «Príncipe de España», saltándose así el orden sucesorio natural que correspondía a su padre, a quien, ya Rey de España, mantendría exiliado hasta que abdicara de sus legítimos derechos.

En esa histórica jornada del 22 de julio juró ante las Cortes franquistas y por los principios nacionales del Movimiento como sucesor de Franco a título de Rey. Juramento que reiteraría el 22 de noviembre de 1975 en las Cortes Españolas con las siguientes palabras: «Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los Principios que informan el Movimiento Nacional». Leyes y principios que luego ignoraría en esa impostura de transición “de la ley a la ley por la ley” queriendo hacer creer que no había una ruptura sino una continuidad con el Régimen del 18 de Julio. Una transición que culminaría con la malhadada constitución de 1978, que presuponía desafueros como la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, la legalización del comunismo, los partidos políticos y sindicatos de clase o la amnistía general de todos los presos políticos, incluyendo a los terroristas de ETA, GRAPO, FRAP…

Por último, don Juan Carlos ha sido también traidor a España y la Constitución que, aunque no llegara a jurar, sí sancionó y fue promulgada en su nombre en el BOE 311,de 29 del 12 de 1978, donde puede leerse, así, en mayúsculas: DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN, SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:

No vamos a reproducir aquí toda la Constitución, pero podemos hacer unas reflexiones.

El Artículo 1 afirma en su párrafo 1: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Aquí cabe preguntarse si hay un Estado de derecho cuando se gobierna a golpe de decreto, sin pasar por las Cortes, o, como recientemente en el caso de la Exhumación de Franco no se ha aplicado la ley común sino leyes propias promulgadas ad rem.

En el Artículo 2 vemos que: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Yo nunca he entendido que, dentro de una nación se hable de nacionalidades, porque son sustantivos que no aluden a lo mismo. Por ejemplo, yo, por circunstancias de la vida, nací en Gerona o he vivido en vitoria, pero siempre he tenido la nacionalidad española, nunca la catalana o la vasca. Eso me hace ver que la Nación es un conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo Gobierno, y la acepción introducida posteriormente de “Comunidad autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural”. Sin duda, según esto, nacionalidad equivale a región, como bien se desprende del texto “Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la Patria”, y no establece, como se pretende ahora en algunas regiones o comunidades autónomas, una diferenciación semántica entre los términos nación y nacionalidad.

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El Artículo 3 afirma: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Sin embargo, estamos en la tesitura de que en algunas regiones prime más la lengua local que un doctorado o el español, que en otras puedas ser sancionado por usar el español, o que ahora la LOMLOE, popularmente Ley Celaá, de la que me gustaría hablar en otra ocasión, suprima el español como lengua vehicular en la enseñanza.

Según el Artículo 8: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Sin embargo, salvo las protestas de algunos militares, mayoritariamente en la reserva, muchos españoles no dejamos de preguntarnos dónde están ahora nuestras FFAA y para qué sirven, si no es para apagar fuegos, paliar desastres naturales o realizar misiones en el extranjero, quizá cuando más necesarias nos resultan aquí.

El Artículo 10 no duda en proclamar que: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Pero esos derechos ignoran los miles de españoles que son asesinados antes de nacer o se convierten en desigualdad e injusticia por arte de ese eufemismo que han venido a ser las “discriminaciones positivas”.

Podríamos ir viendo uno a uno muchos artículos de la Constitución promulgada por D. Juan Carlos I y jurada por D. Felipe VI, pero para no eternizarnos repasaremos un poco la actual situación de España y el contenido de la Constitución, donde se consagran, también otros artículos. (Artículo 14) que “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, pero somos el país europeo con mayor número total o relativo de “aforados”; (Artículo 15) “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes” que parece no incluir entre los españoles a las víctimas del terrorismo o del aborto; (Artículo 16) que “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley”, pero existe una Ley de Memoria Histórica, un atentado contra la verdad que aún se va puede agravar por la irónica Ley de Memoria Democrática; todo un proceso de represión a la Iglesia, a quien se le impide o restringe el culto, mientras los musulmanes campan por las calles celebrando su Ramadán, o una discriminación entre la derecha y el marxismo, que proscribe a la primera y eleva al segundo a paradigma de corrección; (Artículo 19) “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”, pero son miles los vascos que tienen que abandonar su tierra porque el Estado no quiere protegerle de las mafias con que pacta en, por ejemplo, Argelia o el Faisán o deben abandonar Cataluña por su temor a un referéndum; (Artículo 20) “Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, como a los generales Mena (por el PSOE) o Pontijas Deus (por el PP) la persecución a los militares de la familia Milans del Boch o al general Blas Piñar por todos los gobiernos…; (Artículo 31) “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, pero se otorgan amnistías fiscal fiscales o componendas como la que don Juan Carlos acaba de hacer con Hacienda; (artículo 35) “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”… Sin olvidar, aunque no se citen textualmente otros artículos como el 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud; el 44 que obliga a los poderes públicos a promover y tutelar el acceso a la cultura; el 47, que habla del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; el 50, que obliga a los poderes públicos a garantizar mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad., y con independencia de las obligaciones familiares, promover su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio…

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Pero al esbozar este artículo y al apuntar que Juan Carlos I ha sido varias veces traidor, a su dinastía, al Caudillo, a las Cortes y a los mismos españoles, así como al decir que cabe cuestionarse no ya si esta monarquía es digna de la Corona de España sino si la nación española se merece esta monarquía.

No lo digo sólo porque ahora parezca que el anterior Jefe del Estado pueda eludir sus presuntamente numerosas irregularidades económicas abonando 678.000 millones a la Hacienda, sino, también porque, según Artículo 56 de la Constitución, 1) El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 3) La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

Si hay que predicar con el ejemplo, es de exigir que quien ocupa la más alta magistratura de la Nación, arbitrando y moderando el funcionamiento regular de las instituciones, observe en todos los ámbitos y aspectos, privados y públicos, un comportamiento ejemplarmente edificante, que nos enorgullezca y no nos abochorne a los ciudadanos, que ya tenemos bastantes tribulaciones, convirtiéndonos en el pesebre del que engordan sus más o menos dudosas cuentas bancarias.

Por eso, milloncejos arriba o abajo, cuando una familia se ha basado en el deshonor, en la mentira, en el incumplimiento de la Ley, la apropiación indebida o la dejación de funciones y el mirar a otra parte es bochornoso que pueda moderar ni arbitrar nada. Es el evangélico, Mateo 25, 23 “Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu señor” ¿Debe una gran nación como España, que tanto ha aportado al mundo, a la fe, a la civilización occidental… ser condescendiente y tolerante con esta inicua, indolente y mendaz monarquía? Es evidente que, si como en su día ya dijera Edmund Burke, “Las malas leyes son la peor especie de tiranía”, la actual simbiosis de los últimos reyes con sus correspondientes presidentes del gobierno, desde don Juan Carlos I con Adolfo Suárez hasta don Felipe VI con pedro Sánchez, es una pesadilla que, comenzando en un desmadre, fue fagocitada por el separatismo y hoy amenaza la más pura dictadura soviética o frente populista a semejanza de la surgida de las elecciones de 1936.