El Gobierno central es el mayor culpable de despilfarro del dinero público. Por Enrique Miguel Sánchez Motos

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Los vientos soplan cada vez más fuertes en contra del presidente Sánchez y de todos los que le apoyan. El pueblo se ha cansado de sus mentiras permanentes, de su tesis doctoral, de su inexistente consejo de expertos sobre el COVID, de su maquillaje constante de los datos económicos y de empleo y, en suma, del desorden y la ruina a la que lleva a España con sus políticas. A estas alturas cualquier gobernante español serio habría optado ya por un gobierno de concentración nacional que hubiera dejado fuera a independentistas, filo etarras, comunistas y podemitas. Eso o nuevas elecciones habrían sido las posibilidades.

España va camino de la ruina, y del incremento del paro por mucho que se maquillen las estadísticas mediante la figura falaz de los fijos discontinuos. No cabe negar, ahí están los datos europeos, que nuestro nivel de paro es el peor de Europa, inclusive la manirrota Grecia está mejor que nosotros.

Tampoco cabe negar el incremento del gasto público. Basta con mirar los Presupuestos Generales así como el crecimiento disparado de la deuda pública hasta el 120% sobre el PIB, mientras que con Rajoy no alcanzaba el 100%. Este incremento de la deuda será una carga para el futuro de España, que se verá agravada por el pago de los intereses, tan pronto como el Banco Europeo deje de refinanciar la deuda a coste cero.

Todos entendemos que en tiempo de crisis hay que ayudar a quienes están en peor situación, así como a las empresas para que sigan manteniendo y, si posible, creando empleo. Lo que es repudiable es la ingente cantidad de dinero público que el gobierno de Sánchez está dedicando a los chiringuitos que le apoyan y a los partidos antiespañoles que lo mantienen en el poder. ¿Qué otra cosa son las embajadas catalanas antiespañolas, la financiación privilegiada del endeudamiento creciente de la Generalitat de Cataluña, la ligereza al recalcular el cupo vasco, el mantenimiento de medios de comunicación públicos totalmente partidistas, la financiación de medios privados a cambio de que lo traten bien en sus noticiarios y en sus programas, las numerosas subvenciones a los sindicatos “más representativos” cuya representatividad no se quiere medir, y por supuesto también a las numerosas ONGs muchas de las cuales no justifican adecuadamente el dinero recibido ante la Intervención General? ¿Y qué decir de la ausencia crónica de una evaluación de la eficiencia de las Administraciones Públicas del Estado, Autonómicas y Locales?

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Todo ello no es otra cosa que, en muchos casos, un gigantesco “ERE nacional” legal, del cual es responsable en gran medida Sánchez desde el Gobierno central. No obstante, también tienen responsabilidad los Gobiernos autonómicos y locales. No cabe que ninguno de ellos pueda decir, en el siglo XXI, que el sector público siempre ha sido así y será así y que en gran parte la culpa radica en la actitud de los funcionarios y empleados públicos.

Respecto a lo primero, que siempre ha sido así, hay que reconocer que el sector público ha tendido a ser ineficiente pero lo peor es que cuanto más grande es, mayor es el impacto de su ineficiencia, por lo que todo aumento de los efectivos o instituciones públicas debería implicar un estudio a priori de sus costes y un riguroso seguimiento posterior de los mismos.

Respecto a lo segundo, que siempre será así, hay que decir rotundamente que no es de recibo ya que, desde principios de los noventa, hay fórmulas europeas, tales como el modelo de Excelencia Empresarial (EFQM) y el de Excelencia de la Administración Pública (CAF) que si se aplican seriamente dan resultados muy positivos. Esos modelos exigen que los clientes de las empresas, o los ciudadanos, en el caso de las Administraciones Públicas, sean consultados para que evalúen la calidad de los servicios que reciben de esas instituciones. Esa evaluación exige además que no sólo los clientes y usuarios sino también los propios funcionarios o empleados, sean consultados para que evalúen a sus jefes, los objetivos y los procedimientos de actuación.

Respecto a lo tercero, la presunta mala actitud de los funcionarios públicos, no la comparto en absoluto tras mi experiencia de cuarenta años como funcionario de la Administración Pública. Son muy pocos los casos que he encontrado de poca voluntad de trabajo. Por el contrario, con carácter general, los funcionarios cooperan muy activamente si creen que de verdad se quiere actuar en serio. Ahora bien, si no ven esa actitud en sus jefes, si lo que perciben es que la institución da prioridad a “que no haya conflictos” en vez de a la eficiencia, entonces pierden su interés y se adaptan al contexto. Reitero, por tanto, que lo que hay que modificar no es la actitud de los funcionarios sino el sistema administrativo, que debe ser profesionalizado, evitando la proliferación de puestos funcionariales políticos, tener planes y objetivos concretos, actualizar los protocolos para que sirvan al ciudadano y ser evaluados de forma constante y hacer públicas las evaluaciones.

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La Constitución en su artículo 149.1.18 establece que el Estado, y por tanto el Gobierno Central, “tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas” Esto lo habilita para establecer normas generales que garanticen la eficiencia del gasto de las instituciones públicas. Sin embargo, renuncia a hacerlo, como en tantas otras cosas, primero porque la buena gestión no luce tanto como inaugurar una carretera, un hospital, etc. Y, sobre todo, porque no se atreve con el Estado de las Autonomías. Pero eso no es excusa para que al menos el Gobierno Central promoviese la eficiencia de sus instituciones para que luego estas sirvieran como referente a nivel autonómico o municipal.

En conclusión, el Gobierno Central es el responsable del despilfarro público directo que hacen las instituciones bajo su mando, así como del que, vía transferencias financieras, tolera a los Gobiernos autonómicos y locales y a tantas otras instituciones sindicales, empresariales, medios de comunicación y ONGs múltiples que en muchos casos gastan dinero público con muy poco control financiero y desde luego sin control alguno de su utilidad para los ciudadanos.