El fin del Estado de Derecho. Por José Manuel Bou

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Recientemente hemos conocido la sentencia del Tribunal Constitucional que, de un modo extemporáneo y cuando el daño ya estaba hecho y era imposible la reparación, ha dictaminado la inconstitucionalidad, no del estado de alarma, como han desinformado algunos medios, sino del confinamiento en dicho estado de alarma, que es algo muy distinto.

La sentencia no resulta ninguna sorpresa: cualquiera que haya leído la constitución sabe que no se pueden suspender derechos en un estado de alarma. Para eso están los estados de excepción y sitio, que tienen más controles que el gobierno se quiso saltar. Por ejemplo, dichos estados los declara el Congreso y no el gobierno.

La pregunta es: siendo así, ¿por qué ningún medio de comunicación, ningún partido de la oposición (excepto Vox, que fue quien interpuso el recurso), ninguno de esos que se llaman intelectuales y ningún órgano jurisdiccional dijo nada? ¿Tan poco valen nuestras libertades que dejamos que las pisoteen a la primera oportunidad?

No estamos reclamando que no se haga nada ante la pandemia por coronavirus ni tampoco, necesariamente, que se declare un estado de excepción. Lo que estamos diciendo es, primero, que se podría haber gestionado la emergencia de otro modo menos restrictivo para la libertad y menos dañino para la economía, como hicieron en otros países o como se hizo posteriormente, en la famosa tercera ola después de Navidad, cuando la situación llegó a ser tan desesperada como en el confinamiento (consecuencias de la dimisión del gobierno de sus responsabilidades y de tener 17 Navidades distintas) y se pudo encauzar con restricciones menores.

Segundo, que en caso de suspenderse de facto derechos como la libertad de circulación (imposible vulnerar en mayor medida ese derecho que impidiéndonos salir de nuestras propias casas) que se haga legalmente, para lo que hay que declarar los estados de excepción o sitio, sin que el de alarma faculte para suspender derechos como afirma claramente la constitución, y que se respeten los procedimientos legales para ello con todas las garantías que comportan.

Que el gobierno social-comunista y, a la vez, progre-globalista (lo que no es incompatible, no hay mayores globalistas en el siglo XXI que los que van de marxistoides) de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se haya meado en la constitución y en las garantías de nuestros derechos y libertades es más grave de lo que parece. Denota unos tics totalitarios que ya apenas pueden disimular. El que no existiese ninguna reacción por parte de una sociedad civil absolutamente domesticada, con unos medios de masas dimisionarios de su papel de crítica y fiscalización del poder, que nos repetían como mantras aquello de “quédate en casa” en lugar de cuestionar la ilegalidad flagrante que se estaba cometiendo, lo es todavía más.

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Y no pueden excusarse en el desconocimiento, porque cualquier estudiante de primer curso de derecho sabe perfectamente que el estado de alarma no suspende derechos, y si los políticos o periodistas no saben derecho, tienen asesores jurídicos que cobran abultadas nóminas, a menudo a costa del contribuyente que, por una vez, deberían haberse ganado el sueldo.

La reacción del actual gobierno y los partidos que lo apoyan presionando, primero, a los magistrados del Tribunal Constitucional, y atacándolos después, llegando a decir “¡Viva lo inconstitucional!” como la lamentable representante de Más Madrid cuyo nombre ni siquiera merece ser pronunciado, nos hacen temer el fin del estado de derecho y el advenimiento de una tiranía más indisimulada que hasta ahora. Porque si los representantes del poder quieren encerrarnos en nuestras casas, lo menos que pueden hacer es hacerlo legalmente. De lo contrario, se convierten en una banda de vulgares secuestradores. Y todos quienes los jalean son cómplices. Hoy es por una pandemia, mañana puede ser por cualquier otro motivo. Vienen tiempos duros.